La aparición de la orden del fiscal Guillermo Marijuán disponiendo “discretas tareas de inteligencia” a policías de civil sobre la Federación Universitaria de Buenos Aires (que se realizaron entre noviembre de 2015 y abril de 2016) generó un enorme repudio en toda la comunidad universitaria y la población democrática. El fiscal infringió la ley que indica que las fuerzas represivas solo pueden ingresar a la universidad por orden de un juez o el pedido expreso de las autoridades educativas. A 100 años de la Reforma, la violación de esta norma elemental de la autonomía parece convertirse en regla (recordemos el caso del presidente del centro de Ciencias Agrarias de Jujuy, detenido en el marco de una actividad estudiantil en la universidad y luego torturado en la comisaría). La orden de Marijuán se hizo en el marco de una causa contra Adrián Lutvak y quien escribe, copresidentes de la Fuba, por supuestos “negocios millonarios” sin más pruebas que los delirios mediáticos de Eduardo Feinmann y Clarín. Los reportes de la causa, que se “reactivó” horas después del fraude y la represión contra la Fuba organizados por el rectorado y la policía, indican que la “investigación” no se circunscribió al material bibliográfico: los espías tomaron imágenes de militantes, volantes y actividades de las agrupaciones, al mejor estilo de la dictadura militar.    

Los servicios están en casa

La Fuba no molesta por la venta de apuntes. En ese caso, la Federación asume una tarea que es abandonada por el Estado. Desde hace años y años, la Fuba y los centros de estudiantes (no solo de la UBA, sino de todo el país) organizan junto a las cátedras la impresión del material para luego distribuirlos a precios baratos, otorgando becas para los estudiantes que las necesitan. El caso de la UBA es burdo, porque el rector Alberto Barbieri y su camarilla franjista-peronista directamente suprimieron del estatuto el artículo que obligaba a la universidad a garantizar los materiales de estudio. Hoy, la Fuba brinda 2500 becas de apuntes a estudiantes del CBC, contra las 0 (cero) que otorga la universidad. Como fue demostrado en los balances que periódicamente la Federación presentó ante todos los estudiantes, los “negocios millonarios” de la Fuba solo existen en la ambición de los dirigentes de Franja Morada. La Federación, entonces, molesta por otros motivos. La apertura de la causa, en el año 2015, se realizó cuando la Fuba se encontraba denunciando al entonces vicerrector de la UBA, Darío Richarte, él mismo un servicio de inteligencia. Richarte –ex capo de la Side bajo el gobierno de De la Rúa- fue catapultado a la cima de la universidad por Franja Morada, pero tuvo que apartarse por la movilización docente-estudiantil. 

Ataque a la universidad

La sucesión de ataques contra la Fuba –fraude, represión, espionaje y causa judicial- tiene un objetivo preciso: disciplinar al movimiento estudiantil para hacer pasar un ajuste de envergadura contra la universidad pública. El gobierno de Macri necesita quebrar una tradición histórica de lucha que encarna la actual Federación, y que en estos días se volvió a expresar con un movimiento estudiantil que copó las calles y tomó colegios y facultades por el aborto legal. La causa penal es una extorsión para ceder lugar a la “Fuba” del fraude macrista, cuyos representantes carecen de cualquier antecedente en el movimiento estudiantil y popular. Su punto en común es otro: el apoyo al rector Barbieri, cuya gestión integran con buena cantidad de funcionarios. La devaluación del presupuesto, la retención de fondos y la reciente decisión de Macri de dar de baja los contratos con las universidades golpean fuertemente a la UBA y a todas las universidades del país. Ya tres se declararon en quiebra (UTN, Comahue, UNAJ) y otras tantas debaten el no inicio de actividades en el segundo cuatrimestre. Es lo que ya votaron los sindicatos docentes, que solo recibieron un 5% de aumento en lo que va del año. El ajuste del FMI, que el gobierno y el peronismo negocian en el presupuesto 2019, sería la estocada final. Los rectores ya dieron su aval para la devaluación de los títulos y carreras de grado (resolución 1254), una propuesta de encarar la crisis a través de la privatización de contenidos que está lejos, sin embargo, de compensar el ajuste oficial. 

No inicio

El ataque a la Fuba y al movimiento estudiantil es un tiro por elevación a toda la universidad pública. Macri quiere celebrar el centenario de 1918 abriéndole la cancha a la universidad privada, cuya condición necesaria es el hundimiento de la estatal. El Sistema de Reconocimiento Académico que todos los rectores firmaron con el gobierno apunta expresamente a unificar carreras públicas y privadas, lo cual implica degradar las primeras en beneficio de las segundas. El pacto con el FMI agravó todo este cuadro poniendo el dedo en la llaga. Pero como en 1918, 1969 y 2001, los estudiantes y trabajadores ya demostraron sobradamente que tienen la fuerza para tirar estos planes al tacho de basura. La tarea número uno del movimiento estudiantil es defender su herramienta de organización y de lucha. La campaña de repudio y pronunciamientos contra la persecución política y el fraude es clave y debemos ligarla a la preparación del no inicio del segundo cuatrimestre junto a los docentes. La mejor defensa es un buen ataque: a la ofensiva de Macri y los rectores contra la Fuba y la universidad opongámosle el llamado de la Fuba a organizar asambleas conjuntas de estudiantes, docentes y no docentes en todo el país para levantar las actividades y tumbar el plan de ajuste.