Víctor Chocobar, docente de la Facultad de Derecho, a principios de año tenía distintas denuncias por violencia de Género a alumnas y egresadas de la facultad. Por presión y repudio de la comunidad universitaria y exigencias de una comisión de estudiantes mujeres de dicha facultad se aplicó el “Protocolo ante casos de violencia de género y acoso sexual” y se decidió apartarlo del cargo por 60 días. Cumplido ese plazo, las autoridades de la Universidad autorizaron que retome sus actividades académicas. Pero el docente, lejos de reintegrarse tomando cuidados, a sabiendas de que estaba en el ojo de la tormenta, ya en el primer día de clases se desquitó de manera misógina contra las estudiantes que lo habían denunciado tratándolas de “prostitutas”, amenazándolas en clase y atacando a las autoridades de la facultad denunciándola como encubridora de las estudiantes que lo habían denunciado.

Sus dichos fueron grabados y en pocos minutos el audio se viralizó en las redes sociales. “Yo conozco que dos de las tres que me han acusado. Ejercen la prostitución, y les puedo decir dónde tienen la parada de prostitutas. Esas son las que para la Decana son vulnerables, vulnerables somos nosotros, Juan… llegamos a pasar por ahí y estás mujeres nos tiran un lazo”.

El caso Chocobar se suma al de Eduardo Hassan, docente de la Facultad de Odontología, que tuvo resonancia nacional en los medios. En ambos casos, fueron la Comisión de Género de Adiunt y las comisiones de género del movimiento estudiantil las que movilizaron las denuncias.

De parte de las autoridades del Rectorado, se aplicó el “protocolo” y se los separó preventivamente del cargo, pero solo para poner bajo control y procurar poner paños fríos a las denuncias y acciones de movilización (en el caso de Hassan, se concretaron varias movilizaciones masivas en la facultad e incluso al propio rectorado).

Las autoridades de la Universidad se jactan de haber aprobado un “protocolo” para erradicar la violencia y el acoso; sin embargo, las causas de Chocobar y Hassan aún siguen abiertas y no se tomó un dictamen definitivo, pese a que cargan sobre sus espaldas múltiples denuncias. Los entrelazamientos políticos de las camarillas colocan el freno para expulsar definitivamente a los abusadores. El año pasado, un funcionario, Sergio Aragón, también fue denunciado, en este caso por trabajadoras no docentes, y las autoridades pretendían reubicar a las trabajadoras en otros puesto de trabajo, en lugar de correrlo al abusador. Finalmente, Aragón, optó por presentar su renuncia para descomprimir el malestar que estaba generando en la comunidad.

El movimiento de mujeres junto con docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, no tenemos que tolerar el encubrimiento de las autoridades. Vamos a seguir organizándonos hasta expulsarlo definitivamente a los abusadores de la UNT.