En los últimos días, distintos medios publicaron notas y editoriales instalando el debate sobre la universidad en la agenda pública. La cuestión gira en torno a la baja tasa de graduación de la pública respecto de la privada, a la formación deficiente de la escuela secundaria y a la necesidad de reorientar estudiantes desde las llamadas carreras “superpobladas” (las humanas y sociales) hacia aquellas “útiles” o “consideradas prioritarias” (básicas e ingenierías). Es reiterada la alusión a la Reforma del ’18, aquella que puso en pie el movimiento estudiantil cordobés para liberar a la universidad del oscurantismo clerical y colocar su conocimiento al servicio del pueblo. Esta referencia ineludible en su centenario se realiza, sin embargo, en nombre de propuestas como establecer un examen de ingreso eliminatorio, imponer cupos para determinadas carreras o hasta un arancel como en las privadas. La puesta en agenda de la universidad se corresponde con una ofensiva oficial contra ella, anunciada por el propio presidente Macri cuando reclamó su colaboración para “achicar el déficit fiscal”.

Las páginas de estos diarios desbordan de noticias de ayer. Muy lejos de la pretendida “modernización”, sus editorialistas recurren a viejas recetas ya conocidas y recorridas. No se puede desconocer que la política limitacionista fue una constante en las universidades argentinas, por lo menos durante el último medio siglo, aplicada con particular ahínco por dictaduras como la de Onganía y Videla. ¿Es necesario repasar aquí sus resultados? Hoy mismo, exámenes y cursos de ingreso o “nivelación”, como el CBC de la UBA, son moneda corriente. Las estadísticas muestran que la mitad de la población que aspira a cursar en la universidad no logra atravesarlos. El elogiado examen eliminatorio al finalizar la secundaria, que auspicia la OCDE y el Banco Mundial, ya mostró sus consecuencias en Brasil. Allí, solo el 2,8% de la población logra acceder a la universidad, mientras que en nuestro país lo hace el 4,3%. Claro que con una diferencia: de aquellos que ingresan, más del 70% se ve forzado a pagar la universidad privada, ya que la pública carece de cupo. En nuestro país la relación es, por el momento, la inversa.

Quienes baten el parche contra la escuela secundaria no deben olvidar que ella misma fue víctima de un proceso de dislocamiento planificado, responsabilidad de todos los gobiernos de turno. Desde la provincialización sin fondos de Menem a la eliminación de más de 140 orientaciones promovida por la ley de Filmus y ejecutada por el gobierno porteño del PRO. ¿Qué esperar ahora de la “Escuela del Futuro” que reemplaza contenidos formativos de quinto año por pasantías en empresas? Se cuestiona a la secundaria sin mencionar la gigantesca degradación a la que fue y sigue siendo sometida. Otro tanto ocurre con la universidad pública, a la que se le achaca un presupuesto “abultado” y baja graduación. Quienes afirman eso, ¿saben que más de un 90% de los 100 mil millones asignados para este año se utilizarán para pagar salarios y que, aun así, más de 30 mil docentes “ad honorem” seguirán dictando sus clases sin cobrar un peso? Por otro lado, ¿se puede comparar tasas que refieren a estudiantes con recursos tan disímiles? Más aún, ¿es el mismo el grado de aporte al desarrollo científico que implican un graduado de Medicina de la UBA que un “técnico en seguros” de la Kennedy?

Otra propuesta polémica fue la que lanzó Marcelo Zlotogwiazda al sugerir una “intervención del Estado” para redirigir estudiantes de las llamadas carreras “superpobladas” (Psicología, Sociología, etc.) a otras como Ingeniería o Informática. Una suerte de “ingenierización forzada” que se formula justo cuando el gobierno está despidiendo a centenares de ellos en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). La paradoja es reveladora, porque lo que se pretende es una planificación despótica de los estudios en una sociedad que funciona de forma anárquica. El socialismo constituye un régimen superior al capitalismo en la medida en que habilita la planificación social de la economía, no de las conductas individuales. Contra la naturalización de la mentada “superpoblación”, hay que hacer notar que no se trata de un concepto absoluto, sino relativo a un mercado de trabajo dirigido por el capital. 

Un diagnóstico serio sobre la educación no puede hacer abstracción del fracaso de las reformas emprendidas durante los últimos gobiernos. Tampoco se puede ignorar que la población universitaria no es la de 1918, sino una juventud precarizada a la cual se le ofrecen las delicias de las “capacitaciones formativas” que pagan la mitad del convenio sin reconocer derechos laborales. En estas condiciones, alentar el trípode examen-cupo-arancel equivale a promover una expulsión masiva de estudiantes de la universidad pública, lo que solo beneficiará el negocio de las privadas. El movimiento estudiantil debe tomar nota de esta ofensiva y preparar su respuesta. Hace 100 años, los reformistas chocaron contra un régimen social y político que custodiaba el atraso de la Argentina agro-exportadora. Hoy, los especuladores financieros que regentean el gobierno de Cambiemos no ofrecen mejor perspectiva. Nuestro desafío es reiniciar la lucha reformista a una escala superior: la de una transformación social integral, dirigida por los trabajadores, que reorganice el país sobre nuevas bases y libere las energías creativas que anidan en la juventud.

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