La ruina económica de la Universidad domina el escenario de las elecciones estudiantiles que se inician  esta semana. Aulas insuficientes, profesores con salarios por debajo del 50% de su promedio histórico, instalaciones en total deterioro, completa carencia de materiales para el estudio y la investigación, ausencia de becas, desaparición de los comedores universitarios, etc. Por si esto fuera poco, el gobierno reducirá todavía más el presupuesto para 1994. Las partidas serán, además, retenidas por el Ministerio de Educación,  para orientarlas discrecionalmente según los criterios del Poder Ejecutivo. La autonomía universitaria ha sido literalmente abolida.

 

“Privatización”

La asfixia presupuestaria pretende aplicar en la Universidad el criterio general de las “privatizaciones”. Mediante el ahogo económico se quiere reducir al conjunto del sistema universitario, para disminuir así el número de diplomados que no tienen utilidad ni empleo en las condiciones actuales de la economía capitalista.

En función de este “ajuste”, que exigen el FMI, los Techint y Citibank, el gobierno ya envió al Parlamento un proyecto de “nuevo régimen económico financiero” para que se constituyan “sociedades comerciales” y se establezcan “convenios” con ellas. La “privatización” universitaria significa también la liquidación de la libertad de investigación y de pensamiento, condicionada a la exigencia de los patrones de la Universidad.

 

Arancel y limitacionismo

El “arancel” es parte de esta política de “privatización”. Se trata de la línea de convertir al sistema impositivo en una exacción sobre el consumidor, eliminando toda carga fiscal sobre las ganancias y los capitales. Es socialmente discriminatorio, porque su finalidad es excluir a quien no pueda pagar y achicar la población estudiantil.

El principio de que debe pagarse para acceder a la Universidad es una medida limitacionista destinada a depurar la matrícula universitaria, como los cursos de ingreso, la eliminación de horarios para los alumnos que trabajan, los reglamentos de cursada y regularidad “filtro”, etc.

Para desalentar los estudios universitarios se pretende quitar a las universidades la capacidad de otorgar títulos habilitantes, atributo que se otorgaría a “consejos especiales” extrauniversitarios, dominados por las camarillas empresariales de los colegios profesionales, las cámaras patronales, etc. El arancel está al servicio de esta política de “ajuste” del sistema universitario.

 

Cómplices

Desde la dirección de la Universidad (en manos del radicalismo y del centroizquierda) no existe un planteo alternativo a esta política. Shuberoff en la UBA ya formó una “sociedad mixta” con los “capitanes de la industria” de la UIA para hacer negocios con la empresa privada (Ubatec), y acaba de contratar a cuatro consultoras multinacionales, que intervinieron en las privatizaciones menemistas, con el objetivo de “racionalizar” la UBA.

 

Frente de izquierda

Si un trabajador no puede vivir sin un sueldo para comer, la Universidad no puede sobrevivir sin recursos elementales para sus docentes y condiciones de estudio básicas para sus alumnos. El primer punto, entonces, de una alternativa a la política vigente debería ser el aumento del presupuesto y, sobre todo, el control de los fondos, La denuncia sobre los “ñoquis” que mantienen los aparatos del Rectorado, la utilización indebida de fondos, el despilfarro mediante “convenios” cuyo contenido nadie conoce, etc., deben ser investigados, mientras se somete el manejo presupuestario a la mayoría, es decir, a los estudiantes. Para esto es necesario alterar el criterio corporativo que caracteriza al actual gobierno universitario, dominado por las trenzas profesorales, e imponer el gobierno paritario y el sufragio universal para la elección de autoridades. Un gobierno autónomo, es decir, que rechace las restricciones y la intromisión del Poder Ejecutivo dirigido por los destructores de la educación.

Al limitacionismo que se busca imponer en función de una política de “privatización”, oponemos la defensa del derecho de la población a acceder a la educación y la cultura: que todo trabajador que desee estudiar disponga de media jornada sin disminución del salario, y que se financien con impuestos al gran capital sistemas de becas y ayuda al estudiante que trabaja. Si la “escasez” requiere eficiencia, hay que acabar con las universidades privadas que lucran con los fondos públicos, y plantear un sistema educativo único, público y gratuito.

El conjunto de reivindicaciones que se desprenden de este planteo y que integran la plataforma del FIT para la Universidad son incompatibles con el menemismo. La FUA ha vaciado los centros por su seguidismo al oficialismo. El FIT es una alternativa a los planes del gran capital, basada en la movilización común de estudiantes y trabajadores.