Universidad
21/9/2026
Fuegos de octubre: la universidad sale a la calle
Construyamos una masiva marcha federal hacia el 15 de octubre.

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El gobierno de Milei profundiza el ajuste sobre la universidad pública. Mientras el salario docente, de investigadores y no docentes se desploma, la burocracia sindical apuesta a acciones para descomprimir la presión de las bases y los centros de estudiantes bloquean cualquier iniciativa que pueda derivar en un desborde. Todo lo que no avanza, retrocede: impulsemos asambleas en todos los lugares de estudio y construyamos una masiva marcha federal hacia el 15 de octubre.
Radiografía del conflicto
Como se ha planteado reiteradamente, el gobierno adeuda un 34% de recomposición salarial a los trabajadores de la universidad. Existe una cautelar vigente que lo obliga a cumplir el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario, es decir, a pagar los salarios con el ajuste correspondiente. Sin embargo, el gobierno ofrece apenas un 3%: se declara en rebeldía y se coloca por fuera de la legalidad.
El cuadro presupuestario es igual de demoledor. El presupuesto 2026 contemplaba una pérdida de más del 40% en la universidad; con ejemplos lapidarios como la partida de 80.000 millones de pesos bajo la planilla "hospitales", donde incluso la gestión de Milei no transfirió los fondos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones. Ahora, con el presupuesto 2027, el conflicto vuelve a estallar: el gobierno proyecta una partida de 7,5 billones, mientras que el CIN, tomando sus declaraciones con pinzas por sus estrechos vínculos con el oficialismo, plantea un piso de 11 billones. Se habla de una caída de más de 50% en gastos de funcionamiento desde 2023.
Los gastos de funcionamiento representan servicios, mantenimiento, logística y bienes, pero sobre todo insumos académicos y de laboratorio, afectando de forma ultrajante facultades como Exactas, Medicina, Farmacia y Bioquímica y Veterinaria. En infraestructura caería también un 50% respecto de 2026, lo cual tendría un impacto en todas las facultades, poniendo en riesgo la integridad del estudiantado como pasó en Filosofía y Letras con la caída de dos ventanas en una semana. En facultades como Sociales, donde la investigación representa un eje importante de la salida laboral, se ve golpeada por el desfinanciamiento en general.
El ajuste más general se percibe también en el recorte de contenido de carreras para hacer carreras más cortas y, por lo cual, más baratas, como sucedió recientemente en Económicas. En Derecho se empieza a ver una oferta de cursada desguazada; ni hablar en carreras como traductorado o calígrafo. La perspectiva expulsiva de la universidad, con menor oferta horaria y sin boleto educativo, hace que las facultades sean más difíciles de acceder para el grueso de la clase obrera. Carreras como las que hay en Fadu, que necesitan de múltiples insumos, o facultades como Visuales de la UNA, se alejan cada vez más de la realidad de la mayoría. Facultades como Movimiento, donde la salida laboral es en el ámbito de la cultura, se ven vaciadas por la falta de perspectiva que hay en relación con el financiamiento del arte.
Dos métodos de lucha para enfrentar al gobierno
¿Cuál es la respuesta del frente gremial y Apuba/Aduba frente a este atropello? Paros aislados, sin continuidad, que no acumulan ni construyen una fuerza real: el verdadero antiparo general. De la misma Feduba va a la rastra de esta orientación, al punto que firmó el paro de 24 horas en cuotas. La complicidad de estas conducciones con Yacobitti tiene un objetivo preciso: mantener las universidades abiertas, cueste lo que cueste, aunque el costo lo paguen los salarios docentes y no docentes. Esto muestra que el plan de lucha de la gestión no es genuino, sino un activo para negociar con el gobierno.
La convocatoria revela otro elemento: la movilización se dirige a Tribunales, es decir, a la Justicia. Pero el problema central es Milei, que impulsa esta ofensiva desde una postura incluso ideológica, con perspectiva de privatización. Dirigir la marcha a Tribunales es una lavada de cara que muestra la complicidad entre estos sectores, que utilizan su capacidad de movilización para negociar una salida ordenada a sus crisis de caja.
Centros de estudiantes: plataformas de servicios, no de lucha
Esta misma política se replica en cada facultad. Los centros de estudiantes hoy son una plataforma de servicios, vaciada de contenido político y desprovista de su fin fundamental: organizar la pelea contra el gobierno de turno y sus avances. Frente a esto, la tarea es clara: necesitamos asambleas en todas las facultades, convocadas por los centros, que discutan y pongan de pie actividades de difusión y visibilidad. Así podremos insertar a la población estudiantil en la lucha política más general y contribuir al avance de su conciencia y de las tendencias de lucha.
El peronismo/kirchnerismo y el radicalismo, si bien actúan en una performance de confrontación, operan en común. Desde el bloque FUA (brazo estudiantil del CIN) impulsan iniciativas encorsetadas bajo la supervisión de las autoridades a las que votan y cuya imagen lavan. La Mella organizó una performance en Pizzurno junto a grupos como Cepa y Auge para exigir que se presente un petitorio a Álvarez, mientras los centros de estudiantes que dirigen operaron como bloques de contención: levantaron las grandes tomas en 2024, no promovieron medidas durante 2025 y se negaron a participar de las que se organizaban entre estudiantes independientes y los sectores de izquierda, y vaciaron las asambleas de 2026, porque las convocan para descomprimir, pero no trabajan para darles cuerpo. La Cámpora, por su parte, subordina su política al regreso de Cristina Kirchner, sin ofrecer una salida a los problemas urgentes de los estudiantes ni de la juventud, que implica necesariamente chocar con Milei. En suma, ninguna de estas fuerzas tiene la política de desarrollar ni impulsar el movimiento.
El 15 de octubre, a romper la contención
La movilización contra la extranjerización de las tierras dejó en evidencia la relatividad de la fuerza del gobierno: con un movimiento organizado en la calle que golpee, se lo puede hacer retroceder. No es menor que, en una etapa de recrudecimiento de la crisis social y de reforzamiento del ajuste, tengamos la oportunidad de profundizar la crisis del propio gobierno.
En defensa del salario de los trabajadores de la universidad, de las becas, de la investigación y de la ciencia, apoyemos el paro nacional del 18 y el 22.
El 15 de octubre, reventemos las calles.




