El gobierno nacional acaba de oficializar una declaración de guerra contra la Universidad Pública en general y, en ese marco, contra la Licenciatura en Psicología.



Por medio de la resolución 1254/2018 del Ministerio de Educación, publicada en el Boletín Oficial del 17 de mayo, se recortan una enorme cantidad de actividades pasibles de ser ejercidas por egresados de carreras de grado; en el caso de la Licenciatura en Psicología, de 16 “actividades profesionales exclusivamente reservadas al título” se pasa solamente a 5. De esta manera,  han desaparecido las relativas a las áreas educacional, social comunitaria, jurídica y pericial, laboral y de diseño de políticas públicas de Salud. Las “actividades exclusivas” de la licenciatura establecidas en el Anexo XXXIII de la resolución quedan limitadas al área clínica y orientadas a las actividades de diagnóstico, evaluación y administración de técnicas. Para el área de Salud Mental, solamente para “promoción y prevención”. Cabe mencionarse que si bien las “actividades reservadas” no son lo mismo que las llamadas “incumbencias”, las primeras derivan a las segundas. Las “actividades reservadas” son aquellas autorizadas a ejercer solamente por la profesión como actividad específica (aún trabajando interdisciplinariamente en una misma área con profesionales de otras carreras). 



Para el caso del campo de la Salud Mental,  el modelo que se presenta es casi la antigua concepción del psicólogo como “auxiliar del médico” (especializado en tareas de diagnóstico y administración de test) y absolutamente ausente en la gestión de servicios, instituciones y dispositivos de salud pública y comunitaria y en el diseño de políticas públicas sanitarias. Una verdadera concesión a las camarillas de las asociaciones médicas privadas y “colegiadas" que reclaman el monopolio de la gestión y los tratamientos en el Sistema de Salud Pública (hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y alternativos) como también en el ámbito privado (clínicas, sanatorios, prepagas, etc.).



El recorte oficial de las incumbencias, encuadrada en el proceso de privatización de la salud y la educación, es en primer lugar una “compensación” gubernamental a aquellas camarillas privatistas, que impulsaron el año pasado una nueva reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental a favor de sus intereses. Finalmente, la misma no se produjo por las denuncias de una gran cantidad de instituciones y agrupaciones de psicólogos, y el fracaso gubernamental se terminó llevando puesto al Director Nacional de Salud Mental, Andrew Blake, un lobbysta de los laboratorios.



El objetivo que no se cumplió por el mostrador de Salud retorna ahora por el de Educación; y así la nueva resolución entra en abierta contradicción con las incumbencias y el perfil del psicólogo establecidos en las leyes de Salud Mental y del Ejercicio Profesional de la Psicología.

LEER TAMBIÉN: EL GOBIERNO RECULA CON SU DECRETO DE REGLAMENTACIÓN

La “Contrarreforma” Universitaria y la complicidad de los rectores del CIN

El avance gubernamentalse inscribe en un plan general del Gobierno acordado con los Rectores de las Universidades Nacionales que integran el Consejo Interuniversitario Nacional/CIN –macristas, radicales, peronistas y kirchneristas–quienes vienen “cocinandolo" desde el año 2015, en la perspectiva de avanzar hacia una “reforma universitaria” en sintonía con los modelos privatistas del Banco Mundial.  De hecho, la Resolución de marras incluye 41 carreras de grado de Universidades Nacionales.

Justamente, días atrás, el Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro declaró la necesidad de convertir a las carreras de grado en “carreras más cortas y flexibles” (Infobae, 17/5) como anticipo del lanzamiento oficial del “Sistema de Reconocimiento Académico” (SRA), un plan de reforma de carreras universitarias que apunta a acortar el grado, traspasar sus contenidos profesionales de especialización a los posgrados (arancelados en universidades, asociaciones y colegios profesionales)devaluando los títulos universitarios de grado, y a su vez promoviendo a su vez la “movilidad” de estudiantes en distintas carreras a través de un sistema de “créditos” y equivalencias. Prácticamente el modelo del Banco Mundial y la Ley de Educación Superior del menemismo.



Para el caso de la Licenciatura en Psicología, el recorte de la Resolución por ejemplo puede abrir la instancia no solamente al acortamiento de la carrera de grado y a la consiguiente privatización en el posgrado que señalamos en el párrafo anterior sino al establecimiento de “títulos intermedios” y/o tecnicaturas en la misma Universidad y en un sinfín de “institutos-kioscos privados” que en los últimos años vienen proliferando (coaching, counselings, etc.) para promover un ejército de “semiprofesionales” y “técnicos” que con sus servicios abaraten el costo de un profesional con título de grado en las distintas áreas del mercado laboral público y privado incumbentes a la Licenciatura en Psicología.  De hecho, en el año 2003 en la Facultad de Psicología de la UBA, las autoridades de entonces internaron aplicar una Reforma similar acorde a los lineamientos de la acreditación de la carrera de grado a CONEAU, la cual no pudo ser implementada por la movilización estudiantil impulsada por el Centro de Estudiantes dirigido en aquel entonces por el EPA/UJS-PO.



El agravante del caso pasa por que la misma Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra)–que ahora ha salido a poner el grito en el cielo con la resolución ministerial- participó durante todo el 2015 junto al CIN de los cambios hoy estipulados en la nueva resolución. La Fepra desde hace años viene intentando concentrar y monopolizar la gestión de cursos de posgrados y las carreras de especialización de los psicólogos graduados de nuestro país; la nueva resolución plantea ahora que algunas tareas correspondientes a las incumbencias que venían figurando en la Licenciatura en Psicología puedan comenzar a aparecer en carreras “cortas” –muchas veces dictadas en institutos universitarios privados– con títulos intermedios y tecnicaturas.



La resolución 1254/18 sintetiza y condensa el avance privatista del gobierno de Macri en la Universidad (en acuerdo con rectores radicales, peronistas y kirchneristas de todo el país) y la Salud Pública (Proyecto CUS) con la venia de las corporaciones médicas y la burocracia sindical vaciadora de las obras sociales. Distintos medios ya anticipan que parte del acuerdo con el FMI podría incluir una primera etapa de arancelamiento de las universidades y hospitales públicos para estudiantes y pacientes extranjeros.



Se plantea como necesaria la inmediata derogación de la Resolución 1254/18. Bajo esa perspectiva llamamos a realizar asambleas y reuniones abiertas en Facultades y lugares de trabajo de psicólogos graduados, estudiantes y docentes graduados de Psicología para desenvolver de manera urgente una movilización nacional independiente del gobierno, los rectores del CIN y las camarillas capitalistas médicas y profesionales en defensa de la salud pública, la universidad pública, nuestras incumbencias y profesión y las condiciones laborales del trabajador profesional de la salud mental.