El jueves 20 de abril se realizó una gran movilización estudiantil precedida de clases públicas, en defensa de la educación y en repudio a la reciente represión de la policía del gobernador Gerardo Morales que ingresó a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU y detuvo al presidente del Centro de Estudiantes de esa Facultad y a otro estudiante. Este atropello a la autonomía universitaria fue ejecutado bajo el amparo del Código Contravencional sancionado durante el gobierno de Eduardo Fellner (FpV) y aplicado hoy por Morales.

 

La movilización estudiantil fue la más importante de los últimos años, con más de  300 estudiantes, docentes y trabajadores que repudiaron el accionar represivo del gobierno.

 

Participaron de la marcha los estudiantes detenidos Joaquín Quispe e Ignacio García, la Asamblea de Estudiantes Autoconvocados, distintas agrupaciones estudiantiles, el gremio ADIUNJU, organizaciones de mujeres, partidos políticos, estudiantes de la escuela de cine de Jujuy, y estudiantes independientes de distintas facultades. Los que brillaron por su ausencia fueron la Federación Universitaria Jujeña (FUJ) y las direcciones de los distintos centros de estudiantes, dirigidos por el PJ y la Franja Morada. Ante esta defección, es que los estudiantes decidieron convocar una Asamblea de autoconvocatoria para romper el impasse peronista-radical.

 

Esta respuesta del movimiento estudiantil forma parte de un creciente repudio a las políticas represivas y antieducativas del gobierno nacional y los gobernadores de las provincias. El repudio nacional al hecho fue tan rotundo que el gobierno que salió a defender la actuación policial en las primeras horas tuvo que recular y pedir la renuncia del jefe y subjefe de la policía y la detención de los 17 oficiales que intervinieron en el operativo. Otro triunfo de la movilización estudiantil y docente fue que obligó al Consejo Superior a no aceptar las disculpas del gobernador, a evaluar las acciones legales pertinentes y a exigirle al rector el pedido de derogación del Código Contravencional.

 

La lucha política al interior del movimiento y cómo la seguimos

 

En este escenario de movilización, los distintos partidos y frentes del régimen (PJ, FpV, radicales, Cambiemos) juegan a favor de que este proceso se corte. El peronismo apostó a un golpe mediático pero no tiene intenciones de llevar a fondo ninguna reivindicación. En la propia sesión de Consejo, luego de votado el pedido de derogación del Código, se planteó que se consulte con la mesa jurídica de la universidad para dilucidar si es inconstitucional o no su aplicación. Otro tanto sucede en el movimiento estudiantil: en un audio que se viralizó días antes de la marcha se pudo escuchar al presidente de la FUJ Matías Figueroa (PJ) llamando abiertamente a ''desarticular'' el movimiento y elementos de la facultad de humanidades; la Franja Morada viene realizando una campaña bajada desde el propio Morales, que consiste en desprestigiar y estigmatizar a la juventud implantando prejuicios injustificados. El kirchnerismo residual, a la rastra de los planteos de su responsabilidad con la instauración del código contravencional, intenta aparatear en el movimiento ocultando esta complicidad.

 

Dentro de la Asamblea de Estudiantes Autoconvocados, también se delimitan posiciones. La UJS-PO ha intervenido en todo este proceso planteando la necesidad de una campaña del movimiento estudiantil por la derogación del Código. A este planteo han adherido otras agrupaciones. Sin embargo, un sector encabezado por la CEPA (PCR) y el kirchnerismo residual, tienen un planteo de ´´institucionalizar la lucha´´ mediante la consulta a abogados si el código contravencional es constitucional o no; y el armado de mesa para explicar qué es el código y cuáles son sus elementos negativos y sus elementos positivos.

 

Para la UJS-PO el código es una herramienta política utilizada por el Gobierno para reprimir las manifestaciones de los trabajadores y de la juventud, como se ve en el hecho de que se ha aplicado en cada manifestación donde intervino la policía. En este sentido, planteamos lisa y llanamente una campaña por su derogación, a través de juntadas de firmas, de pronunciamientos, que refuerce un plan de lucha mediante asambleas, clases públicas, etc. para apoyar la lucha nacional de todos los sectores combativos en defensa de la educación pública y participar de la marcha federal educativa el próximo 16 de mayo.

 

De esta rica experiencia, el movimiento estudiantil que despertó debe sacar las conclusiones políticas: superar la burocracia estudiantil enquistada en los centros de estudiantes y la federación que han actuado como freno y oposición a la movilización; conquistar estos espacios para ponerlos al servicio de las luchas en defensa de la educación pública. Ese es el desafío que nos proponemos.