La Cámara de Senadores aprobó el jueves 20 pasado el proyecto de ley de Educación Superior que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados.

La ley es una copia de lo recomendado textualmente por el Banco Mundial, una entidad auxiliar del FMI con sede en Washington, que representa a la banca acreedora.

Usureros

El principal propósito de la ley universitaria es “extraeducativo”: la confiscación directa o indirecta del salario, sea por vía del arancel o del desfinanciamiento presupuestario. Los recursos fiscales (impuestos al consumo) que antes se destinaban a la educación, ahora se utilizarán para el pago… de la deuda externa. Concretamente, sólo en este año, el Estado tiene que pagar 10.000 millones de dólares a sus acreedores, lo que equivale a 7 años consecutivos del presupuesto de las más de 30 universidades nacionales.

La presión del Banco Mundial impuso la “rápida aprobación” de la ley, porque de esto dependía la liberación de diversos préstamos en la situación de desbarranque del plan económico. Debido a este “apuro” quedó enterrado un proyecto de “consenso” acordado con los rectores radicales

El “acuerdo”

Ese “consenso” permitía que las camarillas de los profesores titulares quedara con el gobierno de la Universidad, disminuyendo la injerencia del Ministerio de Educación. Aunque preveía también eliminar el arancelamiento a los cursos de grado, prometía aplicarlo a los cursos de posgrado, alargando su alcance.

Las modificaciones “acordadas” dejaban en pie lo esencial de la ley: a) la “privatización” , por la vía de convenios con las corporaciones privadas; b) el cobro de aranceles encubiertos (“tasas”, “derechos” y “contribuciones”; c) el gobierno universitario con mayoría de los profesores y un sinnúmero de “Consejos” de control, asesoramiento y evaluación dominados por el Poder Ejecutivo y los rectores; d) el limitacionismo (cursos y cupos de ingreso, y condiciones de permanencia en la universidad); e) el apoyo y subsidio a la universidad privada y confesional.

La inconsistencia de la oposición radical y frepasista y de la FUA permitió al gobierno sacar su proyecto. La FUA y la CONADU desmovilizaron la resistencia a la ley oficial, para presentar un frente “unido” con los rectores, y han terminado sirviendo a los cómplices y ejecutores de la destrucción de la educación pública.