En comisiones exprés, donde lo único que primó fue la urgencia por hacer pasar la votación del presupuesto (sin discusiones ni balances), el Consejo Superior de la Universidad de General Sarmiento sometió a discusión dos dictámenes. El de la mayoría, que sugirió votar el presupuesto ofrecido por el gobierno, y el dictamen de minoría, elaborado por las graduadas, que rechazó la votación de ese presupuesto porque, además de ser a la baja, perpetúa los problemas estructurales de la UNGS. El dictamen de minoría consiguió dos votos, pero sentó el precedente de que en la UNGS un sector de estudiantes y graduados rechaza el ajuste en la universidad.

Consideramos un error importante que la consejera superior del PTS se haya ausentado de la última comisión de presupuesto. Si el resto de les consejerxs independientes hubiera actuado con la misma irresponsabilidad, hubiese existido un único dictamen, mostrando un gran consenso ajustador en la UNGS; precisamente la foto que quieren las autoridades.

Según el informe de la gestión, la UNGS atraviesa la mayor crisis de financiación en su historia; su funcionamiento ordinario tendió de un hilo debido al atraso en el pago de los gastos de funcionamiento, y a la falta de presupuesto para alimentos en la escuela infantil y secundaria. El ajuste tiene su traducción en el achicamiento del servicio de transporte de la UNGS, el deterioro edilicio, la falta de calefacción, la falta de financiación de los viajes académicos para estudiantes, y en el recorte de cupos para participar en instancias como el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades.

Así las cosas, la gestión pretende hacer votar un presupuesto de $4.549.185.148, con el cual, si se cumpliera el 60% de inflación que dibujó Massa para el 2023, la universidad tendría una capacidad de gasto igual a la de principios del año 2022. Sin embargo, sabemos que distintas consultoras pronostican una inflación mayor, de alrededor del 80%.

Por su parte, las partidas del presupuesto incremental aumentarían alrededor de un 50%, deteriorando los presupuestos reales. Solo por nombrar algunos de los presupuestos que más inciden en la vida académica de lxs estudiantes, las becas de ayuda económica se mantienen en 2.124, una muy acotada oferta, más si se tiene en cuenta que en la UNGS hay una comunidad de alrededor de 20 mil estudiantes. Además, sus montos (de miseria), van desde $3.200 a $4.742 mensuales.

En cuanto a la oferta horaria y académica, el presupuesto no supone ninguna ampliación, sino que mantiene lo que hasta ahora está ofertado. En una universidad donde lo que prima es la baja tasa de graduación, siendo la pobreza y la precarización laboral la realidad de la mayoría de lxs estudiantes, sostener estas políticas es simplemente mirar para un costado.

El presupuesto de la UNGS está en sintonía con el ajustador Presupuesto 2023 redactado por Sergio Massa en las oficinas de Washington y aprobado en el Congreso nacional. La integración de las autoridades de la universidad y la conducción del centro de estudiantes al gobierno nacional actúa como un chaleco de fuerza contra estudiantes, docentes y no docentes.

Descontamos que el año que viene iremos a choques profundos, debido a la contradicción que existe entre las necesidades de la universidad (y de sus estudiantes) y la política ajustadora del gobierno. Impulsar una gran campaña de denuncia contra el presupuesto ajustador, de cara a la comunidad educativa, es clave para preparar las luchas que se avecinan. Que El Puente y La Cámpora no abran la boca solo delata su enorme complicidad con el ajuste y su más que probable votación favorable al presupuesto de ajuste.

Desde Graduadxs al Frente y El Yunque-UJS venimos interviniendo en el Consejo Superior y la comisión de presupuesto, llamando a que lxs estudiantes nos pongamos de pie para defender nuestra universidad, y para luchar por un presupuesto que sea discutido por toda la comunidad de la UNGS y que permita avanzar en políticas educativas favorables a estudiantes, graduados, y trabajadores.

La gestión de la UNGS se encuentra ligada al gobierno nacional del Frente de Todos, el cual no tiene como horizonte mejorar la situación de las universidades públicas, sino cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional a costa de ellas. Debemos organizarnos de forma independiente para defender nuestra universidad y a la educación pública.

En este sentido, el miércoles 21 nos movilizaremos al Consejo Superior, por todas las reivindicaciones estudiantiles.

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