El proyecto de ley Ómnibus presentado por el gobierno, entre múltiples ataques a la población trabajadora, también pretende avanzar en la privatización de las universidades nacionales.

En primer lugar, habilita el cobro de aranceles a aquellos estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. Por un lado, se trata de una disposición absolutamente xenófoba que omite que las personas migrantes pagan impuestos en Argentina al igual que cualquier residente o ciudadano nativo, y, en consecuencia, deberían acceder a los mismos derechos que estos últimos. Por otra parte, no caben dudas que este primer arancelamiento de las carreras de grado será utilizado como ariete para socavar la gratuidad de las universidades públicas.

A su vez, el proyecto oficial establece que “las instituciones universitarias deberán obtener evaluaciones externas como mínimo cada diez años” y que “las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) o de entidades privadas constituidas con ese fin”, quitando del texto original la opción de las autoevaluaciones.

Como vemos, es un intento de acreditar a la Coneau a aquellas carreras que no pudieron ser acreditadas en el pasado gracias a la lucha estudiantil. Recordemos que el organismo, creado por la Ley de Educación Superior del Menem (LES) en 1995 bajo las recomendaciones del Banco Mundial y el FMI e integrado por autoridades de universidades públicas y privadas, persigue la finalidad de adecuar las carreras universitarias a las necesidades del mercado, acortando el ciclo de grado y pasando contenidos a posgrados arancelados.

Cabe destacar que los sucesivos gobiernos han defendido los lineamientos de la LES, a partir de los cuales se devalúan los títulos de grado en función de abaratar el costo de la fuerza de trabajo futura, y, al mismo tiempo, mediante la proliferación de maestrías y posgrados pagos crecen las cajas paralelas de las cuales se nutren las autoridades universitarias de diferente signo político. Macri intentó profundizar esta orientación privatista a través del Sistema de Reconocimiento Académico (que equiparaba los títulos de las universidades privadas con el de las públicas), pero la rebelión universitaria del 2018 frustró sus planes.

Milei no es el único que aboga por una mayor injerencia de la Coneau en los planes de estudio. Los rectores radicales, peronistas y kirchneristas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su último plenario celebrado en San Luis durante el mes de septiembre, se pronunciaron a favor de que todas las carreras de grado fueran sometidas a evaluaciones externas, no solo aquellas “cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés publico” como plantea el artículo 43° de la LES.  Finalmente, son estas camarillas universitarias las que lucran con la privatización de los contenidos.

En línea con su política ajustadora y en pos de abrir nuevos negocios capitalistas en el terreno de la educación superior, el artículo 556° de la Ley Ómnibus establece que “El aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan”.

Lo anterior apunta a ahogar presupuestariamente a las universidades propiciando su cierre, o bien, fomentando la búsqueda de “recursos propios” por parte de sus autoridades. Eso significa más convenios con empresas, las cuales exigen a cambio injerir en los planes de estudios para adecuarlos a sus necesidades, y, de ese modo, introducen en los mismos pasantías (no formativas) para obtener mano de obra gratuita o a muy bajo costo. A su turno, esos convenios generan que el conocimiento científico se subordine cada vez más a los intereses del capital en lugar de estar al servicio del bienestar de las mayorías.

Asimismo, que el presupuesto estatal a las universidades dependa de la cantidad de egresados insta a que se reformen las carreras a fin de acortar los ciclos de grado, lo cual, como dijimos, tiene como contrapartida la expansión de posgrados arancelados, que cada vez más estudiantes se verán obligados a pagar para conseguir un empleo de calidad.

Esa tendencia ya estaba presente como lo demuestra, por ejemplo, la intención de todos los miembros del CIN de aplicar reformas en las carreras de Ingeniería, recortando contenidos. Sumado que, en su último plenario, se mostraron partidarios de la “generación de créditos académicos”, cuyo antecedente lo encontramos en el Plan Bolonia que rige en varios países europeos, el cual consta de licenciaturas de tres años de duración donde se dictan contenidos generales, complementadas por maestrías o posgrados carísimos de dos años. La mercantilización educativa en su máxima expresión.

De hecho, el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado por Massa -el cual no llegó a tratarse- planteaba avanzar en “carreras cortas”. Incluso, el ajuste presupuestario a las universidades ha sido la norma bajo los sucesivos gobiernos, como lo evidencian los cientos de docentes adhonorem, los problemas de infraestructura, las aulas superpobladas, la oferta horaria raquítica, la falta de cupos, las becas irrisorias, etc.

El objetivo de los políticos capitalistas -en alianza con las gestiones universitarias- es que de las casas de estudio salgan trabajadores con menor calificación laboral, en consonancia con un mercado de trabajo cada vez más precarizado. De esta manera, se ahorrarían el gasto estatal que conlleva garantizar una formación académica de calidad, y, al mismo tiempo, se abaratan los salarios. Incluso, buscan crear una oferta de carreras que se ajusten a las necesidades que tienen las patronales de cada lugar, haciendo que estas últimas trasladen al Estado los costos de capacitar a su personal.

Milei quiere llevar a fondo este proceso de reformas antieducativas que promueve la clase capitalista. Cabe destacar que sus propias políticas de ajuste se encargarán de reducir la matrícula en las carreras, demorar el egreso y agravar la deserción estudiantil; variables en las que se basará para justificar el desfinanciamiento de las universidades. A fin de cuentas, el plan motosierra atenta contra las becas de ayuda económica, la ampliación de la oferta horaria y el nombramiento docente, es decir, con los requisitos indispensables para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes.

Podemos derrotar esta nueva ofensiva a la educación pública, como lo hicimos en el pasado, lanzándonos a la lucha en unidad con los trabajadores docentes y no docentes. Las federaciones universitarias deben romper su pasividad y llamar a organizarse. Pongamos de pie al movimiento estudiantil en defensa de nuestras carreras y de una universidad gratuita y de calidad.

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