10/11/1993 | 407

La “privatización” de la Universidad

El miércoles 10 de noviembre, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el despacho del “nuevo régimen económico financiero” de las Universidades Nacionales. El proyecto  elimina la gratuidad de la enseñanza superior, al permitir que se cobren “derechos, tasas o contribuciones” (art. 3 y 7). Autoriza, además, a las casas de estudio, a integrar “sociedades de cualquier tipo” con el objetivo de obtener “beneficios” que sirvan como “fuentes complementarias” de fondos para su funcionamiento (ídem).


A partir de ahora el financiamiento universitario dejaría de estar vinculado a una obligación del Estado. Por este procedimiento, la Universidad pierde su carácter público: sus cursos, investigaciones y planes de estudio quedarán bajo el control de las nuevas “sociedades”, cuyas direcciones estarán integradas por funcionarios del gobierno y las grandes empresas. No estamos, entonces, ante un planteo “económico – financiero”, sino ante una disposición integral de “privatización” de la Universidad. Se trata, claro está, de la más perversa de todas las “privatizaciones”, pues el gran capital se quedará con el manejo de las universidades sin la necesidad siquiera de comprar formalmente nada, y porque se enajena una actividad estratégica del Estado nacional, como es la formación cultural y educativa en el más alto nivel. Enfrentamos así la abolición del sistema universitario nacional, con más de un siglo de existencia.


 


Capitalismo o educación


 


Aunque el proyecto oficial establece que “en ningún caso podrá disminuirse el aporte del Tesoro como contrapartida de la generación de recursos adicionales”, se trata de un macaneo: no se fija que los aportes deban ser mantenidos en valores constantes. Además, esos fondos oficiales serán privilegiadamente canalizados a aquellas universidades que avancen en la “privatización” y en la obtención de “fuentes complementarias” de recursos.


A partir del “nuevo régimen económico”,  cambia de carácter todo el presupuesto educativo, el cual se pone al servicio de la “reconversión” capitalista de las universidades. Las instituciones que busquen promover el conocimiento sin fines de lucro o sin mercantilizar los estudios no recibirán un peso. Al revés, los que “eficientemente” se sometan a los dictados “educativos” de los Techint, Macri o Bunge y Born, monopolizarán los aportes del presupuesto público, ahora totalmente “privatizado” y convertido en un subsidio más, pues los capitalistas se beneficiarán con “exenciones impositivas” por los “aportes” que realicen a la educación.


 


Despotismo menemista…


 


Toda esta política será garantizada con el desmantelamiento de lo que restaba de la “autonomía” universitaria. En este sentido, el “nuevo régimen económico-financiero” introduce la novedad de que el monto global del presupuesto público será dividido en dos partes: la primera será asignada directamente a las Universidades, como hasta ahora, juntamente con la ley del presupuesto nacional. La segunda, en cambio, será retenida por el Poder Ejecutivo para distribuirla según sus propios criterios. El proyecto que se encuentra en trámite en el Congreso no fija límites para esta división, con  lo cual el grueso de los fondos universitarios podrían ser administrados discrecionalmente durante todo el año por los funcionarios del gobierno de turno.


De conjunto, el “nuevo régimen económico” impone la tutela indisimulada del Poder Ejecutivo sobre la Universidad, como se revela en el hecho de que  “analista y aprueba (…) las plantas de personal docente y no docente” (art. 7); de que tiene poder  de veto sobre “las adquisiciones de bienes, suministros, contratos de locación de obras o de servicios, trabajos y, en general, compras de cualquier naturaleza (de las Universidades Nacionales)” (art. 11) y  que “autoriza” la inversión de las “disponibilidades financieras” de las casas de estudio (art. 12). Para rematar este arbitrio “las universidades deberán suministrar al Poder Ejecutivo las informaciones que se les requiera sobre su gestión administrativa, presupuestaria, económica, financiera y académica, en los plazos y condiciones que establezca” (art. 17).


 


… y apoyo del radicalismo


 


El radicalismo y el centroizquierda que dirigen el Consejo de Rectores (CIN), se han limitado a pedir que se estire el plazo del tratamiento de esta aberración, con el objetivo de…“consensuar” un planteo común. El CIN defiende una línea muy similar a la de Menem, la “ley Caputo”, que plantea la “fusión” de las Universidades  y las grandes empresas y un impuesto generalizado sobre patrimonios superiores a los 100.000 pesos.


La “privatización” necesita para implementarse un drástico ajuste de la matrícula docente-estudiantil, y es en función de esto que el proyecto de “nuevo régimen económico” mantiene la política de miseria y congelamiento salarial para la masa de la docencia universitaria.  Sin embargo, en el intento de cooptar a una minoría de los profesores  para el proyecto, plantea la posibilidad de sueldos “diferenciales”, mediante “premios” y “asignaciones” especiales, en la tentativa de conformar una suerte de “aristocracia profesoral” , que beneficiaría a la “base social” del radicalismo  y del centroizquierda, con posiciones dirigentes en la Universidad.


El “no al arancel”, así como el slogan de “defensa de la Universidad pública”,  se han transformado en manos del radicalismo y del centroizquierda en una enorme impostura, porque se utilizan como consignas vacías de contenido, para apoyar una línea de “privatización alternativa”’ y de “consenso” con el proyecto oficial. Es necesario un congreso extraordinario de la FUA y CONADU para debatir una campaña de conjunto en defensa de la educación y la Universidad: fuera los aranceles y los impuestos universitarios; abajo la “privatización” educativa.

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