La extensión de la cuarentena obligatoria, producto de la pandemia del Covid-19 que conmueve el país y al mundo entero, abrió una importante deliberación entre lxs estudiantes universitarios a partir del miedo a perder el cuatrimestre educativo. Las políticas de improvisación permanente de parte de las autoridades universitarias actuaron y actúan como un factor en la desorganización de la vida de estudiantes y docentes, profundizando aún más las tensiones que provoca la situación excepcional que atravesamos.

Estudiantes precarizadxs

En zona norte, la mayoría de la población estudiantil es trabajadora o hija de trabajadores. Muchos compañeras y compañeras provienen de las grandes fábricas alojadas en el cordón industrial lindero a panamericana. Una inmensa mayoría labura de manera precarizada, mientras que otros tantos se encuentran desocupados. La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) son ejemplos ilustrativos de esta composición social. Pero también ocurre lo mismo en el resto de las universidades, como la de San Martin (UNSAM), la de Tres de Febrero (UNTREF) y la Universidad tecnológica nacional (UTN) alojada en la zona de pacheco.

Los rectorados de las distintas universidades de la zona, anunciaron, con más o menos matices, que avanzaran en las cursadas virtuales mientras se extienda la cuarentena, desconociendo que para la mayoría de los y las estudiantes esta metodología es incompatible con su realidad material: falta de equipamiento tecnológico, espacio e incluso tiempo para cursar, sea por tener familiares a cargo, sea por extenuantes jornadas laborales que se cumplen pese a la cuarentena. La mayoría de los centros de estudiantes son parte de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y, como es lógico, se encuentran en un bloque común con el gobierno nacional y su política. Su posición fue la de acompañar los anuncios de los rectorados sin chistar, ni elevar la voz de los y las estudiantes afectadxs. En algunos lugares, como la UNPAZ, esta situación llevó a la organización por abajo de un sector de estudiantes de la carrera de abogacía, quienes plantearon que, en las condiciones actuales, muchísimos estudiantes quedan por fuera de la educación virtual, y exigieron soluciones que no perjudiquen a nadie.

En la UNGS, frente al comunicado del Rectorado (donde establecían un cronograma mixto de 8 semanas virtuales, 6 presenciales), lxs estudiantes se expresaron por redes sociales mostrando su descontento. Incluso los estudiantes de la carrera de Filosofía redactaron una carta, que giró en toda la comunidad educativa, donde plantearon su descontento con las resoluciones oficiales. Frente a esta situación, la conducción peronista del centro improvisó una encuesta (donde cuidadosamente no expusieron su posición política) consultando a los y las estudiantes si estaban de acuerdo o no con la metodología virtual. Pese a que hicieron votar a su aparato por el “si”, la encuesta arrojó que más del 60% del estudiantado estaba en contra de la virtualidad.

La UTN sede Pacheco, aplica el famoso “siga siga” reprogramando como si nada pasara todas las materias en el modalidad virtual, con los horarios preestablecidos antes de la cuarentena, e incluso dictando clases durante los feriados; pasando por arriba derechos laborales, y sobre todo contra la formación de miles de estudiantes. Las clases se dictan por Zoom, se reinician cada 40 minutos, muchos compañeros no logran asistir a las mismas, o se les corta por la mitad, no escuchan, etc.

En la UNSAM, el centro de estudiantes de ciencia y tecnología, dirigido por la UJS, en un frente con el PTS y el Nuevo MAS, está definiendo fecha de asamblea general para abrir una intervención de los y las estudiantes frente a esta crisis. La metodología de este centro se encuentra en las antípodas de los centros dirigidos por las listas afines a los rectorados.

Desde el punto de vista económico el asunto es apremiante. Lxs miles y miles de estudiantes son al mismo tiempo trabajadores, precarizados y desocupados. ¿Cómo harán para subsistir durante la cuarentena? ¿Podrán volver a cursar una vez terminada la pandemia? Claramente la permanencia en el sistema universitario pende de un hilo cada día más delgado. En nuestra zona la recesión económica afecta de forma determinante a la juventud trabajadora.

Las medidas tomadas por el gobierno nacional son harto insuficientes: un bono por única vez de $10 mil en el cual se anotaron 12 millones de personas (muchísimos jóvenes) y más del 50% aun no recibe respuestas de si lo cobrara o no. Los rectorados tampoco toman cartas en el asunto. Una medida lógica seria que, universidad por universidad, los rectorados dispongan de una beca extraordinaria que permita la subsistencia estudiantil durante la cuarentena, pero eso no ocurre. Tampoco el gobierno nacional aumenta el monto de la beca Progresar, hoy en $2.500

Tenemos que intervenir

En este contexto lo elemental es que intervengan estudiantes y docentes de manera independiente. Los distintos rectorados se han demostrado sumamente incapaces de defender nuestros intereses.

Llamamos a impulsar comités educativos en cada universidad, donde participen estudiantes y trabajadores de la educación y allí deliberemos un plan educativo en nuestros términos.

En lo inmediato planteamos:

Frente a la educación a distancia, exigimos al Estado y a las autoridades universitarias un plan riguroso para que a cada estudiante y docente se le provea de los materiales (artefactos y capacitación) necesarios para acceder a la misma. La educación virtual de ninguna manera puede remplazar la metodología presencial, tanto por cuestiones pedagógicas, como sindicales y políticas. La incorporación de la tecnología para atravesar la pandemia no puede ser obligatoria para nadie. Ningún estudiante o docente deben ser obligados a la “virtualidad”.

Exigimos que, a partir de un debate y una elaboración de conjunto de la comunidad educativa, se proceda a reorganizar el calendario académico.

Seguro al parado de $30.000. Aumento de la beca progresar a $10.000.

Prohibición de despidos y suspensiones desde el 1 de febrero hasta fin de año. Reincorporación de los trabajadores despedidos en estos meses. Pase a planta permanente y derechos laborales de toda la juventud precarizada.

Pongamos los recursos del país en dirección de las necesidades de la población trabajadora y no de los usureros internacionales.