El miércoles 9 de octubre, la Universidad de Buenos Aires intimó con una resolución del Consejo Superior (RESCS-2020-286-E-UBA-REC) al Club Universitario de Buenos Aires (Cuba) y  a otros dos clubes a desalojar el predio que ocupan en Núñez, a la vera del Río de la Plata, en un plazo de diez días corridos.

El terreno en disputa abarca unas 24 hectáreas de la ribera rioplatense que Arturo Frondizi transfirió a la universidad en agosto de 1958, para la creación de la Ciudad Universitaria. El origen del conflicto data de 1961, año en el que se votó la ley nacional 16.067 que refrendaba el decreto y permitía que la Armada utilice dicho territorio hasta que la universidad construyera una dársena en otro sector, para reemplazar la que históricamente utilizaba en ese lugar esta fuerza.

La Armada nunca otorgó el predio a la universidad -aprovechando que la UBA nunca construyó la nueva dársena- y fue otorgando a lo largo de los años permisos de uso precario a los clubes que se fueron instalando en ese sector (Cuba, Centro Naval y Centro de Graduados del Liceo Naval Militar) para utilicen los terrenos. Es decir que desde hace cincuenta años la Armada ocupa terrenos de bien público con fines de lucro.

57 años después de la sanción de la ley, el 20 de diciembre de 2018, la UBA firmó un convenio con la pata naval de las Fuerzas Armadas para restituir las tierras, a cambio de un compromiso por parte de la Universidad de construir la dársena y conceder el uso de 20 amarras y galpones para el adiestramiento del personal militar. Sin embargo, el conflicto continúa ahora con los clubes.

¿Por qué reflota el conflicto?

Cabe preguntarse, en este marco, por qué la Universidad se precipitó a intimar a los clubes después de 17 meses en los que la negociación no había pasado a mayores. No hay que investigar mucho para encontrar la respuesta. En palabras del propio Secretario General de la universidad, Mariano Genovesi -profesor de la Facultad de Derecho- declaraba el año pasado que “el uso ya no será gratuito. (…) la universidad tiene 400.000 alumnos y un presupuesto muy escaso. Se trata de terrenos linderos al Río de la Plata en una de las mejores zonas de Buenos Aires” (La Nación, 23/05/2019).

Posteriormente la universidad tasó, a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el valor locativo de las propiedades. La cotización arrojó que el canon que debería pagar Cuba es de 6,5 millones de pesos por mes, el Liceo Naval cuatro millones y el Centro Naval dos millones. La UBA debería percibir, por lo tanto, 12,5 millones de pesos mensuales por esos terrenos.

Hecha la tasación, las autoridades universitarias se lanzaron a un rally mediático que incluyó declaraciones como “nosotros no necesitamos de los terrenos, pero sí de los ingresos por los mismos” (Infobae, 8/10), o “les propusimos que hasta que se llame a licitación continúen pagando el valor de la tasación de forma de no causarles el perjuicio de tener que desocupar de inmediato” (Página 12, 15/20).

Haciendo gala del dicho “el pez por la boca muere”, la conducción radical/kirchnerista que conduce la UBA muestra que no tiene otra intención más que la de valerse de los terrenos para alquilarlos, sin destinarlos a ningún tipo de actividad relacionada con el ámbito educativo y haciéndose de una importante caja de recursos propios. La intimación es solo un recurso para disponer lo antes posible de esos fondos en el marco de un ajuste brutal a la educación superior por parte del “gobierno de científicos” de Alberto Fernández, avalado por el conjunto de los rectores universitarios.

Hoy la universidad funciona con la ampliación de un presupuesto votado en 2018, mientras que para el 2021 proyecto de Presupuesto del gobierno nacional prevé un recorte. Lo concreto es que, en comparación con la ampliación del Presupuesto 2019 entregado a las universidades (196.000 millones de pesos), el nuevo proyecto significa un aumento de solo el 17% (230.000 millones), cuando estima para el próximo año una inflación del 29% para el año. Es decir, el propio gobierno admite un ajuste del 12% en las universidades nacionales.

Además, es bastante probable que la inflación sea mayor, ya que el cálculo con un dólar a 102 pesos para diciembre de 2021, cuando estamos en las vísperas de una devaluación. Lisa y llanamente un dibujo. Las consecuencias ya son devastadoras para el salario docente, con un 0% de aumento y el recorte de la cláusula gatillo, y para miles de estudiantes expulsados del sistema educativo por falta de becas o condiciones de conectividad en el marco de la virtualización. Es por esto que las camarillas de la universidad profundizan su política de recursos propios.

Este episodio demuestra la naturaleza del propio Estado: por un lado, quienes están luchando por el derecho a la vivienda y la recuperación de tierras (como en Guernica) solo reciben amenazas de desalojo, mientras que por otro lado hace años que los terrenos de la UBA están siendo usurpados por clubes elitistas al lado del río y en lugar de “recuperarlos” se hacen negociados y concesiones a empresarios. Esto muestra la diferencia entre el trato cuando usurpa la burguesía y el que recibe la clase obrera que lucha por su derecho a la vivienda.

Organicémonos en defensa de la universidad

Lógicamente les estudiantes, docentes y no docentes no podemos esperar más que ajuste de las autoridades de la universidad. El remate de los terrenos, para los cuales se prevé una concesión y se especula con la venta, de la mano de un jugoso paquete de especulación inmobiliaria que se acople al Distrito Joven, no traerá ningún tipo de solución al recorte presupuestario que sufre la UBA.

Por el contrario, la liquidación de la universidad es avalada a mano alzada a la hora de votar los presupuestos, y con la firma de estos convenios y contratos destinados a cubrir baches de “gastos de funcionamiento”.

Asistimos al blanqueo de una privatización de terrenos universitarios. En definitiva, es una muestra explícita de lo que denunciamos cotidianamente cuando hablamos de recursos propios, la política diseñada desde el Banco Mundial y el FMI, que se profundizará de la mano del ajuste en curso. Lo muestra el convenio entre Exactas y Shell, de Agronomía con empresas contaminantes, y ejemplos en cada facultad y universidad del país.

Ante esta situación, con la contracara de encontrarnos con una universidad que posee más de 13.000 docentes que no cobran por su trabajo, crisis edilicias por doquier, deserción estudiantil récord y paritarias nulas, estudiantes y docentes debemos deliberar en cada uno de los lugares de estudio cómo enfrentamos la entrega de la universidad.

Los terrenos reclamados deben ser restituidos a la UBA y deben ser destinados a fines educativos. Entre tanto, el destino del alquiler que paguen los clubes debe ser debatido con el conjunto de estudiantes, docentes y no docentes.

Siguiendo el ejemplo de les docentes que luchan por sus condiciones laborales, les estudiantes debemos organizarnos en el mismo sentido, junto a toda la comunidad educativa para defender la universidad de quienes la dirigen en pos de defender sus propios intereses que tienen como raíz el lucro y la mercantilización de la UBA.