Estando a días del inicio de las clases en todas las universidades del país, el gobierno de Javier Milei sostiene el presupuesto de funcionamiento de 2023. En el ítem de gastos de funcionamiento, el presupuesto sería el mismo que el de ¡febrero de 2023! En un cuadro casi hiperinflacionario, de tarifazos en todos los servicios, esto pone en riesgo el propio inicio de las clases, siendo las universidades incapaces de absorber los gastos más elementales de funcionamiento, a la par que avanzan a una verdadera pulverización del salario docente y no docente.

Frente a esto, los rectores de las distintas universidades, ya sea en el CIN, como en distintas resoluciones de Consejo Superior de la UBA, y muchos de los Consejos Directivos de sus facultades, la UNA o la Unsam vienen declarando emergencias presupuestarias, aunque por ahora, no convocan ninguna acción concreta para exigirle al gobierno una mayor partida presupuestaria.

El plan de Milei es claro: frente al ahogo presupuestario, busca avanzar hacia un cierre de una parte muy importante de las universidades del país, al mismo tiempo que busca forzar que las mismas avancen en la privatización y el arancelamiento de gran parte de sus contenidos, abriendo el juego a profundizar una nueva área de negocios para el gran capital, al mismo tiempo que busca aumentar la ligazón de los grandes grupos capitalistas en la educación.

El papel de las autoridades universitarias

Aunque es evidente que el plan de Milei es un gran salto adelante en la intentona privatista sobre la universidad, el arancelamiento y la privatización no son nuevos. Las autoridades universitarias vienen impulsando esta agenda con todos los gobiernos, desde Menem en adelante, montando un gran negociado y cajas propias en cada universidad. El choque por las partidas presupuestarias refleja, en primer lugar, hasta qué punto era falso que las cajas propias de las universidades y facultades estaban al servicio de garantizar el funcionamiento, viendo que frente al ahogo presupuestario las universidades se ven incapaces de abrir sus puertas. Por otro lado, marca hasta qué punto hay un acuerdo a fondo del régimen político en la hoja de ruta privatista, lo que no deja a la situación exenta de choques para discutir plazos, formas y quién dirige ese proceso.

Mientras avanza la discusión, las autoridades universitarias no dudan un segundo en ir trasladando el ajuste a sus casas de estudios. El recurso de recorte de oferta horaria es común a todas las universidades del país, mientras que universidades, como la de Hurlingham y Quilmes, avanzan con cupos de inscripción de materias, en la UBA la Facultad de Ciencias Sociales ataca las condiciones laborales de sus trabajadores no docentes. En el caso de la Universidad de La Pampa, las autoridades anunciaron el recorte de viajes de docentes que no son de la provincia, recortando la frecuencia.

A su vez, mientras muchas gestiones discuten cómo recortar gastos para garantizar el funcionamiento con los presupuestos existentes, empieza a evaluarse la virtualización forzada, parcial o total de contenidos, buscando ahorrar en los gastos de funcionamiento y dejando en veremos la continuidad de los edificios y la modalidad presencial. Como demostró la pandemia, esta opción no solo mostró hacer agua desde cualquier ángulo pedagógico, sino que busca desarticular cualquier forma de organización e intercambio entre docentes, no docentes y estudiantes.

A fin de cuentas, la ofensiva que monta el gobierno de Milei sobre la universidad es la expresión de un ataque más general sobre la población trabajadora, en la que el gobierno busca alterar las relaciones de fuerza y el régimen político para barrer con conquistas históricas de la clase obrera argentina, dentro de las que se destacan la universidad pública, laica, gratuita y de calidad.

Defendamos la universidad pública en común con los docentes y trabajadores no docentes

Aunque las autoridades avancen en el ajuste en sus propios términos, los comunicados y la magnitud de las medidas lanzadas por Milei no nos permiten descartar que haya grandes choques en la etapa entrante. Como lo muestra la ley ómnibus, aunque los grandes bloques patronales estén dispuestos a avanzar en las medidas de ataque a la población y reformas profundas, votando la ley en general, eso no significa que le den una hoja en blanco al gobierno nacional. Lo mismo ocurre con las autoridades universitarias, quienes no confían en Milei para avanzar con las reformas privatistas que ellas mismas quieren implementar y cuyo recorte de fondos les impide garantizar lo más elemental del funcionamiento de la universidad.

Mientras en el país les trabajadores se organizan para reclamarle acciones de lucha a sus centrales sindicales, y se organizan en asambleas barriales, junto con conducciones combativas y el movimiento piquetero combativo, el movimiento estudiantil tiene que ser un gran protagonista de la lucha contra Milei.

Tanto por el retroceso de las condiciones de vida que afectan a toda la población, pero a la juventud en particular, como lo son el aumento del transporte, los servicios y la pulverización del salario que ponen en peligro la continuidad de muchos estudiantes incapaces de absorber los gastos de sus estudios, como en defensa de la propia continuidad de la universidad, les estudiantes tenemos que salir a luchar.

Aunque es claro que para enfrentar este ajuste es necesario el mayor margen de acción posible, el ajuste implemetado por las autoridades universitarias marcan rápidamente los límites de quienes esperan apoyarse en ellos para enfrentar a Milei. Esto habla tanto de radicales, conducción de la FUA, la Fuba, la FUC y una gran parte de centro en todo el país, como el kirchnerismo, conducción de la Fulp y un buen número de centros. Mientras en el caso de los primeros, su bloque (UCR) directamente votó la ley ómnibus en general, en el caso de los segundos, brillaron por su ausencia en las jornadas de movilización. Sacándole el cuerpo a la lucha contra la ley y desmovilizado a todes les estudiantes. Tanto un bloque como otro, demuestran una vez más, cómo la integración de las agrupaciones estudiantiles a las gestiones universitarias y su conversión a ser juventudes funcionarias solo dejan un gran retroceso material y organizativo al movimiento estudiantil.

Frente a eso, es claro que una de los desafíos de la etapa será recuperar los centros de estudiantes para ponerlos a disposición de la lucha en curso. Mientras tanto, y siendo claro que no se puede caer en una parálisis, es necesario avanzar en asambleas en todos lugares de estudio, siendo los centros de estudiantes independientes herramientas fundamentales para la etapa. La unidad de acción no debe estar junto con las autoridades, sino que debe estar con docentes y trabajadores no docentes, convirtiendo a la lucha en defensa de la universidad en una lucha popular que atraviese a todo el pueblo trabajador.

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