Octubre inició con un conflicto entre lxs estudiantes de la Universidad Católica de Misiones y su dueña, la Fundación Jorge Kemerer. Este fue a raíz de un segundo aumento de la cuota que llevó su costo mensual, en el caso de la carrera de Medicina, a $18.000 y la anulación unilateral del descuento del 10% obtenido en el marco de la pandemia.  El gobierno provincial de Oscar Herrera Ahuad intervino en el conflicto con el plan “Ahora estudiante” que no solo no retrotrae el aumento, sino que financia su pago en cuotas, asumiendo el Estado provincial los costos y garantizando los ingresos de la Iglesia católica misionera.

Un negocio redondo a favor de los intereses del clero

Este año para la Ucami (Universidad Católica de Misiones) se apartaron $200 millones del presupuesto general de la provincia, en distintos conceptos. Es una suma exorbitante de dinero, más comparada con el presupuesto destinado a la educación pública. Estos subsidios no impidieron que la Universidad suba sus cuotas a un precio por encima del salario mínimo vital y móvil.

Pero es la punta del iceberg, si se tiene en cuenta que la institución pertenece a la Fundación Jorge Kemerer, la cual es propietaria del Bachillerato Humanista Jorge Kemerer, del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya y el campus de este último. Todas estas instituciones reciben millones de pesos por parte del SPEPM (Servicio Provicial de Educación Privada de Misiones), un organismo descentralizado del Ministerio de Educación. También es un misterio el destino del dinero que reciben estas instituciones de parte de la Iglesia Católica, también financiada de las arcas del Estado.

Si vamos a la historia de la fundación, en el 2009 el entonces Gobernador, Maurice Closs, entregó a la diócesis posadeña un subsidio de dos millones de pesos (U$S 540 mil) con el objeto de iniciar la infraestructura. En 2012, los subsidios totales alcanzaban los 15 millones de pesos y en 2014 a través del decreto Nº 964/14 sumó un aporte subsidiario de 8 millones a la Fundación Jorge Kemerer para la adquisición de materiales de construcción para las obras destinadas al Campus.

Estamos frente a una profundización de la privatización de la educación superior, que es la iniciativa estatal de financiar estas instituciones, por la vía de fundaciones que reciben millones en subsidios, el beneficio de exenciones impositivas y no dan cuenta de a dónde va a parar toda es plata. Hablamos de una institución, la Iglesia Católica, que ya es beneficiada por el Estado por la vía de las exenciones impositivas, la cesión de terrenos fiscales y además se legisla a su favor para que puedan enseñar sus ideales antiderechos. Estamos frente a un negocio redondo.

Los partidos del régimen al rescate de la Iglesia

El gobierno renovador ha presentado el programa Ahora Estudiantes, una “ayuda” que consiste en poder pagar los enormes montos de las cuotas mensuales en “cómodas cuotas”. En vez de retrotraer el aumento, la renovación le garantiza a la Iglesia que lo pueda cobrar en su totalidad al actuar como “garante del pago”. Es decir, el mismo Estado que paga sueldos de $30.000 le garantiza a la Iglesia cobrar cuotas de $18.000 a los jóvenes misioneros que quieran estudiar medicina.

Por su parte, el “opositor” PAyS (Partido Agrario y Social) presentó un proyecto que “solicita” la suspensión de los aumentos sobre las cuotas correspondientes a los meses que dure la emergencia sanitaria. Una medida totalmente insuficiente, teniendo en cuenta los altos precios que contaban desde antes y un “plan de pago” para los alumnos que se vieron afectados por la inactividad laboral y no pudieron cumplir con los aranceles. Ambos “proyectos” se demuestran estériles.

En un contexto en el que la desocupación alcanzó casi al 30% de la fuerza laboral de Argentina y los niveles de pobreza llegaron al 40% y contemplando una recesión económica con precedentes sólo comparables al 2001, parece poco probable que la economía de los estudiantes se normalice dentro de poco o incluso al levantarse la emergencia sanitaria.

Por una salida de los trabajadores

Desde el Partido Obrero y la UJS nos ponemos al servicio de los estudiantes que están organizándose para enfrentar el abuso de la Ucami, en alianza total con el gobierno. Planteamos la necesidad de retrotraer los aumentos y garantizar la continuidad de la regularidad de todos los estudiantes que han quedado fuera de la cursada a raíz de la pandemia. Exigimos el pase a planta de todos los trabajadores. Exigimos la anulación del pago de cuotas hasta que no se abran los libros contables de la Ucami, de la Fundación Jorge Kemerer y del SPEPM, para saber en qué se utiliza el dinero de las cuotas de lxs estudiantes.

El gobierno continúa financiando con sumas millonarias a las instituciones de la Iglesia, oscurantistas y adoctrinadoras, en contraste al presupuesto 0 destinado a la educación pública en todos los niveles. Debemos luchar por la separación de la Iglesia del Estado y su injerencia en la educación.

La Ucami, única institución que presenta la oferta académica de Medicina en toda la provincia, está financiada desde los cimientos por parte del Estado, dejando la formación de profesionales bajo la égida de una institución sumamente oscurantista como lo es la Iglesia Católica. En ese sentido, es necesario organizarnos para que la Universidad esté bajo control del Estado, y garantizar una educación gratuita, de calidad, laica y científica.

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