Tempranamente, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, fue la elegida para poner en práctica toda clase de iniciativas tendientes a avanzar por el camino de la privatización de la educación. Hace ya varios años que el ingreso a Medicina es noticia a la hora de los exámenes, que ponen siempre en evidencia distintas “irregularidades”, cuyo objetivo es siempre, por supuesto, eliminar ingresantes. Pero el año pasado, el consejo directivo decidió ir más lejos: propuso un cupo de 600 alumnos para el ingreso a Medicina, que en un principio, frente al revuelo que causó, fue reemplazado por un “examen más duro” que se aprobaría con el 75% de respuestas correctas. Finalmente, aceptado por el gobierno de la Universidad y por Juri (ministro de Educación por esos tiempos) quedó como condición para ingresar el cupo… y para los 600 que lograran llegar al 75% de respuestas correctas. El resultado de este examen ha sido un bochazo masivo, sólo “aprobaron” 140 de los 2.400 ingresantes. Pero esto es apenas uno de los elementos en juego. También el año pasado, un estudio de la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) sentenció que “muchos de los parámetros internacionales que deben cumplirse obligatoriamente para alcanzar la condición de escuela de Medicina no son cumplidos por la facultad” (La Voz del Interior, 19/9/00), planteando que si la facultad no puede acreditar su currícula están cuestionados los títulos que otorga, incluso, no tendrían validez en el exterior (ni siquiera en el Mercosur). Abriendo con todo esto una clara vía para los exámenes de egreso e incluso para su privatización. Pero…. los argumentos de los privatistas no terminan aquí. Existe un hilo conductor entre los exámenes de ingreso, el vaciamiento científico de la carrera, la privatización de los posgrados y especializaciones por un lado, y la destrucción de los hospitales públicos, por otro lado. Estos, argumentan los privatizadores, no deben dedicarse a la medicina curativa sino sólo a la preventiva, o sea que para “curarse de algún mal” habría que recurrir a la medicina privada, cuyos médicos “curativos” se habrán formado también en el terreno privado (ambos negocios en manos de los pulpos de la salud), ya que la educación pública no abordaría este aspecto de la formación. Es obvio que la población necesita de la medicina preventiva, además de la curativa, pero esto no verá la luz de la mano de un régimen social descompuesto, que por acción y omisión, enferma a su población para poder lucrar cada día más.

La reacción frente al “bochazo”

El famoso examen de ingreso ha sido un fraude, a pesar incluso del lucrativo negocio montado alrededor de la preparación previa, por los teóricos de la medicina privada. Públicamente se reconoce que sólo el 4,5% de los ingresantes aprobó, pero son numerosos los datos que indican que sólo habrían aprobado una docena de alumnos ¡sobre 2.400! Este solo hecho tira por tierra cualquier argumento sobre las características del examen, si “los chicos salen bien preparados o no del secundario”, etc.

Los estudiantes han respondido a la provocación de los privatizadores con los métodos de la clase obrera: la ocupación y el piquete. Frente a las clásicas ocupaciones simbólicas que permiten el funcionamiento académico y administrativo, la toma del decanato de Medicina ha impedido cualquier tipo de actividad. El reclamo de los compañeros de Medicina es elemental: un ” nuevo examen con veedores estudiantiles que no tenga como objetivo el ingreso de sólo 600 alumnos” (La Voz del Interior, 23/3). Después de tres días, la toma se encuentra empantanada. El decanato no cede y presiona con el desalojo compulsivo, y la FUC y otras agrupaciones trabajan activamente por el levantamiento de la toma porque “si desalojan el decanato, se puede negociar con la dirección” (ídem). Incluso el gremio de los docentes, dirigido por el Mst, en lugar de apoyar incondicionalmente la toma, ha levantado la huelga que la Conadu mantiene a nivel nacional, desconociendo incluso la resolución de aquélla.

No caben dudas que la Facultad de Medicina de la UNC constituye un caso testigo, una avanzada privatizadora de carácter estratégico que no debe pasar. Por lo tanto es una obligación de las organizaciones políticas, sindicales y populares apoyar decididamente el accionar de los compañeros, lo que plantea mantener la huelga universitaria, rodear de solidaridad a los compañeros que mantienen la ocupación para impedir el desalojo policial y, por sobre todo, obligar a la dirección de la facultad a reconocer el reclamo de los compañeros. Los compañeros de la UJS y el PO han estado militando activamente con esta perspectiva y a escasas horas de que se realice la marcha por los 25 años del golpe, vamos a exigir una marcha piquetera que se movilice hasta Medicina.