El próximo 31 de octubre, el Ministerio de Educación se apresta a tomar un examen, denominado “Enseñar”, a los estudiantes de 4° año que cursan actualmente las carreras terciarias de Primaria y Secundaria en nueve distritos -entre ellos, la Ciudad de Buenos Aires- que sería equivalente al operativo “Aprender” pero aplicado a los institutos de formación docente.

 

Tanto la aplicación como los resultados serán utilizados para introducir mayor diferenciación al interior del sistema educativo -elaborando rankings y cerrando institutos de acuerdo a las calificaciones- y, con resultados manipulados, se ensayará avanzar en las pruebas de egreso del profesorado e ingreso a la carrera docente, modificando así el régimen laboral de los educadores.

 

¿Por qué las rechazamos? Los instrumentos de evaluación en cogniciones aisladas -sin tener presente las condiciones sociales y materiales en un cuadro de creciente miseria social- son un mecanismo ajeno a los institutos de formación y a las escuelas que, a partir de preguntas cerradas, estandarizadas en formato multiple choice quieren medir la “calidad” de la educación en términos de adaptación a las necesidades del capital y del mercado.

 

Estas evaluaciones omiten la responsabilidad del Estado y de los gobiernos provinciales en el ajuste permanente en los presupuestos educativos, la falta de mantenimiento escolar y la situación de pobreza que vive la infancia y la juventud, complejizando la tarea educativa desde hace décadas. Su intención es responsabilizar de la crisis educativa a los docentes, estudiantes y familias.

 

Estas mediciones son viejas imposiciones de los organismos de crédito internacionales que las solicitan a sus países miembros como condición para ingresar. Es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el presidente Macri solicitó el ingreso.

 

El “hermano mayor” de este tipo de operativos son las tan cuestionadas pruebas Pisa, sobre la que pesan denuncias por manipulación de resultados en nuestro país, tal como se expresó en la última edición, cuando la Argentina quedó afuera de la publicación, por maniobrar los resultados y estadísticas.

 

Un negocio redondo

 

Detrás de la confección de evaluaciones, tabulaciones de resultados y plataformas educativas, se extiende un negocio educativo a través de la tercerización de tareas e introducción de empresas y ONG en la educación.

 

Un ejemplo de ello es la multinacional Pearson, la empresa de exámenes y servicios de educación más grande del mundo, que se ha beneficiado con las reformas, al diseñar y administrar los exámenes estandarizados. Lo mismo pasa con empresas como GEM, Junior Achievement, Eidos o programas como Teach for America, Educar y Crecer, entre otras.

 

Organizar el rechazo 

 

Los supuestos “resultados” del Aprender fueron utilizados por el gobierno, en medio de la lucha educativa de este año, para desprestigiar a la docencia y a la educación pública. Y actualmente es la excusa utilizada para justificar la reforma de la secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, con recortes de contenidos, pasantías truchas y precarización del trabajo docente. No tienen nada que ver con mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

 

El argumento del gobierno de reformar la educación, apoyada en los resultados del Aprender 2016, somete al conjunto del sistema educativo a estas mediciones y convierte a los profesores en meros “aplicadores”.

 

La Ctera y sus entidades de base, que apoyaron la Ley de Educación Nacional (LEN) 2006, no pasan de realizar una denuncia superficial, sólo para conseguir que los integren en el proceso de evaluación, sin dar el paso a la organización de acciones concretas para rechazar este tipo de instrumentos. Es que la propia LEN y las resoluciones del Consejo Federal de Educación establecidas durante el gobierno kirchnerista ya implantaban la orientación de la evaluación permanente. Es la radiografía de una central adaptada al Estado que deja pasar el conjunto de los ataques a la educación pública y la docencia.

 

Desde Tribuna Docente planteamos impulsar una gran campaña de debate en todos los institutos docentes sobre las implicancias de este tipo de evaluaciones como parte de las reformas en curso, organizando el rechazo a realizar estas evaluaciones.

 

Será tarea de las direcciones multicolores y de la oposición docente nacional ponerse a la cabeza de una gran campaña para que estas reformas no pasen y reclamar a la dirección de Ctera una acción nacional contra estos operativos.