La semana pasada se anunció la restitución a la Universidad Nacional de San Martin (Unsam) de los terrenos que el Estado pretendía ceder a Nuevo Central Argentino S.A hace dos años y que la lucha en 2018 logró frenar en los hechos. Es una victoria de la rebelión educativa que protagonizamos estudiantes y docentes, que abre nuevas polémicas y desafíos que ameritan discutirse en la comunidad educativa.

La reciente resolución 64/2020 de la Aabe (Agencia de Administración de Bienes del Estado) plantea la “reasignación en uso” de los terrenos. ¿Significa que ahora pertenecen a la Unsam? No. Se le devuelve la jurisdicción sobre los mismos pero pueden ser nuevamente reasignados por la Aabe, si esta así lo dispone.

El negociado consistía en ceder una parte del terreno de la universidad al monopolio agroexportador Grupo Bunge para que este traslade un playón de carga y descarga que tenía en colegiales, despejando el terreno para un negocio inmobiliario. Esta medida tomó público conocimiento en agosto de 2018, lo que impulsó aún más la organización y lucha de les estudiantes y trabajadores de la Unsam en medio de la rebelión educativa nacional que copó con 300.000 personas Plaza de Mayo. Las históricas asambleas con más de 1.000 estudiantes, el abrazo multitudinario, la vigilia y presencia masiva a la marcha federal universitaria, permitieron frenar en los hechos la quita de terrenos, aunque legalmente siguió vigente hasta la semana pasada.

La impostura del Rectorado y sus negocios

El rector anunció la nueva resolución con bombos y platillos presentándose como el articulador de este triunfo, agradeciendo al actual gobierno nacional y municipal, y reivindicando “la movilización de estudiantes, docentes y no docentes”.

Lo que intenta esconder es que se valió de un potente movimiento para conseguir una mesa de negociación con la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En esa mesa estaban en juego no solo los reclamos de estudiantes y docentes, cuyos representantes fueron excluidos, sino también los negocios de las autoridades. Lo demuestra que al día de hoy lo único construido en el terreno es una incubadora de empresas, que a través de convenios genera una jugosa caja que manejan a su gusto.

El conflicto de los terrenos le dio impulso a asambleas y movilizaciones históricas, peleando por los terrenos, pero también por el salario docente, aulas, becas, presupuesto, etc., en el marco de la rebelión educativa nacional contra el ajuste y en defensa de la educación pública.

No es casual que el rector Carlos Greco reivindique una parte de la lucha de 2018, reduciéndola solo a una movilización en defensa de los terrenos, ya que este era el director de Finanzas del Consejo Interuniversitario Nacional y votó a favor del presupuesto macrista que rechazamos en asamblea. Por eso, apenas se sentó a negociar anunció, sin ningún sustento legal, la “suspensión de hecho” de la quita de terrenos, jugándosela a desmovilizar a estudiantes y docentes, ya que nuestras reivindicaciones chocaban de lleno con la orientación e intereses del Rectorado.

Los enormes límites de la resolución

En 2018 explicábamos cómo, para avanzar en esta privatización, el macrismo se apoyó en la Aabe, lugar desde donde el Ejecutivo liquida los bienes del Estado para garantizar grandes negocios inmobiliarios. El remate de tierras públicas es una política de Estado para favorecer el acaparamiento privado de tierras contra las necesidades de estudiantes y trabajadores.

En el cuadro actual de ajuste y recesión, el gobierno avanzará en nuevas privatizaciones para hacer caja. Pero a diferencia del macrismo, cuenta con la subordinación de los rectores y conducciones kirchneristas. Sin ir más lejos, el mes pasado se dio a conocer la usurpación -a través de la Aabe- de 9,75 hectáreas del predio de la Universidad Nacional de Lujan (UnLu) sede San Fernando por parte del intendente de San Fernando Juan Andreotti (Frente de Todos), para un proyecto inmobiliario.

Por nuestra parte, apoyamos el proyecto de ley del Frente de Izquierda que retoma la obligatoriedad de que las transferencias de suelo y de bienes sean aprobadas por el Congreso de la Nación, previo llamado a Consulta Popular Vinculante en el municipio o jurisdicción correspondiente.

No podemos pasar por alto que las agrupaciones “nac & pop” de la Unsam salieron a lavarle la cara al rector y al gobierno, generando expectativas en los mismos, cuando la resolución que le da un respaldo legal al uso de los terrenos es una conquista de la lucha de estudiantes y docentes. Así colaboran en confundir frente a los desafíos actuales, escondiendo a los responsables de los problemas que tenemos les estudiantes bajo la virtualidad y la juventud en general.

Los terrenos a disposición de lxs estudiantes

En la Unsam faltan aulas y laboratorios para combatir la política expulsiva que genera la escasa oferta horaria; faltan comedores estudiantiles con precios al costo y un jardín materno-paternal.

Las autoridades prometen la construcción de un laboratorio de ciencias y nanosistemas en el terreno y hasta se mencionan aulas. ¿Serán estos laboratorios alquilados a privados como muchos del de nano o algunas mesas laboratorios del Instituto de investigación biotecnológica? ¿Serán puestos a disposición de la incubadora de empresas? ¿O destinarán las aulas a posgrados arancelados, que es lo que más crece en la universidad?

Un verdadero plan sobre los terrenos parte de la lucha por la triplicación del presupuesto y de que la asignación del mismo y la planificación de obras estén en manos de estudiante y docentes, en función de las necesidades de la comunidad educativa.