La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro (Tandil) ha implementado un sistema de residencias para los estudiantes del último año que egresan a partir de 1994.

La novedad consiste en un período de trabajo que va desde 2 meses a un año bajo el padrinazgo de un profesional que actuaría como maestro-apéndice de la Facultad, profesional que cuenta con el aval de las autoridades universitarias y se transforma en el  responsable de la capacitación del alumno durante este período, concluido el cual el estudiante  debe presentar un trabajo-tesis para la obtención de su título. Asimismo, el padrino eleva un informe a la Facultad donde hace una valoración de la conducta laboral del futuro profesional.

La iniciativa ha sido aceptada y puesta en funcionamiento sin que se conozcan voces opositoras, e incluso es interpretada como un recurso progresista ante la falta de medios de la facultad que hace imposible la capacitación de los alumnos. De esta forma, algunas de las prácticas de las que la facultad era responsable, ahora son transferidas a particulares, “ahorrándole” al presupuesto de la casa de estudios las erogaciones correspondientes a material didáctico, personal, horas cátedra, edificio, etc.

De este modo, el título profesional surge ya no como el resultado de un contrato entre un ciudadano y la Universidad estatal, sino entre tres, asumiendo el último parte de las funciones que el Estado abandona.

Surge de un primer análisis un avance privatizador. El hecho no trasciende debido al aislamiento de la Facultad de Tandil y al haber presentado la medida como un recurso a favor de la calidad de formación de los estudiantes, en un marco de desfinanciamiento universitario.

A partir de este año, sociedades comerciales, laboratorios de productos medicinales y otras empresas dedicadas a la producción y/o servicios, contarán con el trabajo entusiasta y ad-honorem de estudiantes avanzados o profesionales sin título, trabajadores con altísimo grado de preparación, durante un período de hasta un año, para ser reemplazados al año siguiente por otro u otros, siendo ésos forzados a regalar hasta un año de su vida laboral para la obtención del título. Esto sin duda agrava la ya insostenible situación de un segmento del estudiantado que se solventa la carrera con el esfuerzo personal y de su familia, ya que prolonga el ciclo universitario, lo obliga a un traslado de ciudad y, en algunos casos, le impone un triple esfuerzo: el de trabajar para la subsistencia, el de trabajar bajo la tutoría del padrino y el de estudiar y elaborar su tesis.

Denunciamos esta reforma como un nuevo golpe que se descarga sobre los estudiantes: como una maniobra para justificar el achicamiento de los cuerpos docentes y las horas cátedra; como una medida vinculada a privatizar áreas universitarias; como una confiscación al tributo que la ciudadanía aporta para el sostenimiento de las casas de estudio, ya que se anulan áreas que son financiadas a través de los impuestos; como una experiencia piloto que se generalizará a otras disciplinas y a otras carreras, en la medida que no logremos desbaratar este avance a través de una organización que reivindique una Universidad gratuita financiada íntegramente por el Estado, sin arancelamiento de ninguna especie, que garantice los recursos para la capacitación integral de los estudiantes.

El Colegio Profesional Distrito 7 (Bahía Blanca) y el Círculo Médico Veterinario del Sur, como así los colegios y los círculos provinciales, deben convocar a un amplio debate con la participación de los estudiantes, que son y serán incluidos en este arancelamiento disfrazado de capacitación; con los docentes y no docentes universitarios de Tandil, para pronunciarse en contra de esta transferencia al sector privado y de esta dura intervención estatal en la vida de los estudiantes, negándoles el título hasta tanto no hayan cumplimentado un “servicio civil” en favor de los sectores privados, los que camuflados de docentes-tutores, ganan un espacio en la definición de las políticas universitarias, espacio del cual no disponían en forma institucional.

Denunciamos que el trabajo de tesis del flamante profesional aportará resultados a la firma apadrinadora, beneficios sin realizar aporte salarial alguno al investigador o investigadores. Las empresas podrán capacitar en áreas específicas a profesionales, que en el mejor de los casos pueden ser luego contratados según su rendimiento (aunque ésta es la variante menos probable frente al reemplazo por una nueva camada de estudiantes), sin haber puesto un solo peso en su capacitación.

 

Proponemos un debate que incluya:

– El reclamo del presupuesto necesario para la capacitación integral en los tiempos acordados.

– El rechazo a la capacitación compulsiva fuera del ámbito universitario, que significa mano de obra gratuita de alta calificación.

– Desenmascaramiento del decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil (Dr. Auza) y del rector de la Universidad del Centro, socios del empresariado negrero.

– Entrega de título habilitante ni bien concluido el plan de estudios y colegiación inmediata que posibilite la defensa del salario del profesional.

– Por una capacitación post-grado a cargo de las universidades.

– Rechazo del arancel, los “bonos” y todo encubrimiento de privatización.