Las camarillas de los Hallú y Sorín finalmente reunieron la Asamblea Universitaria de la UBA el viernes 17 de octubre, en un colegio del Nacional de Buenos Aires rodeado por un operativo policial inmenso. Desde la asunción de las actuales autoridades en diciembre de 2006, dicha Asamblea había sido reunida en una sola ocasión y levantada sin que tomara resoluciones. Las posteriores convocatorias fueron siempre suspendidas por las divergencias existentes en el seno del bloque dirigente.

Si esta vez la Asamblea sesionó fue únicamente porque las camarillas lograron cerrar un acuerdo estricto acerca de las reformas a tratar. Los puntos más importantes y controvertidos, sobre todo los referidos al régimen de gobierno y al CBC fueron dejados a un lado para una futura Asamblea, a la que no se le puso fecha.

Los decanos autodenominados “progresistas” fueron una pieza clave del acuerdo. En todo momento actuaron como “hombres de estado”, cumpliendo con su compromiso de votar junto con los decanos del radicalismo shuberofista. Sus divergencias fueron reducidas a cuestiones de forma y remitidas directamente a una comisión de estilo creada por la propia Asamblea. El papel de estos ‘progresistas’ mostró que la Asamblea contó con el aval del gobierno nacional.

Reformas reaccionarias

Las camarillas universitarias convocaron la Asamblea con la pretensión de hacer creer que daban cumplimiento al compromiso asumido de reformar los Estatutos y democratizar el gobierno universitario. Sin embargo, nada de eso sucedió. Por el contrario, la Asamblea se limitó a aprobar reformas de índole reaccionaria.

En las denominadas bases del Estatuto se estableció que los posgrados son arancelados y se ratificó el principio de la transferencia de recursos y de conocimiento a los monopolios capitalistas. Del mismo modo, el Rectorado quedó habilitado para hacerse cargo de los institutos de investigación que hoy dependen de las facultades y se estableció que dichos institutos tengan sus propios programas de posgrado arancelados. El financiamiento estatal de la UBA fue definido como principal, habilitando otras formas de financiamiento vinculadas siempre con el gran capital o con los aranceles cobrados a los estudiantes. De hecho, hoy, la UBA es la principal universidad privada: cursan en ella unos 50.000 alumnos en sus posgrados arancelados.

Las reformas también abarcaron cuestiones académicas. Las carreras de grado pueden ser organizadas mediante ciclos comunes, como de hecho ya funciona en la Facultad de Ciencias Económicas. Estos ciclos buscan imponer una política limitacionista y expulsiva. Se habló – aunque no se estableció-  de dar títulos intermedios. También de crear tecnicaturas (las especialidades son transferidas a los posgrados pagos).

Las camarillas modificaron incluso el artículo 71, quitando la obligación de la Universidad de abastecer con becas, vivienda y comida a los estudiantes; por otro lado, no se habla de carrera docente (estabilidad), pero sí de formación docente, sin asegurar la gratuidad de esa formación.

Nuestra intervención

Nuestros asambleístas estudiantiles y de graduados denunciaron el carácter reaccionario de la asamblea y desenmascararon las reformas propuestas por las camarillas. Lo mismo hicieron Christian Henkel y Néstor Correa, que hablaron al comienzo de la Asamblea, en representación de la Fuba y de la AGD-UBA, respectivamente.

Los representantes del PO propusieron, al comenzar la Asamblea, la modificación del orden del día, para que se retire del debate el proyecto de reforma y que se debatieran, en cambio, las cuestiones más acuciantes de la crisis universitaria. La Asamblea rechazó esta moción con el voto de radicales y kirchneristas.

También presentamos una moción para que la Asamblea resolviera la gratuidad de los posgrados, la anulación de las reformas curriculares que destruyen las actuales carreras, la prohibición del trabajo gratuito y el salario igual a la canasta familiar; la estabilidad laboral docente, la anulación de los acuerdos entre las facultades y los grandes monopolios capitalistas, el financiamiento único del Estado y la apertura de los libros de las facultades y del rectorado para establecer un mecanismo de control del presupuesto. Cuando la moción fue rechazada, Mariela Solesio, consejera superior del PO, pidió la palabra para declarar que nos retirábamos de la Asamblea porque no íbamos a avalar con nuestra presencia una reforma reaccionaria.

Las reformas votadas por la Asamblea Universitaria demostraron que el dominio de las camarillas capitalistas es incompatible con la defensa de la universidad pública.