Luego de las enormes dificultades que expresó la virtualidad educativa sin condiciones, la vuelta a las aulas en instituciones derruidas, y la deserción que dejó a millones de estudiantes fuera del sistema escolar o las universidades; un hecho reconocido según el propio exministro Trotta, la educación vuelve a ser por otro año consecutivo un flanco de ataque. El Presupuesto 2022, rubricado por el gobierno nacional a dictamen del FMI, traerá un recorte sobre esta área, pese incluso a las enormes problemáticas que se constataron durante el último ciclo lectivo en escuelas, terciarios y universidades.

Desde estas páginas ya habíamos advertido que se venía un ajustazo sobre la educación superior, ya que la ampliación contemplada es del 26,5% frente a una inflación estipulada por el gobierno para el año entrante del 33%. Esto, claro, cuando el ministro de Economía Guzmán había “recetado” para el año en curso una escalada inflacionaria del 29%, y acumulamos ya un 41,8% a octubre.

Ahora, un informe reciente del Observatorio Argentinos por la Educación da cuenta de que el presupuesto que abarca al conjunto del área educativa implicaría un ajuste de al menos 6,2%. Esta caída está tensionada, ante todas las cosas, por el machaque sobre la educación superior que advertimos. El próximo año se destinarán $522.490 millones a la cartera educativa, consolidando una pérdida mediante la inflación que equivaldría a $34.000 millones.

Estamos ante una bomba de mecha corta. Ya en la antesala de la pandemia la crisis educativa demostraba su vasto alcance, desde el asesinato de Sandra y Rubén en Moreno a la superpoblación de las facultades del país. Vale recordar incluso que a fines de 2019 el gobierno entrante de Alberto Fernández se negó a discutir un Presupuesto 2020, porque la prioridad era delinear con el Fondo las condiciones de pago de la deuda externa. La extensión del presupuesto educativo 2019 de Macri, el más bajo en años, tuvo su correlato en el estado crítico de escuelas y universidades. Pero ahora, luego de otro Presupuesto 2021 a la baja (17% de aumento, consolidando al momento un recorte del 24,8%), se emprenderá el regreso a las aulas pasada la virtualidad caótica. ¿Qué podemos esperar ante tamaño cuadro de desfinanciamiento de la educación para la vuelta a la presencialidad plena? ¿Cómo podría garantizarse de ser necesario un protocolo de distanciamiento, si ahora hay menos recursos, en casas de estudio que antes de que existiera el virus ya estaban atestadas?

Se hace alevoso como el gobierno es responsable directo del vaciamiento educativo, de la crisis de infraestructura, de la precarización docente, de la deserción, de la degradación pedagógica y también de la arancelación cada vez mayor de contenidos curriculares y negocios privados puertas dentro de las casas de estudio. Es el mandato máximum del FMI y el capital financiero internacional, artífice de las reformas educativas privatistas en danza del menemismo a esta parte.

El método de confiscación que supone la deuda externa es el motivo primordial del ajuste cada vez mayor que ejecutan los gobiernos sobre la educación o la salud. La defensa de la educación pública no puede ir disociada de la necesidad de desconocer y dejar de pagar la deuda externa, y recomponer de manera urgente la partida presupuestaria sobre una educación que se cae a pedazos. Esto termina de tirar por la borda la perorata oficialista de que “podían reducir el déficit sin ajustar”. Este ataque directo a la educación pública plantea la necesidad de que en cada aula del país se discuta entre estudiantes, docentes y el conjunto de la comunidad educativa cómo hacerle frente. El sendero que los centros de estudiantes, sindicatos docentes y organizaciones educativas integradas al gobierno vienen evitando para hacer pasar el ajuste.