Universidad
17/10/2026
Santa Cruz
¿Qué pasa en la UNPA-UACO a dos años del estudiantazo?
Los desafíos para les estudiantes.
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En octubre de 2024 las universidades nacionales se convirtieron en el escenario de una de las mayores luchas contra el gobierno de Javier Milei. Las tomas de facultades, las asambleas y las movilizaciones masivas expresaron una conclusión que miles de estudiantes, docentes y no docentes habían sacado en las calles: la defensa de la universidad pública no podía quedar subordinada a las negociaciones parlamentarias ni a los acuerdos entre las autoridades universitarias y el gobierno. A dos años de aquel estudiantazo, la pregunta sigue vigente: ¿qué conseguimos y qué nos falta conquistar?
En la Unidad Académica Caleta Olivia las consecuencias del ajuste se expresan en la vida cotidiana de quienes estudian y trabajan. La insuficiencia de los recursos, el deterioro salarial y la precarización de las condiciones de enseñanza ponen en riesgo la continuidad de las cursadas y profundizan las dificultades para sostener las trayectorias académicas.
Cuando una cátedra no cuenta con docentes suficientes, cuando las materias no se dictan con regularidad o cuando las becas no alcanzan para cubrir los gastos básicos, el derecho a estudiar se convierte en una promesa vacía. Para quienes deben trabajar para pagar el alquiler, el transporte, la comida y los materiales de estudio, cada obstáculo adicional puede significar postergar una materia, abandonar una cursada o alejarse definitivamente de la universidad.
La situación de carreras como la Licenciatura en Comunicación Audiovisual y la Licenciatura en Trabajo Social, afectadas por el debilitamiento de sus plantas docentes y las dificultades para garantizar el funcionamiento académico, muestra que el ajuste no se limita a una discusión presupuestaria abstracta: repercute directamente sobre la formación y las posibilidades de graduación.
La expansión de la oferta académica tampoco puede sostenerse únicamente con anuncios y expectativas. La Licenciatura en Enfermería, que despertó un importante interés en la comunidad, necesita garantías concretas de continuidad, docentes suficientes, infraestructura adecuada y recursos para desarrollar sus actividades. Abrir una carrera sin asegurar las condiciones materiales para sostenerla es frustrar las expectativas de cientos de estudiantes que depositan en ella su futuro profesional.
A esto se suma el deterioro de políticas fundamentales para el acceso y la permanencia: las becas, la residencia universitaria, el jardín materno-infantil, el área de deportes y los dispositivos de acompañamiento. También preocupa el ajuste sobre la investigación y las becas vinculadas con la promoción de vocaciones científicas, que restringe las oportunidades de formación y amenaza la producción de conocimiento desde la universidad pública.
Cada recurso que se recorta tiene consecuencias concretas. La residencia permite que estudiantes de otras localidades puedan cursar; el jardín materno-infantil es fundamental para quienes tienen responsabilidades de cuidado; las becas ayudan a sostener los gastos de estudio; y las actividades de investigación abren oportunidades de formación que no deberían quedar reservadas a quienes pueden financiarlas por sus propios medios. La universidad pública no consiste solamente en permitir el ingreso. También debe garantizar condiciones reales para permanecer, aprender y graduarse.
Del 23 de abril de 2024 a las tomas
El ajuste universitario no comenzó con Milei. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, se aprobó un presupuesto que dejó a las universidades expuestas a la inflación y al deterioro de sus recursos. El gobierno de Milei profundizó esa orientación, utilizando la prórroga del presupuesto anterior como parte de una política de ajuste general sobre la educación, la salud, las jubilaciones y los salarios, mientras se priorizan los compromisos con los acreedores de la deuda y los intereses del capital.
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el deterioro de las partidas de funcionamiento y la insuficiencia de las becas pusieron en cuestión las condiciones materiales que hacen posible estudiar, enseñar e investigar.
El 23 de abril de 2024 la primera Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud en defensa de la educación pública. La movilización excedió ampliamente a los claustros universitarios: participaron familias, organizaciones sociales, sindicatos y sectores de la clase trabajadora que reconocieron que el ataque a las universidades formaba parte de una ofensiva más general contra los derechos sociales.
El gobierno intentó desacreditar el reclamo, mientras las autoridades universitarias y las conducciones sindicales buscaron encauzarlo hacia la negociación con el Ejecutivo y el Congreso. La estrategia de los rectores peronistas y radicales apostó a conseguir respuestas mediante acuerdos institucionales, evitando que la movilización se transformara en un plan de lucha capaz de imponerle una derrota al gobierno.
Pero el conflicto no se resolvió con negociaciones. El Congreso sancionó en septiembre de 2024 la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario, que fue vetada por Milei en octubre. La votación que sostuvo el veto contó con el apoyo de legisladores del PRO, SER, el Partido Justicialista y la UCR que garantizaron la continuidad del ajuste. El resultado dejó expuestos los límites de una política que depositaba sus expectativas en el Parlamento, sin una movilización independiente capaz de imponer otra relación de fuerzas.
Las tomas de facultades y unidades académicas que se extendieron por el país fueron una respuesta a esa situación. No surgieron de un capricho ni de una voluntad de confrontación aislada: expresaron la bronca acumulada frente a un gobierno que avanzaba sobre la universidad pública y frente a una estrategia de negociación que no había conseguido frenar sus ataques.
Una ley conquistada, un derecho que no se cumple
La lucha continuó durante 2025 y logró una nueva conquista: la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en agosto de ese año. Después de que Milei la vetara en septiembre, el Congreso insistió con su aprobación y la norma fue promulgada en octubre.
Sin embargo, tener una ley no significa que el problema esté resuelto. A de octubre de 2026 el conflicto continúa porque el gobierno nacional se niega a implementar el financiamiento establecido. La movilización universitaria vuelve a poner en evidencia que el Ejecutivo pretende desconocer una conquista arrancada mediante la lucha colectiva.
Esto demuestra que la defensa de la universidad exige organización, movilización y un plan de lucha sostenido hasta conquistar el cumplimiento efectivo de nuestras demandas.
El gobierno busca presentar el ajuste como una necesidad económica inevitable. Pero los recursos existen y las prioridades políticas también. Mientras se recortan salarios, becas y presupuestos, se pretende que estudiantes y trabajadores aceptemos el deterioro de nuestras condiciones de vida como si no hubiera otra alternativa. La universidad pública no puede quedar sometida a esa lógica.
El ajuste universitario es parte de un ataque más general
No podemos analizar lo que ocurre en la universidad como si estuviera separado de la situación social que atraviesa la juventud. En Caleta Olivia y en toda la región, miles de pibes y pibas se enfrentan a la precarización laboral, los bajos salarios, la desocupación y la dificultad de proyectar un futuro. Para muches estudiar implica combinar cursadas con jornadas de trabajo, viajar largas distancias o depender de sus familias para cubrir gastos que no dejan de aumentar.
El ajuste universitario profundiza esas desigualdades. Quien tiene recursos puede compensar las dificultades con clases particulares, materiales, transporte y tiempo disponible. Quien vive de su salario o del ingreso de su familia enfrenta cada recorte como una barrera más. Así, una política que se presenta como una reducción del gasto público termina restringiendo el acceso de los sectores populares a la educación superior.
Pero la universidad no es ajena a la clase trabajadora: es parte de ella. Sus estudiantes trabajan, buscan empleo, cuidan a sus familias y padecen las mismas consecuencias de la crisis que el resto de la población. Sus docentes y no docentes también son trabajadores cuyos salarios se deterioran y cuyas condiciones laborales se precarizan.
Por eso, la defensa de la universidad pública no puede quedar limitada a una disputa entre el gobierno y los rectores. Necesita confluir con las luchas de los docentes, los no docentes, los trabajadores de la salud, los jubilados, los desocupados y todos los sectores que enfrentan el ajuste. La pelea por el presupuesto universitario es también la pelea por el salario, el trabajo, las becas y las condiciones de vida de las mayorías.
¿Qué queda del estudiantazo?
A dos años de las tomas el desafío es recuperar la fuerza colectiva que hizo posible aquellas jornadas y sacar las conclusiones políticas de la experiencia. El estudiantazo mostró que cuando miles de estudiantes se organizan, debaten y salen a las calles pueden quebrar al gobierno. También mostró el papel que juegan las autoridades universitarias y los bloques parlamentarios que, llegado el momento decisivo, no garantizaron una salida al conflicto.
¿Qué futuro nos queda si nos resignamos a una universidad que expulsa a quienes no pueden pagarla? Uno marcado por la precarización y la falta de perspectivas. Pero ese futuro no está escrito de antemano.
A dos años del estudiantazo la tarea es volver a poner en pie al movimiento estudiantil, recuperar sus organismos de lucha y unir nuestras reivindicaciones con las de la clase trabajadora.
En el marco de las nuevas elecciones del centro de estudiantes en la UNPA UACO planteamos que necesitamos centros de estudiantes independientes del poder político, gobierne quien gobierne.
¡Por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario!¡Por becas, salarios dignos y presupuesto para todas las carreras!¡Por una universidad pública al servicio de les trabajadores y no de los intereses capitalistas!
