Represas en Santa Cruz: escandaloso convenio entre la UBA y las constructoras

Mientras continúan las controversias sobre las obras de construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic" en Santa Cruz, recientemente el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó un convenio marco de colaboración con las empresas que intervendrían en el proyecto, cuestionado por posibles efectos contaminantes y operaciones fraudulentas.

 

El acuerdo, cuyos detalles están todavía por definirse, habilita a la utilización de los recursos humanos, profesionales y técnicos de la UBA para el emprendimiento, que se encuentra en el centro de una trama corrupta que involucra a los gobiernos nacionales kirchnerista y macrista, a la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner y a empresas nacionales e internacionales. 

 

Luego de un primer desembolso y el comienzo de algunas obras, el proyecto fue suspendido en diciembre de 2016 por la Corte Suprema luego de una acción de amparo de organizaciones ambientales, que denunciaron amenazas al suelo, los glaciares y las especies en la zona, en particular en Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y el Parque Nacional Los Glaciares.

 

Cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, señaló que no iba a retomar el proyecto” (Clarín, 17/7), pero esta determinación dio un giro radical en el marco de las negociaciones del gobierno con China. La obra, ahora con modificaciones al proyecto original e impulsada por los ministerios de Medio Ambiente y Energía, sería retomada en septiembre, con el acuerdo de Macri y Alicia Kirchner. Así las cosas, el referente de Cambiemos en Santa Cruz, Eduardo Costa, pasó de cuestionar la obra “como una cueva de corrupción donde Electroingeniería personificaba lo peor del kirchnerismo” (OPI, 10/7) a convertirse en un fervoroso impulsor del proyecto.

 

Para la realización de las obras se hicieron “tres licitaciones, y entre la primera, realizada en 2007, y la última, efectuada en 2012, su costo ha aumentado cuatro veces. En medio de fuertes polémicas, fue adjudicada su construcción al Gezhouba Group (China), Electroingeniería e Hidrocuyo” (La Nación, 02/01/16). La china Gezhouba fue sancionada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por operaciones fraudulentas y mala praxis en diversos proyectos, y es responsable por las desastrosas consecuencias ambientales de la construcción de una represa sobre el río Yangtsé, en China. Electroingeniería, por su parte, es un verdadero monumento nacional a la corrupción, beneficiada por todo tipo de negociados en la obra pública bajo la gestión de De Vido.

 

Por si faltaba suciedad en la historia, Jorge Marcolini, quien como subsecretario de Energía Hidroeléctrica es el encargado de recibir en el gobierno nacional el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las represas sobre el Río Santa Cruz, es a su vez director de la empresa EBISA, la que realizó el estudio. “Pero la cosa no termina ahí: Marcolini también fue Director de la consultora IATASA, empresa que realizó la primera evaluación ambiental que cayó en desgracia por las falencias, omisiones y errores técnicos que tenía” (OPI, ídem)

 

Promoción directa

 

La firma de convenios entre la UBA y grupos capitalistas tiene múltiples antecedentes. Por caso, el convenio entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias de UBA y Monsanto –el campeón de los agrotóxicos–; los fondos de la megaminera La Alumbrera a las universidades de todo el país, a cambio del silencio catedrático sobre su actividad hipercontaminante; los acuerdos de la Universidad del Comahue con el ‘perseguidor de indios’ Luciano Benetton; y sigue la lista.

 

Bajo la supervisión del gobierno y los rectores, la educación superior se ve imbricada con las corporaciones capitalistas y sometida a sus intereses, al tiempo que se utiliza a la universidad para “blanquear” sus excrecencias. La “colaboración” con las empresas implica también la explotación de los estudiantes y trabajadores universitarios como mano de obra barata –una práctica común también en el Estado nacional, que cuenta con cerca de 10.000 trabajadores aún más precarizados que los estatales, sin convenio y con sueldos bajísimos, con “contratos de asistencia técnica” que se abonan vía universidades (La Nación, 18/7). No sería de extrañar que esta superexplotación sea una de las perspectivas centrales del pacto hidroeléctrico.

 

Otro curso

 

En el debate que tuvo lugar en el Consejo Superior, la única voz que se alzó contra esto fue la de la izquierda.

 

Julián Asiner –consejero estudiantil de la UJS-Partido Obrero y presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires– denunció que se trataba de “una muestra de la orientación social que le quieren dar a la universidad”, denunció el acuerdo y votó en contra.

 

Las camarillas que gobiernan la UBA arguyen que el emprendimiento reportaría beneficios socioeconómicos a la quebrada Santa Cruz. Una verdadera extorsión.

 

En contraposición con este chantaje, planteamos: apertura de los libros de las obras de las represas; control obrero, vecinal y de organizaciones ambientales de las edificaciones y de nuevos y genuinos estudios ambientales; la separación de Marcolini por incompatibilidad de cargos y la investigación de todos los funcionarios y empresarios implicados en maniobras fradulentas.

 

Es decir, una orientación social opuesta por el vértice a los intereses de los capitalistas y sus socios gubernamentales y universitarios. La Universidad debe estar al servicio de las mayorías trabajadoras.