Con la llegada de los exámenes de julio en la Universidad Nacional de Córdoba, el rectorado aprobó la compra de un supervisor electrónico de exámenes, llamado “Respondus”, con un costo de U$S 17.545, lo que equivale a 1.272.012 de pesos.

Bajo el argumento de que distintas unidades académicas solicitaron un sistema viable de evaluación en medio del aislamiento social obligatorio, la comisión de Sistema Institucional de Educación a Distancia (Sied) y la Prosecretaría de Informática de la UNC efectivizaron la compra del software de origen estadounidense. La licencia regiría desde el 1° de agosto próximo hasta el 31 de julio de 2021. Este sistema ya fue utilizado por la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Económicas en los turnos especiales de mayo.

Sin embargo este software suscita muchas críticas y polémicas, ya que el uso de este sistema tiene una doble función: por un lado inhabilita la computadora para desarrollar cualquier otra actividad mientras Respondus está en uso, por el otro la cámara “monitorea y detecta” con reconocimiento facial, “movimientos sospechosos” de les estudiantes. Luego esa información se graba y se sube a la nube posibilitando que los datos sean alojados en servidores del extranjero. El programa controla el sistema operativo de las computadoras y es capaz de acceder a toda la información almacenada en ella.

El monitoreo y control a alumnos es un gran negocio y vulnera la privacidad

Bajo la excusa de no perder instancias de evaluación muchas instituciones educativas delegan en empresas como Respondus la supervisión de las pruebas. En medio de la pandemia del Covid-19, el uso cada vez mayor de software privado de administración de pruebas es un desarrollo peligroso, porque expone información personal y datos biométricos de un estudiante. Debido a que el software es propietario, no hay posibilidad de entender cómo funciona; además de filtrar datos personales, también podría crear problemas de seguridad o entregar pruebas (y resultados) de mala calidad.

Mientras están siendo evaluados se vulneran derechos de les estudiantes y docentes, no solo porque hay alumnos que no tienen medios y recursos para asistir a este tipo de evaluaciones sino que también el control exagerado sobre ellos puede desencadenar episodios de tensión y ansiedad.

Peor aún, como el sistema realiza la supervisión online en vivo, se flexibiliza cada vez más las condiciones de trabajo de les docentes, obligándolos a realizar una doble tarea, ya que debe “vigilar” a les estudiantes durante el tiempo de examen y luego evaluar el examen, fomentando el tan denunciado teletrabajo. A nivel internacional existen múltiples denuncias de estudiantes de educación superior por el avasallamiento de derechos y libertades individuales desde que se implementaron estos sistemas.

Respondus y otros sistemas para desarrollar “evaluaciones de emergencia” se estánllenando los bolsillos y son poco confiables, algo que parecería no importarle al rector Hugo Juri, ya que en medio de la crisis pandémica utiliza los recursos económicos de la universidad para hacerse con plataformas privadas, mientras desfinancia el ya congelado presupuesto de la UNC. Con estos negociados Juri desarrolla una red de control sobre estudiantes y docentes pero nada garantiza las condiciones de accesibilidad y la efectividad de los exámenes de las mesas de Julio.

Es urgente y necesario que toda la comunidad universitaria debata e intervenga sobre las plataformas privadas que desembarcan mientras se pierden derechos, conquistas y autonomía propia de la comunidad educativa de la UNC, no solo es un ataque a los derechos individuales de estudiantes y docentes sino también la desvalorización de las condiciones pedagógicas de la educación pública y gratuita.