A fines de marzo concluyó el CPI, el curso de ingreso a la facultad de Medicina de Buenos Aires. De los 27.000 alumnos que comenzaron el curso, tan sólo 3.300 lograron aprobarlo: 1.400 inscriptos para medicina y los restantes para carreras paramédicas (kinesiología, nutrición, enfermería, etc.). El 90% de los inscriptos quedó en el camino ... pero aun esto no le parece ‘suficiente’ al rector menemista Ferreira: personalmente anunció que el año próximo ingresarán tan sólo 700 alumnos a Medicina.

Limitacionismo, privatización y crisis política

Sólo el 10% de los egresados secundarios podrán iniciar estudios universitarios: el ‘ingreso’  a Medicina ilustra acabadamente el extremo limitacionismo que significa la nueva ley de educación superior. El CPI fue creado gracias a un artículo ‘a medida’ de la ley —el 50—, que autoriza a las facultades con más de 50.000 alumnos a determinar sus propios cursos de ingreso.

El CPI —que nació en oposición al CBC (el régimen de ingreso universitario establecido por el gobierno radical) y a la conducción radical de la UBA— aparece como la ‘vanguardia’ de la aplicación de la nueva ley. Shuberoff, el rector radical de la Universidad de Buenos Aires, ‘anuló’ el CPI y el gobierno nacional en pleno intervino activamente en la disputa. “El ministro Rodríguez fue un protagonista destacado en el conflicto CPI-CBC en la defensa de las posiciones del gobierno contra la UBA” (La Nación, 3/4). El propio Menem intervino en el conflicto al “instruir a los ministros Rodríguez y Barra para que inicien acciones judiciales para determinar la legalidad de las medidas de la UBA” (Clarín, 28/3). El ‘ascenso’ de Rodríguez al cargo de ‘ministro coordinador’ es una obvia ‘recompensa’ por sus afanes en la privatización de la educación y torna todavía más delicada la situación del rectorado de la UBA.

La nueva ley de educación superior —cuyos principales impulsores son la gran banca y el clero— pretende imponer la privatización universitaria mediante la arancelización de los cursos y, por sobre todo, mediante el reemplazo del presupuesto estatal por la financiación privada. Las universidades y cada una de sus facultades se verán obligadas a firmar contratos de ‘investigación’ y de ‘prestación de servicios’ con los grandes pulpos capitalistas y sus ‘fundaciones’ .

Los rectores y profesores titulares se convertirán en virtuales ‘gerentes’, administradores de los fondos provistos por las grandes empresas y fundaciones y hasta en ‘promotores de ventas’ de nuevos servicios.

La política de los rectores radicales

La política de los rectores radicales ha sido de rastrera adaptación a la ley. Una a una, la inmensa mayoría de las universidades modificó sus estatutos para cumplir con sus exigencias, que están sujetas a la aprobación del Ministerio de Educación.

Las modificaciones de los estatutos aprobadas por dos de las tres universidades más importantes dirigidas por el radicalismo —La Plata y Córdoba— son ilustrativas. En Córdoba, un frente de decanos, parte del claustro profesoral y la Franja Morada impuso la incorporación de once docentes —elegidos sólo entre los titulares y adjuntos, excluyendo a la masa docente— al Consejo Superior; la prolongación de dos a tres años del mandato del decano y la creación de un ‘tribunal ético’ encargado de juzgar la conducta política —y hasta moral— de los docentes. En La Plata, por su parte, fue aprobada la “venta de servicios a terceros” (el corazón de la privatización), el monopolio de la representación de los docentes por los profesores titulares, la elevación de los requisitos para la representación estudiantil, el arancelamiento de los posgrados y la posibilidad de dos reelecciones más (ya va por la primera) para el actual rector.

También en la UBA, con el arancelamiento de posgrados y los contratos de venta de servicios, el curso privatista ha avanzado mucho. Sin embargo, el rectorado radical de la UBA se resiste a modificar los estatutos y a aceptar el CPI. El propio ministro Rodríguez echó más leña al fuego al amenazar con “no validar los títulos de la UBA si no se modifican los estatutos” (Página 12, 3/4).

Para impugnar el CPI menemista y evitar la modificación de sus estatutos (como exige la ley menemista), la dirección de la UBA ha recurrido a la justicia ... menemista. Los fallos judiciales son, hasta ahora, contradictorios: la misma sala de apelaciones —la I— “anuló la resolución de la UBA que había dejado sin efecto el CPI (‘Caso Monges’)” (Clarín, 1/4), al mismo tiempo que dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la ley universitaria en el ámbito de la UBA hasta tanto la justicia se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de cinco artículos de la ley, entre ellos el que crea el CPI. La cuestión, en definitiva, será resuelta por la Corte Suprema, ante la cual “el ministro de Justicia Rodolfo Barra hace un fuerte lobby en favor de la casa de estudios (Medicina) ... (y) donde varios de los ministros menemistas podrían ver el planteo de la facultad con simpatía” (La Nación, 25/3).

Una política sin salida

La dirección radical de la UBA se bate por una política perdida; hasta sus propios comelitones del resto del país ya han modificado los estatutos de sus propias universidades. De las 33 universidades nacionales, 24 ya modificaron sus estatutos o se aprestan a hacerlo. Sólo ocho universidades (Buenos Aires y la UTN, entre las importantes) lograron una postergación judicial.

Bajo la presión de la gran banca y del menemismo, asistimos a un fenomenal descalabro político del gobierno radical de las universidades: el año se inicia sin un régimen universitario único en todo el país y con una crisis política abierta en la principal universidad, la de Buenos Aires. El descalabro político amplificará y agudizará el descalabro presupuestario, que ha convertido en una ‘costumbre’  el pago atrasado de los salarios docentes y el deterioro vertical de la calidad de la enseñanza en muchas universidades del interior. Como en la jubilación privada, en el caso de los teléfonos o la electricidad, la destrucción del ‘servicio público’ es un requisito para ‘crear el consenso social’ que permita hacer avanzar los planes privatizadores.

Los rectores radicales y los dirigentes de Franja Morada han intentado justificar su política con el argumento de que las modificaciones a los estatutos universitarios no atacan la gratuidad de los estudios. Si así fuera, ¿por qué la UBA se niega a modificarlos? ¿Y por qué el Ministerio de Educación privatizador aprueba las modificaciones? Pero incluso si la afirmación de los rectores radicales fuera correcta, ¿el Banco Mundial, el gran capital financiero y el clero van a solventar esta pretendida política radical?

La presión capitalista no se agota con la modificación de los estatutos universitarios, por sobre todo se canaliza a través de la asfixia presupuestaria que ha impuesto el menemismo. Frente a esta intensa presión social capitalista, la política de los rectores radicales no tiene futuro. O se convierten en el vehículo de la privatización universitaria —es decir, en agentes plenos del menemismo y del Banco Mundial— o serán desplazados.

La crisis política que se desarrolla en la universidad encierra una paradoja. La dirección radical de las universidades se menemiza mientras la masa de docentes y estudiantes marcha por un rumbo opuesto al menemismo. Las últimas elecciones estudiantiles en la UBA con un ejemplo: el menemismo fue desplazado de Medicina por Franja Morada, Franja Morada fue desplazada por corrientes del centroizquierda en varias facultades, como Ingeniería y Exactas; la izquierda revolucionaria avanzó entre los docentes del Comahue. Todo esto está indicando que bajo la presión contradictoria del gran capital, de una parte, y de la masa de estudiantes y docentes que defienden su derecho a estudiar y a enseñar, el arbitraje político del radicalismo en las universidades se está desmoronando.

La tarea de la hora es preparar la organización independiente de los estudiantes y de los docentes para los inevitables y brutales choques que se están incubando. La derogación de la ley privatista y el desconocimiento de las modificaciones de los estatutos son las vigas maestras para construir esa organización independiente.