Estamos entrando de lleno en la segunda mitad del año educativo. La extensión de la cuarentena, por el acoso del Covid-19, hace perdurar en el tiempo la llamada “educación a distancia” como única forma concreta de desenvolver el año educativo. Sin embargo, la aplicación efectiva de la “virtualidad” puso sobre la mesa absolutamente todos los límites que presenta el Estado capitalista para desenvolver una salida positiva para docentes y estudiantes. La falta de presupuesto y de planificación de un verdadero programa educativo virtual por parte de los gobiernos nacional y provinciales, golpea fuertemente el trabajo docente y las posibilidades de los estudiantes de poder llevar adelante sus estudios.

Entre usureros

El presupuesto nacional educativo, como lo hemos señalado desde Prensa Obrera, es paupérrimo. Solo comparable a los años de quiebra nacional de 2000. El presupuesto universitario de 2020 es una extensión del utilizado en 2019, votado en 2018, con un costo de vida considerablemente menor y una devaluación del peso muy por debajo de la actual. Si ya en aquel 2019 el presupuesto era de ajuste, imaginemos ahora. Los 3 millones de “aumento” que el gobierno otorgó a las universidades para este año son una tomada de pelo. Un Estado que invierte miles de millones de dólares en pagar intereses y vencimientos a fondos buitre, y pone migajas en la educación es incapaz de darle una salida política a la crisis que atravesamos.

Hablar de ajuste educativo es referirnos a una política de Estado. Aquí no hay grietas. Si tomamos el caso de la Ciudad de Buenos Aires bajo el mando de Rodríguez Larreta, según un informe de la UTE (uno de los sindicatos docentes de la Ciudad), elaborado sobre el presupuesto de 2019, en ese año se contrajo en el área de educación, en términos reales (inflación) en un 6,1%. Este ajuste trajo bajo el brazo recortes del 42% en el área de infraestructura, del gasto en formación docente (18%) y, muy importante, un recorte en el servicio alimentario, reduciendo el gasto a 45 pesos por ración. Este mismo presupuesto es con el que cuenta el sistema educativo de la Ciudad en la actualidad, con mayor inflación y una pandemia a cuestas.

Cruzando la General Paz, el cuadro no difiere demasiado. Aunque, en este caso, quien aplica el ajuste no es Cambiemos, sino el delfín de CFK, Axel Kicilof. Veamos algunos números: bajo la dirección de Vidal, entre 2016 y 2019, la educación pública bonaerense sufrió un recorte brutal: unos 64.709 millones de pesos o, lo que es lo mismo, una retracción del 27,1% (Página/12, 18/6/2019). En estos números, el salario docente fue la primera variable de ajuste. Según la misma fuente, entre 2015 y 2018, la inversión por alumno sufrió la poda de un 30%. Estos números abominables que afectan a estudiantes y docentes no encontraron ningún tipo de reversión por parte de Kicilof, sino todo lo contrario. Desde que asumió, dejó a un lado su discurso en defensa de la educación pública, para aplicar en los hechos el salvataje a los bonistas internacionales. Hizo extensivo el presupuesto de 2019, corroído por la inflación, como favor a los usureros, y desembolsó 277 millones de dólares al contado para el fondo Fidelity. Mientras tanto, continúa la negociación con los buitres, quienes cada día se anotan nuevos triunfos.

Un régimen de ataques contra estudiantes y docentes

Como no podría ser de otra manera, el intento del gobierno por darle continuidad al ciclo lectivo, sin una inversión masiva para sacarlo adelante, se choca contra la pared y deriva en ataques contra estudiantes y docentes. En primer lugar, la falta de herramientas, como computadoras, tablets, Internet, en toda una franja de compañeros y compañeras y la nula capacitación para el uso de programas online. En las universidades, la primera mitad del año arroja deserciones estudiantiles del orden del 40% (récord), tanto en la UBA como en las universidades nacionales. En los institutos de formación superior, la realidad incluso es peor, en distritos como La Matanza se estima que hasta el 50% deja la cursada virtual. Muchos de estos casos se deben a la perdida laboral o a la reducción de sus ingresos, lo que los lleva a no lograr costear los costos para mantener la educación a distancia, con una paupérrima (o directamente sin) asistencia por parte del Estado. Quienes logran continuar, lo hacen sometidos a estrés, largas horas frente a la computadora, gastos elevados de Internet y, en muchísimos casos, haciendo malabares con jornadas laborales interminables.

https://prensaobrera.com/universidad/71501-sos-universidad-el-recorte-presupuestario-pone-en-peligro-nuestras-facultades

Los docentes padecen esta realidad todos los días. Las clases en formato virtual han profundizado la precarización laboral. Jornadas aún más extenuantes, muchas veces sin límites de tiempo. En una nueva arremetida del gobierno, en este caso, contra los docentes universitarios, no les aplica la cláusula gatillo. Y al conjunto pretenden destrozarle el pago del aguinaldo en cuotas. ¿De qué educación de calidad o éxito virtual hablan, si pagan miserias y precarizan a los trabajadores de la educación? La AGD-UBA y la Conadu Histórica, a instancias de la Agrupación Naranja de los docentes universitarios, impulsaron un apagón virtual (paro), así como también lo impulsaron los Suteba Multicolores para hacerle frente a estos atropellos. Las direcciones gremiales y centros de estudiantes ligadas al gobierno o al Estado no aparecen, o lo hacen tímidamente, solo para descomprimir y lavarse la cara. El discurso intencionado de funcionarios y distintos rectorados de presentar la virtualidad como un éxito rotundo es sumamente interesado. Detrás de estas patrañas se esconde la clara intención de avanzar en un proceso de privatización y negociado capitalista en la educación a través de adecuar la educación a plataformas virtuales, arancelando la cursada, agudizando la flexibilización laboral docente e incluso disminuyendo el número de docentes frente a los cursos y, desde ya, achatando el proceso pedagógico de enseñanza, transmisión y formación de conocimiento. Las políticas del FMI, el Banco Mundial y la Ocde.

¿Vuelta a clases?

Un artículo de Ambito (3/7) titula “Se aprobó el protocolo nacional de la vuelta a clases”. Se trataría de lineamientos generales en todo el país para volver a un esquema de clases presenciales. Cuando recrudece y azota la pandemia, fundamentalmente en el Amba, la vuelta a clases presenciales o siquiera el desarrollo de un plan mixto presencial-virtual aparecen lejos en el horizonte. Empujar a cientos de miles de estudiantes y docentes a las calles, al transporte público, sería condenarlos a contagios masivos y a disparar aún más la curva. Por otro lado, si fuese otra la situación de contagios, no cambia el hecho de que para no convertir las escuelas en focos de propagación hace falta una inversión millonaria para acondicionarlas, según los términos planteados por especialistas y epidemiólogos. Eso no está garantizado. Como perspectiva se traza la necesidad docente-estudiantil de, llegado el momento, luchar por protocolos propios y garantizar su cumplimiento mediante la acción, como lo hacen importantes sectores del movimiento obrero con el Sutna a la cabeza.

Por una virtualidad al servicio de docentes y estudiantes

Esta situación impone un debate: ¿cómo llevar adelante el ciclo lectivo bajo cuarentena? Desde una óptica socialista, nuestra posición es clara: siempre defendemos la educación pública. En este sentido, promovemos una pelea sin cuartel por conquistar un programa educativo, elaborado por estudiantes y docentes, donde las clases virtuales sean un factor positivo para el desarrollo educativo y no una excusa para ajustar y precarizar la vida educativa.

En primer lugar, planteamos que inmediatamente se aplique la cláusula gatillo docente y que se pague el aguinaldo en una sola cuota. Defendemos la libertad de cátedra y de que cada docente pueda decidir cómo llevar la enseñanza virtual, partiendo de tener el conjunto de sus necesidades concretas cubiertas. Además del salario, todas las herramientas que exige la tecnología, que sea el Estado quien las garantice: Internet, computadoras, cámaras, pizarras móviles, cursos de capacitación gratuitos. Al mismo tiempo, que las condiciones laborales no impliquen un ataque a sus derechos. En ese sentido, decimos que las horas de trabajo se regulen, que haya límite de tiempo y derecho a la desconexión.

Desde el punto de vista del movimiento estudiantil, decimos que sin becas, sin un seguro al parado en el caso de aquellos que estén desocupados y precarizados, y sin conectividad, estudiar se hace cuesta arriba y casi imposible. Peleamos por el aumento de la beca Progresar a 10.000 pesos, así como también por un seguro al parado de 30.000. Computadoras e Internet otorgados por el gobierno y/o las universidades o institutos.

Cualquier debate sobre métodos de evaluación, finales y promociones (que se impone por el calendario académico) está estrechamente atado a esta caracterización de conjunto, y su salida es la organización docente-estudiantil de manera independiente al Estado y a las autoridades, para arrancarles el conjunto de nuestras reivindicaciones.

Impulsemos un plan de lucha

Las perspectivas nacionales son de mayor ajuste. La caída del 26,4% del PBI en abril da cuenta de ello. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula 860.000 despidos en este año. El ingreso de la economía en una depresión a escala mundial prepara nuevos y profundos ataques a las masas, entre ellos, a la educación pública.

En este cuadro es necesario desarrollar a fondo las tendencias a organizarse y enfrentar el ajuste, dentro del movimiento docente estudiantil. Estas se expresan en los apagones docentes y en el gran festival, virtual, realizado por los Suteba Multicolores, con Tribuna Docente a la cabeza, en defensa de la escuela pública. También en el movimiento estudiantil: los estudiantes del CBC en la UBA, en la Universidad del Comahue, la de Córdoba (UNC), Arquitectura y Artes en La Plata (UNLP) o en la asamblea intercentros de la Universidad de San Martín (Unsam).

Está en el orden del día profundizar un plan de lucha docente-estudiantil para imponer un programa educativo de salida propio. Que parta del aumento presupuestario necesario, del cumplimiento de la cláusula gatillo y del aguinaldo en un solo pago. Pelear por el no pago de la deuda y por un impuesto a las grandes fortunas es una necesidad en esta dirección.

Impulsemos asambleas en los lugares de estudio para desarrollarlo.