El viernes pasado se cumplieron 7 años desde el primer Ni una menos. Desde entonces, la situación de las mujeres y diversidades se ha ido agravando, aumentaron todas las violencias contra nosotres, desde los femicidios, trashomicidios y travesticidios, hasta la violencia estatal que sufre el colectivo LGTBI, como por ejemplo sucedió con dos pibxs trans hace unas semanas en la estación de Lanús.

Al mismo tiempo, somos quienes tenemos los empleos peores pagos y más precarios. Mientras el gobierno de los Fernández lleva adelante medidas de ajuste para pagarle al FMI, las mujeres y diversidades somos quienes más sufrimos las consecuencias.

En este sentido, no podemos dejar de señalar que este 11 de junio se cumplen 15 meses desde la desaparición de Tehuel de la Torre, un chico trans de 22 años que salió a una entrevista de trabajo y hasta el día de hoy no sabemos nada de su paradero. Denunciamos que el Estado ha ido obstaculizando la lucha por su aparición con vida, intentando enterrar el caso sin dar respuestas y, fundamentalmente, ocultando su responsabilidad directa sobre las vulnerabilidades a las que estamos expuestes.

Desde su creación, el Ministerio de Mujeres y Diversidades no tuvo ni una sola acción para satisfacer los reclamos que levantamos. Solo se dedicaron a respaldar las acciones del gobierno y su acuerdo con el FMI.

En el último tiempo el único programa contra la violencia que llevó adelante es el Plan Acompañar, que es incompatible con otros planes, por lo cual deja a miles de mujeres -y a su sector más vulnerable- por fuera. Además, tiene una duración de sólo 6 meses. Se trató de una lavada de cara para ocultar la responsabilidad del Estado, que desde un ministerio se enorgullece de que el “objetivo” de modificar para bien la forma en la que el Estado aborda la violencia contra las mujeres “está cumplido”, en el hecho de que nos siguen matando cada 20 horas.

Por otro lado, ese mismo ministerio que anunció con bombos y platillos la “perspectiva de género” en el presupuesto fondomonetarista, hizo silencio cuando se votaron los presupuestos a la baja de los programas de educación sexual. Tampoco denunció el no cumplimiento en muchos sectores de la Ley por el cupo Laboral Trans, que al momento, de 3.973 inscriptos solo el 0.02% ingresó a la planta estatal.

¿Qué pasa en Sociales?

En este marco, entendemos que es importante que en Fsoc recuperemos las instancias de organización de mujeres y diversidades, en una facultad que levanta las banderas del feminismo pero que sigue desoyendo nuestros reclamos. Por ejemplo, en nuestra facultad, aún no existe una guardería materno-paternal, a pesar de los pedidos reiterados de docentes y no-docentes. Asimismo, la Comisión Interna No Docente de APUBA Sociales le exigió a la decana la implementación del cupo laboral trans en FSOC, sin obtener respuestas de parte de la gestión “feminista” de Mera.

Con respecto a la violencia de género, la Facultad en el 2016 creó el grupo interdisciplinario “No a la violencia de género”, compuesto por docentes, no- docentes y profesionales de diferentes áreas de nuestra institución. Por otro lado, se creó en 2015 un protocolo de violencia de género , el cual solo aplica para situaciones entre estudiantiles y laborales que se desarrollen dentro de la dependencia de la Universidad de Buenos Aires; las denuncias, por otro lado, se deben hacer enviando un mail. Fueron medidas para encubrir una política contraria a los intereses de las mujeres y diversidades.

La UES, actual conducción del Centro de Estudiantes, lejos de convocar a instancias de organización, han vaciado las comisiones de género y boicotearon cualquier instancia de lucha, inmovilizando al CECSo. Esto no nos debe sorprender, ya que es la agrupación que encubre sistemáticamente al violento Cristian Bay y a Pedro Hib, responsables de la UES denunciados por amenazar de muerte a compañeras docentes de la facultad y de golpear a estudiantes.

Desde la agrupación LGTBI 1969 y del Plenario de Trabajadoras impulsamos una reunión abierta el sábado pasado para poder discutir sobre estas problemáticas en nuestro lugar de estudio y votar un plan de lucha, donde decidimos llevar adelante en conjunto con docentes y no-docentes un proyecto para que la Facultad de Sociales adhiera a la Ley 27.636 por el Cupo Laboral.

Queremos poner en pie una organización independiente del gobierno y de las autoridades para avanzar en la lucha por el cupo laboral trans, para que se dé un debate sobre los planes de estudio y el jardín materno Paternal. Es un debate estratégico con las agrupaciones de la lista 15 que nos quieren presentar que estas reivindicaciones se conseguirán de la mano de una integración de las organizaciones estudiantiles a la gestión de Ana Arias. Por el contrario, necesitamos una agenda al servicio de los intereses de las mujeres y diversidades, que choca con los de un gobierno que lleva adelante un ajuste feroz al servicio del FMI, y luchar por ella.