En varias universidades del país se está desarrollando un importante movimiento de resistencia al Censo Universitario que se desarrolla en la actualidad a nivel nacional. En la Facultad de Sociales de la UBA está planteado lisa y llanamente el boicot del mismo (ver recuadro), impuesto por el activismo y las corrientes de izquierda contra la oposición de Franja Morada y el Frente Grande. Sucede que bajo la apariencia inocente de un ejercicio estadístico, lo que se pretende es darle un carácter organizado a la política de arancelamiento, limitacionismo y privatización de la enseñanza superior.

Por ejemplo, uno de los rectores responsables por la encuesta —el de Comahue, Rodolfo Bohoslavsky— declaró que las preguntas respecto a “materias aprobadas durante 1993” apunta a “evitar alumnos crónicos en nuestras casas de estudio … porque sería una injusticia social” (Página 12, 20/10). Parece, entonces, que lo “justo” es que sea excluido el estudiante que trabaja y se rompe el alma para poder avanzar como pueda en su formación. Pues bien, los ítems 18 al 24 del mentado Censo están enteramente dedicados a indagar sobre las “fuentes de ingreso” del estudiante, con el inocultable propósito de “demostrar” su capacidad de pagar un arancel. Además, aunque se afirma que la encuesta es anónima, el Censo comienza… con la anotación de los datos del alumno y tiene además, un carácter compulsivo, puesto que quien no lo cumple queda imposibilitado de continuar normalmente sus estudios.

Entre los rectores “organizadores” se encuentra el de la UBA —Oscar Shuberoff—, pero el Censo, en realidad, está “coorganizado” en conjunto con la Subsecretaría de Política Universitaria, que dirige el “privatizador” Juan Carlos del Bello. La movilización docente- estudiantil tiene, entonces, un carácter objetivo muy claro: contra el pacto pro-arancel y antiuniversitario de los rectores radicales y el gobierno menemista.