El pasado 13 de abril en la sesión virtual del Honorable Consejo Superior (HCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se desarrolló un debate en torno al proceso penal abierto por la Justicia Federal contra el docente Luis Olmedo, titular de la cátedra de Microbiología de la Faculta de Odontología, quién se encuentra imputado y con prisión domiciliaria por “extorsión continuada” por haber manejado una academia privada en la cual lxs alumnxs debían cursar y pagar como condición necesaria para aprobar la materia.

En la mencionada causa también se encuentran procesados con pedido de prisión preventiva Oscar Casalis y Augusto Massimino como presuntos coautores, y sin prisión la decana Mirta Spadilliero De Lutri, por el delito de omisión de los deberes de funcionaria pública.

El punto fue abordado tras la exigencia de respuestas al Rectorado frente al pedido de informe sobre la causa presentado por el Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y parte de la camarilla K opositora a la actual gestión de la Universidad de Córdoba, Gustavo Chiabrando. Una impostura si se tiene en cuenta que las denuncias por este alevoso caso de corrupción datan desde hace dos décadas y media, una suma de años considerable en la cual referentes de los distintos bloques políticos gobernaron en la UNC y presidencias del gremio estudiantil, ya sean aliadas a la Franja Morada o a la Bisagra, estaban al tanto de este secreto a voces, y sin embargo no hicieron nada.

Es claro entonces que quienes hoy pretenden rasgarse las vestiduras son parte del problema. Sucede que la Universidad funciona mediante un régimen arcaico de camarillas ligadas a las autoridades y distintas variantes capitalistas que se sostienen a través de prebendas, cargos, favores, encubrimientos y negociados, cuadro que no es exclusivo de la Facultad de Odontología, sino que se refleja en todas las unidades académicas.

La situación señalada se profundizó luego de la reforma impulsada por el rectorado de Hugo Juri en el 2016 y votada, represión mediante, a través de la elección de autoridades de forma “directa” y ponderada favoreciendo la primacía de las viejas camarillas profesorales. Tal es así que los porcentajes de la ponderación implican que el voto de un docente valga 14 veces más que el de lxs estudiantes, a su vez el voto de lxs docentes titulares tiene mayor valor que el de adjuntos y auxiliares. Reforma que no fue cuestionada de fondo por el kirchnerismo universitario, que solo planteó modificaciones cosméticas a los fines de favorecer a su propio bloque.

Este planteo fue parte de la enorme rebelión educativa que protagonizamos en 2018 y por la cual la justicia federal, de manera mancomunada con las autoridades universitarias, pretende avanzar en la judicialización de 27 estudiantes, un aspecto más que marca la decadencia del sistema que impera en la universidad.

Frente a este cuadro que marca las consecuencias de un régimen en descomposición, la lucha por una verdadera democratización para poner a la universidad bajo la dirección de la clase trabajadora es una tarea de primer orden. Ante la impostura de un cogobierno dominado por las camarillas que ejercen toda forma de opresión y poder y refuerzan los negociados, el ajuste y la privatización, le oponemos el planteo de una verdadera democracia con un claustro único docente con plena ciudadanía para todxs, mayor representación estudiantil y voz y voto para lxs no docentes.

Desde la UJS llamamos a poner en pie al movimiento estudiantil para defender la educación pública, y avanzar en esta perspectiva. Vamos por el desprocesamiento de lxs 27 estudiantes y contra la avanzada antieducativa del gobierno y las autoridades. Frente a la inacción de las conducciones de los centros de estudiantes ligadas a una u otra camarilla, es necesario organizarse de manera independiente, con unidad obrera estudiantil, por una universidad al servicio de les trabajadores y el pueblo.