Días atrás, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri, declaró que el ciclo lectivo 2021 se desarrollará bajo una modalidad mixta que integrará el régimen presencial y el virtual. Conforme a los propios dichos de la máxima autoridad de la Casa de Trejo, la prioridad serían aquellas actividades que solo pueden llevarse a cabo asistiendo a las distintas unidades académicas. No obstante, también manifestó que se han presentado distintas alternativas al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para habilitar aulas y espacios para clases.

El rector también señaló que la virtualidad llegó para quedarse, que es el futuro de la universidad y que no hay que generar falsas expectativas en torno al regreso a las actividades presenciales, ya que estas van a estar dadas de acuerdo con las circunstancias epidemiológicas.

La posición de enfrentar el ciclo lectivo 2021 bajo la modalidad mixta nuevamente se hace de forma improvisada y a espaldas de la comunidad educativa. En sintonía con el ministro de Educación Nicolás Trotta, para el Rectorado de la UNC alcanzaría con protocolos de distanciamiento para evitar la propagación del virus, a pesar de que enfrentamos momentos críticos en torno a la pandemia.

Una acción temeraria si tenemos en cuenta el estado deplorable en el que se encuentra nuestra universidad como consecuencia de años de ajuste y vaciamiento, con establecimientos que no cuentan con agua potable, ni condiciones de higiene, con edificios sin ventilación ni infraestructura y locaciones que solo podrían albergar a 10.538 de los 130.000 estudiantes activos, según el propio relevamiento de la Subdirección de Planeamiento Físico.

Es que por medio de generalidades, las autoridades de la UNC vuelven a establecer la improvisación como política. Evitando todo tipo de precisiones y, sin abrir ningún canal de debate con los diferentes claustros, pretenden ocultar su inoperancia y la falta de un plan educativo que atienda a las necesidades concretas de trabajadores docentes, no docentes y estudiantes en el cuadro de “la nueva normalidad” establecida por la pandemia.

La situación es más grave aún si tenemos en cuenta que el presupuesto 2021 diseñado de la mano del FMI implica un recorte para las universidades públicas de al menos un 12%, según las propias proyecciones oficiales, por lo que será mucho peor como ya se avizora. Es que el plan de ajuste del gobierno se propone recortar el gasto fiscal, tal como demanda el Fondo Monetario y agravará la crisis educativa, mientras durante el 2020 hubo índices de deserción récord.

La profundización de la crisis social tampoco es tenida en cuenta. Son innumerables los casos de estudiantes que han tenido que volverse a sus provincias por no poder afrontar los costos de vida, lo que se agudizará a medida que se desarrollen tarifazos y se incrementan los precios de los alimentos y alquileres. La omisión de una posición respecto a quienes tuviesen que hacerle frente una cursada semipresencial sin contar con recursos para retornar a Córdoba es un elemento más que denota la falta de planificación con la que se intenta imponer esta nueva modalidad.

A la par de esto, la falta de un plan económico y de partidas presupuestarias especiales para becas que puedan atender a las demandas de estudiantes que lo necesiten contrasta con los miles de dólares que fueron a parar a los bolsillos de bonistas y acreedores para el pago de la deuda externa usuraria, por lo que la defensa de la educación pública y de un plan educativo serio tiene que ir ligada a la pelea contra el pacto con el FMI y el pago de la deuda, que desangran al país en favor de la clase capitalista.

El fracaso de la virtualidad amerita un capítulo especial. La reivindicación de la cursada remota que desarrolla Juri va a contramarcha de la propia experiencia que transitamos estudiantes y docentes durante el 2020, ya que la misma implicó un incremento de la precarización laboral y profundizo la brecha social entre estudiantes llevando a niveles inéditos de deserción.

Los docentes se convirtieron en trabajadores 24/7 y costearon de su propio bolsillo los gastos para llevar adelante su trabajo de manera remota, mientras recibieron un acuerdo salarial de miseria. Por su parte, la falta de becas de conectividad y de dispositivos imposibilitó la cursada para un alto porcentaje de alumnos. La situación no es tenida en cuenta por las autoridades, que no ha planteado ningún tipo de resolución frente a esto.

Es que la reivindicación de la virtualidad que hace Juri responde a su intención de profundizar el negociado de la “educación a distancia”, incluso pospandemia. Esto no es novedoso si se tiene en cuenta que esta política fue diseñada ya en su anterior gestión y llevada adelante mediante la creación del Campus Virtual que fue acompañado por la construcción de un faraónico edificio para centralizar las carreras a distancia. El planteo coincide, además, con los planes fondomonetaristas de avanzar en carreras cortas y a distancia con la finalidad de abaratar costos, avanzar en la privatización, dejar a más estudiantes fuera de las aulas y desvalorizar los títulos de grado.

Es claro que con precarización laboral y salarios de miseria, con becas insuficientes, sin las herramientas apropiadas, sin condiciones de infraestructura y bioseguridad y sin un incremento real de presupuesto es imposible hacerle frente a las pretensiones de las autoridades.

El plan educativo para enfrentar un nuevo ciclo lectivo debe partir de la deliberación de la comunidad educativa levantando un programa reivindicativo en defensa de la universidad. Necesitamos poner en pie un plan de lucha por el inmediato aumento presupuestario, por becas que den respuestas a las necesidades del estudiantado, por conectividad para todxs, por salarios dignos para lxs docentes y por protocolos de bioseguridad e higiene discutidos y aprobados por los claustros. Al calor de esto, es necesario rechazar el acuerdo con el FMI, cuyas consecuencias para la educación superior son conocidas e implican mayor ajuste y vaciamiento, a medida que avanza la privatización.

Desde la UJS llamamos al movimiento estudiantil a organizarse de manera independiente de las autoridades y gobiernos ajustadores y a seguir reforzando el frente único de lucha junto a lxs trabajadores para enfrentar la debacle educativa que se profundizó con la pandemia.