Todos los medios de comunicación en Argentina destacaron el hecho de que la Universidad de Buenos Aires hubiera quedado octava entre las diez mejores del continente y entrado entre las 80 mejores universidades del mundo, de una evaluación total de 800 universidades, en un ranking realizado por la consultora británica QS.

Cuando se investiga qué metodología utiliza QS para establecer este orden de jerarquía, según informa en su página web, la consultora evalúa, como uno de sus principales criterios, lo que llama “Proporción Facultad/Estudiante” y explica que “la proporción maestro/alumno es la métrica proxy más efectiva para la calidad de la enseñanza [porque] evalúa hasta qué punto las instituciones pueden proporcionar a los estudiantes un acceso significativo a los profesores y tutores, y reconoce que un alto número de miembros de la facultad por estudiante reducirá la carga docente en cada académico individual”.

Menos de dos meses antes de que se publicara este ranking, cuando el paro docente nacional que mantuvo durante diez semanas paralizadas las universidades de todo el país se encontraba en pleno desarrollo, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro declaró que en la universidad “sobraban docentes”. No fue un exabrupto sino parte de una línea política. Para  confirmarlo, fue secundado por el diputado de Cambiemos Albord Cantard, primer secretario de Políticas Universitarias del gobierno y ex rector de la Universidad del Litoral, quien dijo que "la cantidad de docentes universitarios que hay en el país es excesiva". Luego, propagaron el argumento en un manual que circuló en formato PDF y en las redes sociales funcionarios y voceros oficialistas. El archivo decía: “En muchas casas de altos estudios se ven relaciones docentes/alumnos equiparables con la aconsejada para salas maternales. El promedio del sistema hoy es 8,82 alumnos por docente”. Además de que se trataba de información falsa y presentada de manera interesada, lo que queda de manifiesto es que si primara la orientación del gobierno en la universidad pública, la UBA difícilmente se hubiera encontrado en el puesto internacional que ahora tanto festejan.

La contraposición vale más allá del punto: la política oficial para la educación de ajuste presupuestario, topes salariales y miles de docentes trabajando gratis –que presentan como eficiente, ´moderna´ y que ´alienta al futuro´- es profundamente destructiva para la educación pública. De hecho, lo que reafirma el ranking de QS es que los mayores méritos de la universidad son producto del enorme esfuerzo que realizan sus trabajadores, que producen y transmiten conocimiento en pésimas condiciones. En el mismo sentido opera la Reforma Educativa y el conjunto de las medidas que impulsan en los diferentes niveles educativos: la verdadera intención de la política educativa del gobierno es alentar el negocio y la injerencia privada en la educación pública.

Algo similar sucede con el resto de los ítems que evalúa el ranking. En primer lugar, la reputación académica, que considera enseñanza e investigación. En segundo, la valoración de los graduados de la UBA, mientras el gobierno dice que hay que acortar las carreras para insertar a los profesionales en un mercado laboral flexibilizado y sin formación. En tercer lugar, la producción académica de investigaciones, valorando por igual todas las áreas, mientras el oficialismo impone un fuerte ajuste en el ingreso y desarrollo de carreras de investigación en las instituciones dedicadas al desarrollo de la ciencia y la técnica, como el Conicet. Finalmente, la cantidad de estudiantes extranjeros, cuando asistimos a una fuerte campaña xenofóbica, que acusa a los estudiantes extranjeros de la miseria presupuestaria.

Aquellos que saludan, gratificados, el resultado del ranking QS deben saludar entonces a los docentes y estudiantes de la UBA, y de todo el país, que con firmeza lucharon y luchan en defensa de la universidad pública.