El martes 17 en el centro regional San Miguel de la Unlu, se llevó a cabo una asamblea convocada por el CE de Cs. de la Educación, que contó con la presencia de alrededor de 60 compañeros. Representantes de Conadu, Adunlu y Lista 8 (alumnos por la mayoría); también hubo gente de sociales.

El CE comienza la asamblea con su rutina de analizar, punto por punto, la ley de educación superior, gastando la mayor parte del tiempo en esto; vale destacar que la ley ya se había discutido en la asamblea anterior, y se llamó a esta asamblea para discutir un plan de acción.

Luego intervino la secretaria de prensa de Conadu, destacando su oposición a la ley, y llamando a no estancar la discusión en las modificaciones a la ley, porque el carácter de privatización no cambia. Ejemplo: la reforma con respecto a la habilitación de los títulos y, luego de varios ejemplos, culminó su larga exposición donde reinó un lenguaje “combativo” diciendo que las leyes no la discutan los rectores con el gobierno, que las discuta el congreso.

Pero esto no fue todo: luego le tocó el turno a la “opositora” lista 8 donde intervino un estudiante de agronomía, denunciando que el consejo superior no les había aceptado su proyecto alternativo de ley y contando su experiencia de lucha en la sede, poner mesas y juntar firmas. Estos son algunos datos de sus limitaciones políticas.

Si hablamos de limitaciones veamos el papel del CE de educación: planteó la convocatoria a la marcha, pero aclaró que “con las marchas no se resuelve” nada, que solamente servía como “puntapié organizativo, para la lucha hacia adentro” y resolvieron continuar la lucha por medio de mesas informativas, en las cuales no se anotaron ni ellos.

Todo esto se da en un marco de caldera política, donde hay una gran crisis dentro del oficialismo, el cual pretende reformar el estatuto para posibilitar la reelección por tercera vez del actual rector Busnelli e introducir las reformas menemistas; a pesar de que en la asamblea universitaria no participan los docentes por la minoría (40%) y el oficialismo cuenta con la mayoría, la asamblea universitaria pasó a un cuarto intermedio hasta junio, para transar un acuerdo entre la gente de Busnelli y Samolski (decano de sociales), los dos sectores que se disputan la rectoría, ambos menemistas.

Luján es el único consejo superior que aprobó completamente la ley, es lisa y llanamente la vanguardia de la violencia menemista. También se contrató vigilancia privada, y se compraron armas para mantener el orden sin violar la autarquía universitaria.

Ante todo esto el CE debe asumir su responsabilidad, representando las reivindicaciones de los estudiantes (trabajadores en su totalidad), que va más allá de la política educativa del gobierno, van contra todo el régimen en general.

Que el CE se defina por un plan de lucha, junto a los docentes y unificando la lucha con la de secundarios y todos los niveles de la educación. Fuera la ley federal de educación. Fuera la ley de educación superior. Fuera el decreto de incompatibilidad de cargos.