El pasado jueves 12 de agosto se reunió la Mesa de Negociación Salarial de la docencia universitaria nacional con representantes de las federaciones sindicales, el Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario. Sin embargo, el gobierno nacional representado por Nicolás Trotta y Jaime Perczyk no realizó ninguna oferta salarial. Tampoco se fijó fecha para una próxima reunión.

A tan solo tres meses de la firma del acta paritaria por parte de las burocracias sindicales del sector, la pérdida salarial entre octubre de 2019 y julio de 2021 alcanza el 22% y el 35% perdido desde diciembre de 2015. Tampoco se cubre la inflación de este año, que el Banco Central calcula en un 48% sólo hasta diciembre. El salario básico del cargo testigo ($23.763) solo cubre el 38,31% de la canasta de pobreza ($70.000 para julio). Cabe recordar el acta paritaria de mayo fue rechazada por 37 sindicatos de base a lo largo y ancho del país.

Esta caída libre del salario de la docencia universitaria, y de sus condiciones de trabajo, responde a las exigencias de los acreedores de la deuda pública a quienes el gobierno nacional les ha asignado un presupuesto cinco veces mayor que a la universidad y el compromiso de avanzar en el ajuste fondomonetarista. La demostración de esto es que en apenas 12 meses el presupuesto universitario se redujo un 11% en términos reales mientras se aumentaron en un 43% el subsidio a las empresas energéticas.

El plan antieducativo 2030 que impulsa el gobierno

“El 2030 como horizonte de transformaciones para la Educación Argentina”. Según publicaron distintos medios, ese es el título de un borrador de 18 páginas que impulsa el gobierno nacional. La iniciativa oficial, que contempla cuatro proyectos de ley y menciona algunos objetivos de mediano y largo plazo, ya fue presentada a distintos actores del sistema educativo (Infobae, 14/8). Los cuatro proyectos de ley son: Justicia educativa, Formación docente, Tecnología educativa y Educación superior. Estos proyectos cuentan con el aval de las burocracias sindicales de Conadu y Fedun, sin que lo conozcamos siquiera los docentes, y que apuntan a destruir los Estatutos y convenios colectivos y apuntan a una mayor privatización y mercantilización de la educación de todos los niveles.

El proyecto sobre Educación superior prevé que las carreras que se pretendan dictar estén vinculadas con las necesidades productivas de cada región, la creación de un Consejo Consultivo Nacional, becas estudiantiles para universidades privadas, una suerte de impuesto al graduado “como retribución al pueblo argentino” y la “importancia de una mayor estrechez con el mundo empresario”. Es decir que el gobierno intenta profundizar los elementos más regresivos de LES menemista, la Coneau, la redacción de los programas por parte de los empresarios, la subordinación de las universidades públicas a la lógica del mercado.

La respuesta a esta situación es iniciar un plan de lucha nacional

Para enfrentar este paquete de ajuste y liquidación de las Universidades Nacionales es imperioso que se convoquen a asambleas en todo el país en las que participe la docencia afiliada a una u otra federación gremial o a ninguna. Que se vote un paro de 48 horas y medidas de visibilización en todas las universidades del país, para dar inicio a un plan de acción en unidad docente-estudiantil: ningún docente por debajo de la línea de pobreza; aumento salarial del 50%; cláusula gatillo; salario para toda la docencia ad honorem y adscripta; pase de los ayudantes de 1° a JTP; incremento inmediato del presupuesto universitario y de las becas; conectividad y equipamiento para estudiantes docentes y no docentes; aplicación del convenio colectivo; no al plan antieducativo del gobierno; por la derogación de la LES que aplican todos los gobiernos; por una Universidad al servicio de las mayorías populares.

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