Con la aprobación de la Ley de Presupuesto 1995, quedó definido el objetivo político del gobierno para las universidades nacionales: congelamiento salarial y racionalización del personal.

Al exiguo monto del presupuesto aprobado —luego reducido por decreto de Menem-Cavallo— se le agrega un nuevo elemento: la llamada “descentralización salarial”. El artículo 19 establece que “las universidades nacionales fijarán su régimen salarial… a cuyo efecto asumirán la representación del sector empleador en el desarrollo de las negociaciones colectivas…”, con la restricción de que sólo podrá utilizarse para gastos en personal el 85% del total de fondos asignados. La mayoría de las universidades supera con creces ese tope.

Hasta ahora, los salarios de los trabajadores universitarios se fijaban nacionalmente, de manera unificada y centralizada, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, sin intervención directa del cogobierno universitario. El establecimiento de un presupuesto a todas luces insuficiente obligará a las universidades a buscar el financiamiento “en el mercado”, operando como proveedoras de servicios, trabajando por encargo para las empresas. De esta manera, “sobrevivirán” formalmente como entidades públicas, pero se privatizará su actividad, poniendo al propio financiamiento público como un complemento de los recursos obtenidos del “mercado”.

En estas condiciones, la “descentralización salarial” opera como una palanca adicional para forzar la conversión del cogobierno universitario en gerencia empresarial. El gobierno nacional obtiene la ventaja adicional de trasladar los conflictos generados por los bajos salarios al interior de las universidades nacionales.

Schuberoff, de acuerdo

En octubre pasado, una declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que reúne a los rectores de las Universidades Nacionales, caracterizó como “insuficiente” el presupuesto y reclamó que se cumpla con “la pauta prevista en la Ley Federal de Educación, que significaría un incremento de 280 millones de pesos para 1995”. Con respecto a la descentralización salarial, planteó: “Las actuales circunstancias convierten en inviable cualquier propuesta de descentralización de política salarial debido a: a) El magro presupuesto … que compromete el normal cumplimiento de las funciones de la Universidad… b) La ausencia de un ámbito de mediación para evitar el enfrentamiento entre las Universidades Nacionales y aun en el interior de ellas mismas” (bastardillas nuestras). Muchas palabras para decir algo muy sencillo: el CIN se limita a rechazar la “descentralización” sólo “por ahora” ( “en las actuales circunstancias”).

La verdadera posición del CIN se reveló en su intervención en la Comisión Parlamentaria que “consensuó” la redacción del artículo de la ley de presupuesto relativo a la descentralización. Esta comisión se integró con los rectores Schuberoff (UBA, radical) y Cantero (Río IV, peronista) y los diputados Bullrich (PJ) y Zeballos (UCR). En la redacción “consensuada” se establece que “el Estado Nacional destinará durante los ejercicios fiscales 1995 y 1996 recursos financieros que garanticen para ese último año a las universidades nacionales un presupuesto que alcanzará como mínimo la cifra de 1.840 millones de pesos” (bastardillas nuestras). Como el presupuesto se aprueba año a año, esta cláusula es meramente declarativa y para 1995 se presta acuerdo al monto dispuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Con relación a los “mecanismos de regulación”, el tope del 85% para gastos en personal fue explicado por el diputado radical Zeballos como una “‘cláusula de protección’, en particular para las universidades que tienen menor capacidad de negociación y que son aquellas que tienen comprometido su crédito presupuestario en el pago de salarios por encima del 85 por ciento de lo que les corresponde… para que en el marco de la negociación particular, a nivel individual de cada universidad, la presión de las federaciones docentes y no docentes no genere un desequilibrio que termine imposibilitando cumplir con los reclamos de esos dos sectores y, por ende, planteando un inconveniente de difícil o imposible solución al carecer de recursos en ese nivel”. Más claro… esta cláusula, que no estaba presente en el proyecto original, revela que para aceptar convertirse en los ejecutores de la política oficial, los rectores buscaron un recurso legal contra los legítimos reclamos de los gremios, mediante la inclusión de una disposición que aparezca obligándolos a hacer lo que voluntariamente han aceptado: ser los administradores de la miseria por cuenta del Ejecutivo menemista.

¿Y la CONADU?

A principios de enero, una “reunión técnica” de la CONADU rechazó en forma unánime el presupuesto 1995 y la “descentralización salarial”, al tiempo que respaldó las medidas de lucha de los trabajadores de la Universidad del Comahue (ver aparte). Se ratificó la resolución del último Congreso de la CONADU: “… no están dadas las condiciones para iniciar el ciclo lectivo 1995 (y se) convoca a todos los docentes universitarios a la defensa de la universidad pública y (se) declara el gremio en estado de emergencia”. La declaración advierte sobre la política de despidos, con la excusa de adecuarse a la ley, y denuncia: “Esto ya está ocurriendo en la Universidad Nacional del Comahue”. “La respuesta de la docencia del Comahue —que declaró paro total con suspensión de todas las actividades, organizó marchas y asambleas populares y ya proclamó que de no anularse los despidos no habrá inicio del ciclo 1995— es la ‘respuesta testigo’ de cómo la CONADU enfrentará esta política de avasallamiento a los docentes y de destrucción de la Universidad Pública”.

¿Esta posición del Congreso de la CONADU será llevada adelante por la mayoría de la Mesa Ejecutiva ligada al CTA? Para cumplir con lo votado por el Congreso, preparando al gremio para el “no inicio”, hace falta una política activa, pero la Mesa no ha hecho trascender ninguna de estas declaraciones combativas. La “reunión técnica” de enero fue convocada con el único objetivo, luego modificado por los concurrentes, de analizar la legislación relativa a las paritarias. Pero la “reunión técnica” llegó a la conclusión de que en estas condiciones no hay nada que discutir en paritarias, porque la aprobación del presupuesto nacional deja afuera la cuestión salarial, el corazón de cualquier convenio colectivo.

Hacer de las paritarias el objetivo inmediato del gremio es una vía muerta, diversionista por referencia a la tarea realmente planteada: organizar la resistencia contra la racionalización y los despidos, y para quebrar el congelamiento y la atomización salarial. La CONADU debe seguir ese rumbo y convocar a la acción común a toda la comunidad universitaria (estudiantes, no docentes, etc.), para luchar por el aumento del presupuesto universitario y por el control del mismo por los docentes, no docentes y estudiantes, en defensa de la universidad pública.