22/04/2020

Universidad: la virtualización forzosa es una política de Estado

Secretario de Organización de CONADU Histórica

El 20 de abril el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las 57 universidades nacionales, publicó un informe denominado: “Las universidades y el compromiso de seguir enseñando”. Se trata de un trabajo confeccionado por Laura Garbarini (UNLa), Silvia Martinelli (UNLu) y Verónica Weber (UNLPam), integrantes del Comité Ejecutivo de la Red de Educación a Distancia de Argentina del CIN.


Este informe es revelador; como venimos sosteniendo refleja la profunda tendencia de los gobiernos y los rectores de virtualizar la enseñanza universitaria durante los últimos 30 años. Sostienen las autoras que “nuestro propósito como red es consolidar el espacio de debate político-académico, de reflexión e intercambio para el análisis, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de acciones de educación a distancia y educación mediada por tecnologías […] formalizado por la RUEDA desde agosto de 1990”.


Revelan con claridad cuáles son esos objetivos político-académicos planteados ya en 1992, en Mar del Plata, en el documento “Lineamientos de política en educación a distancia” que acuñó la definición: “La educación a distancia es una alternativa del mismo valor académico que la presencial, con características peculiares que le permiten adaptarse mejor a determinados problemas, cuestiones o contenidos respondiendo a políticas de democratización y mejoramiento de la calidad de la enseñanza”.


Casi treinta años después el CIN reafirma esta definición: la educación a distancia no solo es igual sino incluso mejor que las instancias presenciales. Este aparente dislate tiene por detrás todas las elaboraciones de los organismos imperialistas como la Ocde, el Banco Mundial y la Unesco. En otras palabras, la desvalorización de la educación de los jóvenes que se vuelcan al mercado de trabajo, la desvalorización del trabajo docente y la disminución de los costos de la Educación como parte del ajuste perpetuo del “gasto social” como en salud y jubilaciones.


Los gobiernos y los rectores asumen estas “definiciones” como política de Estado


Las autoras del informe hacen un racconto del avance de la educación a distancia con el soporte de los gobiernos y rectores: “RUEDA se convirtió en organismo consultor del CIN. Para el 2004 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promulgó la Resolución 1717/04 que regularizó la validez nacional de títulos de grado y posgrado desarrollados en modalidad a distancia. Entre 2015 y 2017, la RUEDA participó activamente de la reformulación de la resolución 1717/04 y se aprobó el documento sobre la opción pedagógica y didáctica de educación a distancia propuesto por el Consejo de Universidades. En la resolución surgida, la 2641/17, se estableció la formulación de los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia (SIED) y sus mecanismos de validación. En este camino, las universidades argentinas formalizaron en 2017 la elaboración de sus Sistemas Institucionales de Educación a Distancia (SIED), algunos más avanzados, otros en sus inicios, todos en construcción permanente, ya que son evaluados cada seis años”.


En esta larga cita se resume nuestra denuncia: sin el impulso, soporte político y material de los gobiernos kirchneristas y de Macri, estas políticas bancomundialistas no hubieran podido dar ni un paso. Sin la participación activa de los rectores de todas las orientaciones políticas y académicas, estas políticas no se hubieran podido implementar. Como vemos una vez más, la mentada autonomía universitaria se infla el pecho cuando se esgrime contra los estudiantes y los derechos laborales, a la salud y las jubilaciones de los trabajadores universitarios, pero se esfuma cuando aparecen los organismos del imperialismo y los gobiernos para dictar los contenidos que requiere el “mercado” y las modalidades educativas que reduzcan los costos y flexibilicen el trabajo.


La pandemia una oportunidad para que la virtualización dé un salto adelante


A través del documento, el CIN justifica la política de virtualización forzosa. El documento lo explicita en estos términos: “desde la RUEDA alentamos a que cada universidad, cada facultad, cada departamento y cada docente revise, repiense y redefina sus clases tomando en consideración el contexto, la situación y las características de la institución, sus profesores y sus estudiantes y que para eso pueda aprovechar todos los aportes que se realizan desde la enseñanza y desde la modalidad. En los casos en que desde los SIED se estén organizando sistemáticas propuestas, programas o proyectos formativos aprovecharlos. Cuando no los haya de modo centralizado o institucional, aprovechar los recursos y herramientas que otras universidades nacionales y organismos gubernamentales y no gubernamentales ofrecen”.


Impresionante: ¡virtualicen sí o sí! Y, si no hay recursos o posibilidades, ¡apelemos a organismos no gubernamentales! La privatización está planteada como una opción ya no lícita sino necesaria. Ni en 1958 con la discusión de “Laica o Libre”, ni 1995 con la Ley de Educación Superior que instaura los “fondos propios”, se atrevieron a tanto. Se ordena a “cada docente” sin mediaciones a recurrir al sector privado con tal de que la virtualización forzosa pase a como dé lugar.


El fracaso educativo está anunciado. Solo importa virtualizar


Conscientes de que 30 años de avances de la mercantilización, la privatización y la virtualización no alcanzan para “dar clases” a más de 1.500 millones de niños y jóvenes en el mundo ni para los 2 millones de estudiantes universitarios en el país, el CIN se cubre del fracaso anunciado de la virtualización forzosa.


Por ello, el documento señala “que no todo se puede virtualizar. Sin duda habrá contenidos, prácticas y propuestas que no pueden desarrollarse con mediación tecnológica. Desde nuestra perspectiva en cada institución serán casos a revisar y postergar hasta que se pueda volver a la presencialidad”. Las expertas del CIN tienen que admitir algunos de los argumentos de quienes cuestionamos esta política, pero solo para atacar la equidad e inclusión de los estudiantes en su modelo. Afirman que “no somos ingenuos y entendemos que para muchos va a ser difícil, no solo porque no cuenten con conexión a Internet o porque el celular disponible no alcance para participar en las actividades virtuales, sino porque la situación económica, social y de salud haga complejo el momento. Estaremos esperando a todos los estudiantes que no puedan o no quieran participar de la modalidad en el otro cuatrimestre. Pero queremos acompañar a todos los que sí puedan”.


Nuevamente impresionante. Desde 1918 y las dictaduras de Onganía y Videla no se ve un ataque tan claro y en regla al movimiento estudiantil. La virtualización forzosa solo podrá abarcar a una fracción de los estudiantes (¿ricos?) y que cursen determinadas carreras/asignaturas. El arancelamiento se impone de manera “virtual” (hábitat, conectividad, medios tecnológicos) y quien no pueda pagarlo se “cae en la educación pública” virtual, como decía Macri.


Y al final, las integrantes del Comité Ejecutivo de la Red de Educación a Distancia de Argentina del Consejo Interuniversitario Nacional deben concluir con resignación: “La posición mayoritaria de la RUEDA considera que si preguntamos sobre si aprender a enseñar a distancia es posible en unas semanas, la respuesta sería no”.


Para todo militante en defensa de una universidad pública, estatal, laica, gratuita y al servicio de la mayoría popular solo hay un programa posible.


No a la virtualización forzosa. Defendemos la presencialidad como forma de construcción colectiva del pensamiento, de la crítica del conocimiento y de una valorización de la educación; defendemos los derechos de los estudiantes al acceso y permanencia y los de los trabajadores a sus convenios colectivos y sus salarios.


En esta crisis sanitaria, humanitaria, social y económica se ponen al rojo vivo las contradicciones entre los que “mandan” en la educación y los intereses de la población. Los primeros profundizan los negocios y los mandatos del mercado y el imperialismo. Los centros de estudiantes y sindicatos independientes del Estado luchamos para que todos los recursos de la universidad se pongan al servicio de la mayoría popular.



 



 

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