El avance de la pandemia de Covid-19 profundizó la catástrofe económica y social en nuestro país. Esta nos golpea fuertemente a les estudiantes. La crisis económica y la falta de empleo empujan a la juventud a los puestos de mayor precarización, con salarios de miseria o a sufrir desocupación. En este contexto, la forzosa virtualización de la cursada se hace totalmente dificultosa para muchos, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con todos los recursos necesarios como herramientas tecnológicas y conectividad, generando así una alta deserción.

A la par que, producto de esto, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (Unaj) se profundizan las desigualdades de acceso a la cursada, las autoridades y el gobierno miran para otro lado y ofrecen migajas a les estudiantes y la juventud.

En este sentido se inscribe el lanzamiento, por parte de las autoridades de la universidad, de una beca de ayuda económica de $500 por mes. Además de que se trata de un monto irrisorio e insuficiente, sólo podrá acceder a esta un sector acotado del estudiantado. Los requisitos para la inscripción implican no ser beneficiario de los programas Progresar o Pronafe, y que la familia no perciba ingresos equivalente a al menos tres salarios mínimos por mes.

Sin embargo, incluso la beca Progresar, la cual está siendo denegada y demorada para enormes capas de estudiantes, ha sido congelada en tan solo $2.250.

Ninguna de estas becas es suficientes para sostener una cursada virtual en la cual les estudiantes necesitamos de herramientas de estudio, acceso a netbooks o tablets y conectividad. Esto deja en manos de las posibilidades económicas de cada estudiante su permanencia en la universidad. Frente a esto es que hemos presentado desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda un proyecto por la adjudicación irrestricta y la elevación a $10.000 de la beca Progresar. Como así también un proyecto para imponer un impuesto a las grandes riquezas del país, para financiar la salud y educación.

Por otra parte los $10.000 por familia del IFE, otorgados por el gobierno para quienes se encuentran en la informalidad o la desocupación, se han revelado a todas luces insuficientes. Se trata de una suma por demás escasa, porque queda claro que ninguna persona, y mucho menos una familia, puede vivir con esa suma, cuando la canasta familiar supera ampliamente los $40.000. Peor aún, entrando casi al cuarto mes después de su anuncio, recién ahora se está empezando a otorgar el pago de su segunda cuota y no todos los solicitantes fueron beneficiados.

Mientras que les estudiantes sufrimos esta realidad, el gobierno nacional ha extendido el presupuesto 2019. Es decir que se encuentra gobernando con el presupuesto nacional de Mauricio Macri, el cual ya se trataba de un ajuste, entre otras cosas, a la educación superior y que hoy quedó directamente pulverizado por la inflación.

Por su parte, el rector de la Unaj, Ernesto Villanueva, se mostró coincidente con las medidas de negociación de la deuda externa en una reunión de mayo con el ministro de Economía Martín Guzmán. Medidas que representan un mayor ajuste para la educación pública y el sometimiento al pago de una deuda externa ilegítima y fraudulenta. Las consecuencias de esto ya se ven en el congelamiento de las becas y que no haya un aumento presupuestario para garantizar la cursada virtual.

Este panorama deja a las claras la necesidad de que estudiantes, docentes y no docentes nos pongamos a la cabeza para defender el acceso a la universidad pública. Debemos organizarnos independientemente del Estado y las autoridades, cómplices de este ajuste, por un aumento inmediato de la beca Progresar y la beca de Ayuda Económica de la Unaj y por las herramientas necesarias para que ningún estudiante se quede afuera de la cursada, y el aumento del presupuesto educativo nacional.