Durante el receso de invierno, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Antonio Fernández, hombre de Urtubey que bien supo gobernar con CFK, emitió una resolución en la cual pretendía abolir la actividad de las fuerzas políticas dentro de la Universidad.

 

A través de la denuncia y la movilización, los estudiantes quebramos esta maniobra. La UJS tuvo un gran rol, y hemos dejado fuertemente planteada la necesidad de organizarnos de manera independiente de las camarillas y los partidos del régimen para derrotar el ajuste.

 

Con el argumento de “evitar una invasión de aparatos políticos”, Fernández pretendía prohibir cualquier actividad que no sea previamente autorizada por rectorado; prohibía el uso de aulas, equipos de sonido e incluso la interpelación de los militantes sobre cualquier miembro de la comunidad universitaria, justo en el momento en que el movimiento universitario tiene que discutir en profundidad con qué política enfrentar el brutal ajuste que los gobiernos nacional y provincial quieren descargar contra los trabajadores y estudiantes.

 

La medida pretendía reforzar el dominio político sobre la ciudadanía por parte de los aparatos de la burguesía. De fondo, la medida  implicaba el retroceso de un siglo en materia de libertades políticas en la Universidad Pública, respecto de las conquistas de la Reforma de 1918.

 

El gobierno nacional y las autoridades universitarias pretenden ir a fondo con las medidas de ajuste contra la educación. El avance privatista se desarrolla con el desguace de los contenidos de los títulos de grado y la amenaza de cierre de carreras. Quieren avanzar sin resistencia alguna, y una resolución de éste  tipo busca liquidar la organización estudiantil en lucha contra el ajuste en curso. 

 

Por la organización de la juventud para quebrar el ajuste

 

En 2016, Fernández creó la Coordinadora de Asuntos Estudiantiles (CAE), a cargo de una burócrata de Franja Morada, con el propósito de avanzar en una política de cooptación de los Centros de Estudiantes.  La movilización estudiantil y la caída de la resolución reaccionaria expresa un golpe a toda esta línea y desnuda a la burocracia estudiantil.

 

Advertimos también que las autoridades, hasta las que se reclaman para sí progresistas, dejaron abierta la posibilidad de avanzar en “regularizar la acción de propaganda política”. Desde la UJS y El Frente Estudiantil nos colocamos en el campo de la defensa de la educación pública y gratuita, con una política de independencia de los gobiernos que desde hace más de 30 años avanzan en su destrucción y de las autoridades universitarias, cómplices del avance privatista.

 

Oponemos al planteo antidemocrático del Rectorado la convocatoria a que la Universidad sea un gran escenario de deliberación; que convoque a debates de candidatos, que los estudiantes coloquemos todas nuestras reivindicaciones en este escenario y que discutamos con qué política enfrentar el ajuste.