La falta de respuestas de las autoridades para garantizar las condiciones materiales de cursado para todes les estudiantes, el no pago de becas de contraprestación y de ayuda económica demuestra que ya no se puede negar el ajuste que viene sufriendo la UNCo (Universidad Nacional del Comahue) durante todo el año.

Hace pocos días fue el mismo rector, Gustavo Crisafulli, quien salió a decir que hemos pasado de un ahogo a un estrangulamiento financiero y que no se llegarán a pagar los salarios y servicios en agosto y septiembre, por lo cual se ha pedido un salvataje al Ministerio de Educación de la nación de 100 millones de pesos. En simultáneo la secretaria académica de la UNCo anunció la extensión de la modalidad virtual para todo el ciclo lectivo 2020, volviendo las clases presenciales en el 2021 y sin plantear ninguna alternativa para quienes no han accedido a la virtualidad.

Para sustentar esta decisión, las autoridades señalan la realización de una encuesta donde aseguran que el 85% de les encuestades está conforme con la modalidad virtual. Sin embargo, no se brinda información de cómo se realizó esta encuesta, quién la realizó, ni a cuántos estudiantes abarcó, lo cual nos lleva a dudar de la veracidad de la misma y a su vez contrasta con la gran cantidad de reclamos que ha surgido desde que se implementó esta modalidad.

Las mismas autoridades presentan como un éxito el hecho de que el 75% de les alumnes asista a las clases virtuales, pero si vemos la matrícula de la UNCo esto significa que, por lo menos, 6.000 estudiantes se hayan quedado sin la posibilidad de seguir adelante con sus cursadas. Sumado a esto, también está el hecho de que la deserción sea de un 60% entre los ingresantes y que tan solo el 65% de las cátedras haya continuado con el dictado de su materia, algo que en parte se debe al desacuerdo con esta modalidad, pero que en mayor medida es porque les docentes sufren las mismas condiciones que les alumnes (falta de dispositivos y buena conectividad), resulta que el salario de nuestros docentes ha sido vapuleado por la inflación y para colmo el gobierno nacional les niega la cláusula gatillo que le arrancaron el año pasado al macrismo mediante paros, clases públicas, movilización y distintas medidas de fuerza. Nuestra universidad y el conjunto de las universidades nacionales se encuentra funcionando con la prórroga del presupuesto 2019, presupuesto redactado entre el FMI y Mauricio Macri, después de más de 50% de inflación.

El ajuste en educación es un patrón que se repite gobierno tras gobierno y la gestión de Alberto Fernández maneja la asignación del presupuesto universitario a dedo, ya que el Presupuesto 2020 que debería haber sido tratado en el Congreso Nacional ha quedado postergado y subordinado a la reestructuración y pago de la deuda.

Como se podrá apreciar, el verdadero triunfo que tanto festejan las autoridades es hacer pasar un brutal ajuste en la universidad, algo que se repite en las universidades nacionales a lo largo y ancho del país y en los demás niveles educativos (primario, secundario y terciario).

A su vez el anuncio de que se podrán rendir finales virtuales, priorizando los últimos años, deja aún más en evidencia las intenciones de avanzar con la virtualidad. Estos anuncios han sido apoyados por la Federación Universitaria, principalmente por la Cepa, agrupación directamente ligada a la gestión, que se ha borrado de la lucha política que implica la virtualidad y ha paralizado la acción y deliberación en los centros de estudiantes que ellos mismos conducen.

Es por todo esto que la situación amerita la discusión y deliberación en asambleas, y la lucha por un programa: aumento del presupuesto universitario, condiciones de regularidad, dispositivos digitales y servicios de internet gratuitos, aumento de las becas de ayuda económica, aumento del progresar a $10.000, pago retroactivo de les trabajadores de bares y fotocopiadoras y módulos alimentarios. Reivindicaciones que resultan elementales si se quiere seguir avanzando con esta modalidad y que no queden afuera más compañeres.

Por estos reclamos, desde la UJS, en conjunto con el Cehuma (centro de estudiantes), impulsamos un plan de lucha para garantizar nuestro derecho a estudiar. Esta pelea solo vendrá de la mano de la organización estudiantil, con una política independiente de las autoridades y de los gobiernos. Llamamos a los centros de estudiantes, agrupaciones de izquierda y estudiantes independientes a sumarse.