En el día de ayer se dio a conocer el llamado “Protocolo marco y lineamientos generales para el retorno a las actividades académicas presenciales en las universidades e institutos universitarios” del Ministerio de Educación de la Nación, el cual fue aprobado también por los rectores de los establecimientos universitarios públicos y privados. Y, como se esperaba, no dio ninguna respuesta ni definición en torno al regreso de las clases.

El protocolo es un papel en blanco en tanto no establece ninguna política real de protección de la comunidad educativa, sino que simplemente insta a que cada establecimiento defina su propio accionar de acuerdo a sus características particulares. Es decir, una lavada de cara de un ministerio que no ha hecho nada por la comunidad educativa durante la pandemia y que demuestra la improvisación con la que se trata y se han tratado las cursadas de millones de estudiantes y docentes a lo largo del primer cuatrimestre. Es que si algo quedó claro en estos últimos meses es que tanto las autoridades de las universidades como los funcionarios en materia de educación están muy alejados de la realidad y las necesidades de los estudiantes y docentes que día a día nos vemos forzados a transitar nuestra formación de manera virtual.

El documento continúa proponiendo un marco de clases presenciales y clases virtuales, pero no da ninguna solución a la deserción estudiantil ,que se profundiza constantemente producto de las políticas expulsivas llevadas adelante por las universidades e institutos y la falta de respuesta de los mismos, cuyas autoridades no han estado a la altura de las circunstancias ya que no han puesto a disposición ningún recurso material y/o económico para que los docentes y estudiantes sin acceso a elementos mínimos para la cursada virtual puedan continuar con las clases en el marco de la pandemia por Covid-19. Ejemplo de esto son las recientes declaraciones del secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, quien afirmó que “han logrado sostener el derecho a la educación pudiendo brindar un primer cuatrimestre en el que las y los jóvenes universitarios han accedido a clases virtuales” y que “garantizaron la calidad académica para 2.200.000 alumnas y alumnos”. La política del gobierno para enfrentar el problema de la deserción estudiantil es, claramente, hacer la vista gorda.

Por último, determina que deben desarrollarse “actividades de acondicionamiento básico y esencial para la reapertura de los establecimientos” y “proveer elementos de protección y limpieza”, junto con “acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas”. Sin embargo, no establece un presupuesto extraordinario destinado a esto y no da cuenta de la situación de la mayoría de los establecimientos universitarios: ahogados por la crisis económica y arrastrando un presupuesto aprobado por el gobierno de Macri en 2018. Se hace imposible creer que van a poder poner en pie estas cuestiones a tiempo y de manera correcta.

Las universidades e institutos sufren el abandono de años, que ha acompañado a cada uno de los gobiernos de turno y lo vemos reflejado en todos los aspectos de la vida educativa, desde las paritarias a la baja de los docentes, y la superexplotación de los mismos, hasta las condiciones de higiene en los baños, pasando por el colapso en las aulas y el avance en la privatización de nuestra formación. Desde siempre se ha desfinanciado a la educación para pagar la deuda externa, tema que hoy sigue más vigente que nunca, en vísperas del acuerdo de reestructuración que se espera en los próximos días.

Teniendo el protocolo en mente y conociendo la forma de operar de los funcionarios y autoridades de las universidades, queda por determinar entonces el rol que los estudiantes, docentes y no docentes tomaremos en torno a un eventual regreso a clases. Con independencia del gobierno y de todos los colores políticos ligados a las camarillas universitarias, contando con las experiencias de lucha del movimiento estudiantil y docente -como lo fue la rebelión universitaria de 2018- debemos darnos a la tarea de discutir y organizar nuestra próxima pelea: condiciones de higiene y elementos básicos de protección garantizados para toda la comunidad universitaria; defensa de las condiciones dignas de cursada y garantía de conectividad e internet para estudiantes y docentes, tanto para las clases virtuales actuales como para las futuras; aumento de la beca Progresar a 10 mil pesos y su asignación a todos los inscriptos. Para poder llevar adelante todo esto necesitamos aumento del presupuesto universitario, que los recursos económicos se pongan al servicio de las necesidades de la población y no bajo el monitoreo del FMI y los bonistas.