Políticas

30/7/2026

NEUQUÉN

Villa La Angostura: comunidades y organizaciones impulsan una agenda común contra la entrega de la tierra y los recursos naturales

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Reunión.

Comunidades mapuche, organizaciones sociales, familias víctimas de violencia institucional, artistas y activistas resolvieron un plan de acciones de cara al 6 de agosto, día en que el Senado debatirá el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" impulsado por el gobierno de Javier Milei. También reclamaron a la CTA, la CGT y al conjunto de las centrales sindicales un paro y movilización para enfrentar esta ofensiva.

La asamblea resolvió organizar una respuesta común frente al tratamiento en el Senado del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa que, según denuncian las organizaciones que participaron del encuentro, favorece la extranjerización de la tierra, amplía los negocios sobre los territorios, modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego y fortalece mecanismos de desalojo en beneficio de los grandes grupos económicos. Frente a este avance, las organizaciones llamaron a construir una amplia movilización para defender la tierra, los bosques y los recursos naturales.

Durante el debate se señaló que esta orientación forma parte de la política del gobierno de Javier Milei y que en Neuquén encuentra un aliado en Rolando Figueroa. La entrega de los recursos naturales, el avance del extractivismo, los negocios inmobiliarios y la criminalización de quienes defienden el territorio forman parte de una misma política que prioriza las ganancias de unos pocos por sobre las necesidades de las mayorías.

En Villa La Angostura esta discusión tiene una expresión concreta. Los conflictos territoriales que atraviesan las comunidades Paicil Antriao, Melo y Kinxikew (Quintriqueo) reflejan el avance de los intereses inmobiliarios y la judicialización de las comunidades mapuche. A esto se suman los incendios que durante el último verano arrasaron miles de hectáreas de bosque nativo. La falta de políticas de prevención, de recursos suficientes para combatir el fuego y la utilización de la emergencia para profundizar la estigmatización de las comunidades fueron parte de las críticas planteadas durante el encuentro.

Las y los participantes coincidieron en que la defensa de la tierra, el agua y los bosques no puede separarse de la lucha contra la violencia institucional y la represión. La persecución a las comunidades, los desalojos, la criminalización de la protesta y los casos de violencia institucional responden a una misma orientación política que busca garantizar el saqueo de nuestros bienes comunes y disciplinar a quienes enfrentan estas políticas.

Como resolución de la asamblea se impulsará un Festival Antirrepresivo el 1 de agosto, una jornada abierta de confección de carteles y banderas el 4 de agosto, y el 6 de agosto una conferencia de prensa a las 12:00 horas y una movilización desde las 18:00 bajo la consigna: "La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja".

Asimismo, la asamblea resolvió reclamar a la CTA, la CGT y al conjunto de las centrales sindicales y sindicatos estatales la convocatoria a un paro y movilización el 6 de agosto, entendiendo que un ataque de esta magnitud contra la tierra, los bienes naturales y las comunidades requiere una respuesta del conjunto del movimiento obrero.

Otro de los puntos abordados fue el rechazo al proyecto de ley sobre "Falsas Denuncias", cuya presentación también está prevista para el 6 de agosto. Las organizaciones advirtieron que este tipo de iniciativas puede transformarse en una herramienta para desalentar las denuncias de víctimas de violencia y reforzar la persecución y el disciplinamiento de quienes enfrentan abusos de poder, violencia institucional y otras vulneraciones de derechos.

La convocatoria es a fortalecer la unidad entre comunidades mapuche, organizaciones sociales, sindicales, ambientales, organismos de derechos humanos, artistas y el conjunto de la población para enfrentar la entrega de la tierra y los recursos naturales, la persecución a las comunidades, la criminalización de la protesta social y toda forma de violencia institucional.

El 6 de agosto tiene que convertirse en una gran jornada de lucha en defensa del territorio, los bienes comunes y las libertades democráticas.

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