Ambiente
18/12/2025
18 de diciembre: Córdoba de saqueo y criminalización
Comenzó el primer juicio penal contra defensores ambientales en la provincia de Córdoba
Comenzó juicio a defensores ambientales.
El 18 de diciembre en Córdoba fue escenario de una serie de acciones de lucha que, aunque se desplegaron en distintos territorios y con protagonistas diversos, responden a una misma matriz política: el proyecto de ajuste, saqueo y disciplinamiento social que impulsan tanto el gobierno nacional como el provincial. No hay grieta posible cuando se trata de garantizar los negocios del capital: Llaryora es Milei, Milei es Llaryora.
La jornada comenzó temprano en Cruz del Eje, donde debían comparecer ante la justicia los seis imputados de Punilla, en una causa iniciada en 2022 por el entonces intendente de Cosquín, Gabriel Musso. Es un hecho histórico y gravísimo: el primer juicio penal contra defensores ambientales en la provincia de Córdoba. No se juzga un delito, se juzga la organización, la resistencia y la defensa del territorio frente al avance extractivista. La criminalización de quienes defienden el monte y el agua es una advertencia directa a todo el movimiento socioambiental.
Mientras tanto, en la capital provincial, con el correr de las horas, los trabajadores estatales salieron a las calles frente a un nuevo intento de saqueo salarial. El “pituquito” local vuelve a poner en la mira la caja previsional y el APROSS, convertidas en botín para sostener un esquema de ajuste permanente. Son las cajas del extractivismo de la sangre obrera, vaciadas para garantizar privilegios empresariales y negocios privados mientras se condena a la miseria a jubilados y trabajadores activos.
Al mediodía, otra escena de la misma película: los vecinos organizados del Parque de la Vida, en la ciudad de Córdoba, se presentaron ante el Concejo Deliberante para exigir lo que la política se niega sistemáticamente a cumplir. Reclamaron la creación de una reserva natural urbana que proteja uno de los pocos pulmones verdes que quedan, un proyecto presentado hace años y cajoneado por funcionarios que hablan de “sostenibilidad” mientras habilitan el desmonte y la especulación inmobiliaria.
Quienes pretendan ver estas luchas como hechos aislados, se equivocan o mienten deliberadamente. En cada una se expresa con claridad la orientación extrema de los capitalistas que gobiernan. Criminalizar la protesta, desarticular la organización popular y vaciar de contenido la participación colectiva son pilares del nuevo orden que buscan imponer empresarios, multinacionales, burocracias sindicales y partidos patronales.
La avalancha de reformas regresivas que Milei impulsa por decreto, veto o vía parlamentaria encuentra su correlato inmediato en las provincias, donde se desconocen las necesidades reales de quienes habitamos los barrios, las escuelas, los montes y los territorios. El federalismo del ajuste no es más que una descentralización de la miseria.
En un año políticamente escandaloso, donde los procesos electorales dejaron al desnudo los compromisos de quienes se autoproclaman representantes del pueblo pero gobiernan para el gran capital, se vuelve urgente intervenir y combatir. La corrupción judicial estructural, que sostiene privilegios de clase y persigue a quienes luchan, es una de las expresiones más crudas de la decadencia cultural y política que intentan naturalizar.
La usurpación de los territorios, el veto sistemático de derechos conquistados y el ataque directo a la organización popular obligan a redoblar la apuesta. En las asambleas hay debate, intercambio, construcción colectiva de saberes populares y científicos. Allí donde el poder ve una amenaza, el pueblo construye futuro.
El 18 de diciembre no es una fecha más: es una postal del conflicto de fondo. De un lado, el régimen del capital y la barbarie. Del otro, quienes no están dispuestos a resignarse. Avancemos en el camino a la huelga general.
