Varias asambleas de comunidades afectadas por la minería de uranio y por la industria nuclear realizarán concentraciones y actividades artísticas a partir del sábado 23 de abril.

El sector nuclear tiene en el “debe” de la economía un tendal de pasivos ambientales y sociales. Existen una serie de minas cuya polución afecta a los pueblos, la flora, la fauna y las actividades productivas de varias localidades. Se trata de las minas ya improductivas de Sierra Pintada, Malargüe y Huemul (Mendoza), Los Gigantes (Córdoba), Pichiñan (Chubut), Tonco (Salta), La Estela (San Luis) y Los Colorados (La Rioja). Si bien ahora no se produce uranio, recientemente se han reactivado algunos proyectos mineros que tienen en estado de alerta a comunidades de Chubut, Jujuy y Catamarca.

Otro pasivo ambiental del sector es el que dejó la empresa productora de dióxido de uranio Dioxitek: dispuso miles de toneladas de residuos de baja radiactividad en un terreno sin impermeabilizar en medio de un barrio de Córdoba. Ahora se trasladó a Formosa y recibe la materia prima del exterior, que una vez transformada y envainada debe transitar hasta el Complejo Nuclear Atucha sito en Zárate.

Por su parte, el reactor nuclear de Embalse Río Tercero ha ocasionado contaminación con tritio (isótopo radiactivo del átomo de hidrógeno) como consecuencia de descargas rutinarias. Los valores medidos de tritio en bequerelios tanto en aguas superficiales como subterráneas exceden los referenciados en la bibliografía para prevenir consecuencias en la salud. Otro aspecto referido por el movimiento antinuclear MARA es el pasivo ambiental constituido por las barras de combustibles gastadas, que requieren almacenamientos blindados y confinados por cientos de años.

 

Si bien hay gobiernos que consideran que la energía nucleoeléctrica forma parte de la transición a energías renovables porque no genera gases de efecto invernadero, esto no es del todo cierto; si bien el combustible de los reactores no genera dióxido de carbono, sí genera vapor y otros gases. Además no puede hacerse un análisis sin tener en cuenta toda la huella de carbono de las distintas etapas del ciclo de combustible y la producción de insumos para la fabricación y la operación del reactor.

Desde el Movimiento Antinuclear Zárate-Campana también se refirieron a la posible instalación de la central nuclear Atucha III, que sería la tercera en la localidad de Lima y la cuarta en el país. El reactor Hualong One, que construiría la Corporación Nuclear China, ya ha sido rechazado en 2017 en Río Negro por la movilización popular que dio lugar a una ley que prohíbe la energía nuclear en toda la provincia.

Otro aspecto preocupante es que las variaciones del nivel del Río Paraná no se han tenido en cuenta a la hora de firmar un contrato para emplazar un tercer reactor en Lima, Zárate. Estas máquinas requieren grandes caudales de agua purificada para refrigerar el núcleo, y de hecho ante la bajante del río la Nasa (Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima) tuvo que realizar operaciones de dragado y diversas adaptaciones para evitar la parada de los dos reactores que funcionan actualmente. ¿Cómo impactará este fenómeno de sequía con otro reactor funcionando?

La organización ambiental Funam denunció penalmente al Director de la Nasa, José Luis Antúnez, por haber firmado un contrato con la Corporación Nuclear China en abierta violación a leyes argentinas. “El señor Antunez, y los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires que lo acompañaron en esa firma, han comprometido gravemente la seguridad de Argentina. No solamente aumentan la peligrosidad del complejo Atucha, sino que omiten explicarle a la sociedad que en caso del peor accidente posible, un reactor como el Hualong One chino puede afectar gravemente a las personas, y al ambiente, en un radio de 500 a 700 kilómetros”, agregó el demandante. Consta en el expediente aceptado por la fiscalía local que no se cumple con el artículo 41 de la Constitución Nacional, ni el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, y se violan las leyes nacionales 24.354 de inversión publica y 25.675 general del ambiente y la ley provincial 11.723.

Como si esto fuera poco, Nucleoeléctrica Argentina anunció que entre 2024 y 2026 iniciarán tareas para garantizar la extensión de vida útil de la central nuclear Atucha I, la más antigua de Sudamérica. Las obras requerirán una inversión de 450 millones de dólares, que será financiada por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En síntesis, el sector minero uranífero, las fábricas de elementos combustibles y otros insumos y finalmente las centrales nucleoeléctricas contaminan, son peligrosas y su aporte al parque eléctrico del país es mínimo. Por lo tanto, nos solidarizamos con las asambleas que el día 23 se movilizaran para oponerse a estos desarrollos.

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