En un breve tuit, Cancillería anunció el domingo por la noche que han “incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China (para la instalación de granjas industriales de cerdos) un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”. A confesión de partes, relevo de pruebas.

El gobierno confiesa, primero, que pensaba firmar el acuerdo de improviso, entre gallos y medianoche, sin ningún tipo de consulta popular, tal como denunciaron las organizaciones que se vienen movilizando contra el convenio. Segundo, que dicha firma se iba a realizar sin tener en cuenta ningún tipo de recaudo sobre “protección ambiental, recursos naturales y bioseguridad”, el cual ¡recién ahora va a incluirse!.

La confesión de intenciones del canciller Felipe Solá basta para caracterizar la política “ambiental” del gobierno. El convenio tiene el único objetivo de incrementar las exportaciones argentinas, sin tener en cuenta las consecuencias sanitarias y ambientales de esta forma de producción industrial de carnes. Esto, cuando en China la producción masiva en granjas porcinas llevó a la matanza de millones de cerdos por las enfermedades que se propagaron como producto de un ambiente insalubre, ya que los animales viven hacinados generando el caldo de cultivo de nuevos virus y deben sufrir incluso amputaciones y uso intensivo de fármacos para resistir a las condiciones de las granjas.

Es un método de producción que apunta solamente a una tasa de beneficio extraordinaria por medio de mecanismos de extremo sufrimiento para los cerdos, con gravísimas consecuencias para el ambiente y la salud de la población. Todo esto a Solá lo tenía (y lo tiene) sin cuidado, como demuestra el apuro en firmar el acuerdo sin tener en cuenta ningún tipo de cláusula referida a las condiciones de la explotación.

La maniobra de Cancillería fue desbaratada por la movilización y la denuncia de decenas de organizaciones ambientales, que se movilizaron a lo largo y a lo ancho del país el 25 de agosto. Ahora, anuncian que se incluirá “un artículo” respecto a la necesidad de respetar las leyes de protección ambiental y bioseguridad. Es evidente la búsqueda de una coartada, dado que las leyes no necesitan, en teoría, artículos en Memorándums para hacerse cumplir. La realidad es que dicho artículo busca encubrir que no se ha discutido en absoluto la modalidad de explotación ni el acuerdo, que las negociaciones son secretas, y que no existe ninguna previsión ni estudio respecto de los problemas sanitarios y ambientales de su implementación.

La explotación porcina viene a agravar la crisis ambiental nacional: propiciará la expansión de la frontera agraria, los desmontes y las quemas. Por eso corresponde rechazar el acuerdo y denunciar la orientación depredatoria contra el ambiente de la política exportadora del gobierno, cuyo único objetivo es recaudar divisas para el pago de la deuda externa y los negociados del complejo agroindustrial.