Tras la victoria popular que significó la sanción de la ley que prohíbe la salmonicultura en la provincia de Tierra del Fuego, el gobierno argentino pretende ahora avanzar en un acuerdo con la República Popular China para desarrollar la acuicultura (cultivo acuático). Como zanahoria, afirman que será cumpliendo las normas ambientales y que generaría a nuestro país ingresos anuales "por 1.800 millones de dólares" (Ámbito Financiero, 3/8).

Según datos de la FAO, en las últimas décadas el consumo mundial de peces proviene mayoritariamente de la acuicultura: un 54% de la producción, y el resto corresponde a la pesca tradicional. China se ha convertido en el mayor productor acuícola del planeta con 53 millones de toneladas por año. El coloso asiático también está escalando posiciones en la cada vez más concentrada industria salmonera en Chile, adquiriendo una de las grandes compañías del rubro.

La necesidad de la expansión china en la acuicultura está enmarcada en la guerra comercial con EEUU y en la búsqueda de nuevas plataformas para desplegar la actividad, en desmedro de los lugares que fueron explotados y quedaron inutilizados por la contaminación y la depredación de sus ecosistemas costeros. Chile, y en menor medida Noruega, son ejemplos cabales de las consecuencias de desastres ambientales, económicos y sociales.

Argentina es por ello un territorio codiciado para explorar. El repudio que realizara hace unas semanas el ministro de la Producción Matías Kulfas contra la prohibición de las salmoneras por la Legislatura fueguina fue una punta de lanza. La desesperación del gobierno de Alberto Fernández para la obtención de divisas no persigue el objetivo de encarar un desarrollo nacional sino acatar el mandato del FMI y someterse al pago de la deuda externa. A esto se agrega el intento de la instalación de las megagranjas porcinas, una bomba de tiempo sanitaria y ambiental. En estos convenios, además del canciller Felipe Sola, juega un rol clave el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; ambos son lobbistas de estos negociados sin importar los costos para el pueblo trabajador de nuestro país.

El cuento de que se va a impulsar una "acuicultura sustentable" no resiste el menor análisis. China utiliza los mismos métodos de producción que cuestionan las organizaciones y especialistas ambientales. La excusa de que con la acuicultura descomprimen la extracción en los mares se desmiente con que alimentan a los peces de cultivo con harina de pescado, que se fabrica con el remanente de especies de la sobrepesca ilegal y que incluye al propio Mar Argentino. La disputa de las potencias capitalistas por los mercados no permite optimizar estándares laborales y ecológicos; buscan asegurarse una mayor tasa de beneficio para desplazar a sus rivales y destruir la naturaleza.

La aplicación de la acuicultura, debe ser minuciosamente deliberada y planificada por los trabajadores, profesionales, técnicos y colectivos en defensa del ambiente. Es una actividad milenaria y que bien implementada puede redundar en enormes beneficios en materia biológica, farmacéutica y de repoblamiento de especies autóctonas, siempre y cuando esté fuera de la lógica del capital y en respeto del equilibrio natural.

Otra cuestión tiene que ver con el ingreso de dólares. Sin nacionalizar el comercio exterior y los puertos, reactivar la marina mercante y erradicar a las flotas pesqueras saqueadoras de nuestro mar, no será posible poner de pie al país, y las divisas financiarán el pago de la deuda y la fuga de capitales

En conclusión, una política pesquera y de acuicultura debe estar puesta en consideración de las organizaciones obreras, ambientales y expertos para elaborar un plan de manejo de estos recursos.

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