17/12/2021

Alberto Fernández, lobista de la zonificación minera para pagarle al FMI

Una política en pos del saqueo minero y la depredación ambiental para conseguir dólares.

Los recientes sucesos ocurridos en la provincia de Chubut, con la votación escandalosa de la zonificación minera y la pueblada chubutense en respuesta, ponen nuevamente de manifiesto las negociaciones y lobbies patronales, en conjunto con la orientación política entregadora y depredadora de los gobiernos capitalistas. Alberto Fernández ha intentado evadirse de responsabilidad en los momentos más tensos, sin embargo se ha mostrado como un aliado acérrimo de las mineras, con el pretexto del ingreso de dólares para pagarle al FMI.

Sin ir muy lejos, el propio Alberto Fernández ya se habría manifestado a favor de la aprobación de la zonificación minera en Chubut, a principios del 2021, cuando recibió al gobernador Mariano Arcioni y al diputado peronista Carlos Eliceche, ante quienes manifestó: “Me parece un excelente proyecto y que no entiendo cómo no lo trató aún la Legislatura”.

Esta orientación ya la habría adelantado en la campaña por las elecciones presidenciales, al referir que “la minería dejó de ser un riesgo para convertirse en una gran oportunidad para un país que además necesita producir, crecer y exportar”. Agregando un aditamento clave, que todo lo justifica para este gobierno: “Con la deuda que nos deja Macri, la minería tiene una gran oportunidad para hacernos con los dólares que necesitamos”… pagarle al FMI.

Romina Del Plá, diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, denunció en el Congreso de la Nación los subsidios a la minería, la zonificación minera en Chubut y la represión contra la población de la provincia que salió a rechazar esta imposición.

Un lobista minero en acción

Apenas asumido, Alberto Fernández refrendó sus palabras señalando que “en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata” (18/12/19). La designación de Hensel –renunciado recientemente para regresar a San Juan- como secretario de Minería de la Nación -un agente de la Barrick Gold- tampoco daba mucho lugar a la interpretación.

Dos meses después de que el gobierno le diera su apoyo explícito al gobernador Arcioni, Chubut estalló contra el intento de votar la zonificación minera y ante el cajoneo de la Iniciativa Popular 2020 para prohibir la megaminería en la provincia. Acosado por la movilización popular, Fernández declaró: “Conozco perfectamente bien las dos miradas que hay, pero no es un problema mío, lo deben resolver los chubutenses”. A mediados de año, Hensel volvería a la provincia a instar al gobernador Arcioni avanzar con el proyecto minero.

Para justificar su política, el gobierno viene articulando un discurso de “minería sustentable” y utiliza como modelo la experiencia de la provincia de San Juan, justamente donde el extractivismo minero tiene mayor penetración y ha dejado importantes secuelas ambientales. En su visita a la provincia, en agosto, Fernández “invitó” a la vecina provincia de La Rioja a “ayudar al desarrollo minero”, señalando que para acceder a las regalías de dicha actividad la provincia “debe revisar su política crítica a la minería”.

Cuando asumió, Alberto Fernández se reunió junto a su ministro Hensel y al gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, con los directivos de la canadiense Josemaría Resources del Grupo Lundin, la misma que acaba de anunciar la inversión de US$ 4.100 millones para la explotación de cobre, oro y plata en el norte de la provincia.

En Mendoza, Alberto Fernández fue un defensor de la reforma de la Ley 7.722. Su ministro Hensel actuó como lobista para impulsar el proyecto minero de San Jorge, para la extracción de minerales con sustancias tóxicas como el xantato… cómo acaba de aprobarse en Chubut. Esto fue enfrentado por la movilización popular y tuvieron que dar marcha atrás. Recientemente un fallo de la Corte volvió a allanarle el camino a las mineras.

Solo hace algunos días, en un acto en Tucumán, el presidente le pidió a los presentes que “piensen que la misma cordillera que ha convertido a Chile en el primer exportador de cobre del mundo, de este lado la Argentina no la ha explotado”. Y agregó que “la Secretaría de Minería tendría que estar en alguna provincia minera”, suponemos que para estar más cerca del control de las multinacionales extractivistas.

¿Quién se beneficia?

Quien dejó más en claro la orientación del gobierno fue el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, quien declaró en agosto que es imposible pagar la deuda sin contaminar. Es decir que el gobierno apura la penetración de las multinacionales mineras y la depredación ambiental para pagarle al FMI.

Cabe señalar que el proceso en cuestión es sumamente perjudicial para el país. Las regalías resultantes representan tan solo el 3% de lo extraído en boca de pozo, esto como techo debido al Acuerdo Federal Minero, y gozan de rebajas a las retenciones a las exportaciones, aún con precios internacionales bastante lucrativos. Mientras lo que prevalece en las provincias y ciudades afectadas es el saqueo de los bienes naturales, la contaminación y afectación del agua, el daño a la salud de la población y el deterioro de la producción regional.

San Juan, bajo la explotación de la Barrick Gold, y Catamarca, con La Alumbrera, son expresiones de una experiencia que ha dejado poblaciones empobrecidas y con un Daño ambiental irreparable. El gobierno aspira a reproducir estas condiciones, a gran escala, en Chubut, Mendoza, Santa Cruz y en el norte argentino, donde se encuentran las reservas de litio, tan demandadas por el capital internacional.

El avance de las mineras se encuentra intrínsecamente vinculado a la agenda del FMI y a la orientación política del gobierno nacional. Lejos de un proceso atomizado, provincia por provincia, el gobierno nacional es el primer impulsor de la entrega de los bienes naturales y del medio ambiente, como ellos mismo lo afirman, para pagar la usurera e ilegítima deuda externa. El camino para derrotar esta ofensiva es el recorrido por el pueblo mendocino, ni bien asumido el gobierno de Alberto Fernández, contra el extractivismo y la megaminería.

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