En su discurso de apertura del período de sesiones del Congreso, Alberto Fernández enfatizó en dos oportunidades un presunto compromiso de su gobierno con el cuidado del ambiente. Primero al referirse a proyectos de ley presentados o por presentar, como el de electromovilidad o de promoción de la producción de hidrógeno verde, y luego al destacar su participación en la COP 26 de la ONU, donde se firmó el llamado pacto climático de Glasgow. A la par, aseguró que el objetivo principal es multiplicar las exportaciones (sobre todo agroindustriales, mineras y petroleras), para recaudar las divisas necesarias para pagar la deuda. La impostura, cuando todavía humean amplias zonas de Corrientes y todo el noreste argentino, es una provocación a un movimiento que desde la misma asunción del Frente de Todos se plantó contra el saqueo y la depredación ambiental.

La magnitud de los incendios que devoraron centenares de miles de hectáreas, incluyendo la destrucción de humedales y zonas de emblemática biodiversidad como los Esteros del Iberá, e incluso de una enorme producción alimenticia, pusieron de manifiesto la incapacidad del gobierno nacional y de los provinciales de dar una respuesta. Esto cuando el cambio climático acarrea mayor frecuencia de las sequías, pero -al igual que un verano atrás en los bosques patagónicos- los brigadistas volvieron a evidenciar las precariedad en que combaten el fuego, fruto del ajuste presupuestario.

El avance de la frontera agrícola-ganadera a fuerza de quemas (Cabandié reconoció en el Senado que el 95% de los focos de incendios son intencionales) tampoco encuentra topes, por la orientación oficial de promover los agronegocios como fuente de divisas para pagar la deuda externa. El presidente se encargó de fijar en 100.000 millones el objetivo de exportaciones de este año, lo cual implicaría un salto extraordinario de casi el 30% respecto de 2021. Como la mitad de las ventas externas del país provienen del agro, las quemas de terratenientes y pooles de siembra prometen seguir causando estragos.

La primera conclusión, entonces, es que el gobierno que encabeza Alberto Fernández está incapacitado para preparar a la Argentina ante el impacto que plantea el calentamiento global en nuestras latitudes, en primer lugar por los recortes de presupuesto en áreas esenciales como manejo del fuego, control ambiental y zonas protegidas. La pérdida sistemática de bosques nativos y humedales es además una pésima contribución a la causa por mitigar la crisis climática mundial. La promesa de una nueva Ley de Bosques, cuando se incumple descaradamente con la que está vigente en cuanto a presupuesto, es apenas un taparrabos.

Estos pasivos ambientales son el colmo de un saqueo que no deja nada al país. Lo demuestra que tengamos un Banco Central sin reservas internacionales propias, cuando cerramos un primer bimestre de año con exportaciones récord, según informan las cámaras aceiteras y cerealeras. El parasitismo es mayor si consideramos que estas subas obedecen exclusivamente al alza de las commodities en el mercado mundial, ya que en volumen se registra un estancamiento crónico; el avance sobre nuevas tierras compensa la caída de los rindes de la cosecha por la desinversión capitalista.

Es notorio además que a la par que prometía reducir la emisión de gases de efecto invernadero reivindicaba la política de subsidios y exenciones impositivas para las petroleras. Entre los negocios hidrocarburíferos que cuentan con patrocinio oficial se halla el intento de avanzar en la instalación de plataformas petroleras offshore frente a la costa marplatense, resistida por el movimiento del Atlanticazo que sigue dando batalla.

Como sucede con los inéditos casos de las leyes promegaminería de Mendoza y Chubut en que la movilización popular obligó a dar marcha atrás a gobiernos y legislaturas, se trata de la promoción de exportación de materias primas a costa de grandes pasivos ambientales con impacto en la calidad de vida de la población y de las más importantes actividades productivas regionales. Alberto Fernández insistió otra vez en la necesidad de ofrecer incentivos para multiplicar las exportaciones mineras (compañías que ya pagan regalías irrisorias y bajísimas retenciones), lo cual debe entenderse como la señal de largada de una nueva ofensiva. La promesa de avanzar en la sustentabilidad del sector es una provocación, cuando reina la completa impunidad ante gravísimos casos de contaminación como el de la Barrick con la mina Veladero en Jáchal.

El mismo saqueo asoma detrás del interés de la australiana Fortescue en la producción de hidrógeno verde en Río Negro, que el discurso presidencial celebró como el gran paso hacia el desarrollo sostenible y anunció una ley a medida del negocio. Es que la empresa exige concesiones leoninas como una zona franca donde radicar un puerto propio, exención del IVA sobre inversión y un régimen de amortización acelerada, y fundamentalmente ser eximida del cepo cambiario para repatriar sus ganancias al dólar oficial. Sería un negocio con destino exclusivo de exportación, que consumiría ingentes cantidades de agua y no colaboraría un ápice en una transición de la matriz energética nacional.

Lo mismo vale para la muletilla oficial acerca de promover la electromovilidad, a tal punto que viene de comunicarse que la firma canadiense Daymak producirá autos eléctricos de alta gama en Córdoba, cuyo precio será prohibitivo y solo apunta a venderse en Norteamérica y Europa. Sería una nueva armaduría con mayoría de componentes extranjeros, sin desarrollo significativo de la cadena de valor local y por lo tanto refleja la única pretensión de la automotriz de explotar la mano de obra barata de Argentina. Son las inversiones que pretende captar el gobierno festejando la reforma laboral en la que hizo punta Toyota el año pasado.

Como sentenció en su cuenta de Twitter la diputada de izquierda Romina Del Plá, “el único ‘desarrollo verde’ que le importa al gobierno es generar dólares para el FMI”. Este saqueo colonial retrata también el propio contenido de las cumbres climáticas de la ONU que tanto enaltece Alberto Fernández, dominadas por el imperialismo y cruzadas por las disputas comerciales a gran escala entre las potencias y sus respectivos capitales. Por eso son una vía muerta para contener el calentamiento global, pero fructífera para el lobby de grandes empresas y el remate de las riquezas de las naciones oprimidas.

El movimiento que lucha en defensa del ambiente y el pueblo trabajador en general tienen el desafío de quebrar esta nueva entrega nacional.