Entre las versiones periodísticas acerca del estado incipiente del emprendimiento para producir hidrógeno verde en Río Negro, anunciado con bombos y platillos por Alberto Fernández desde Glasgow, trascendieron algunas condiciones que pone la minera australiana Fortescue para ponerlo en marcha. El carácter leonino de la concesiones, que implican un trato preferencial en materia impositiva y de acceso a dólares, rememora a aquel acuerdo secreto firmado entre YPF y Chevron durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

Desde que el presidente y la comitiva que lo acompañó a la cumbre climática de la ONU en esa ciudad escocesa celebraron la que sería “la mayor inversión extranjera de la historia reciente” en el país, ha quedado en evidencia que el proyecto todavía está en gestación: Fortescue no realizó comunicación alguna al respecto a sus accionistas en Australia ni a la bolsa de comercio, como tampoco a las de Londres ni Buenos Aires. “El plan final de inversión aún no está definido”, declaró el secretario general de Gobierno de Río Negro, Daniel Sanguinetti, para agregar luego que “la empresa nos planteó que buscan tener un tratamiento especial” (Diario Río Negro, 6/11).

Es que además de los estudios previos de factibilidad que aún deben realizarse, las exigencias de la multinacional no son menores, aunque algunas ya estaría contempladas en el convenio firmado por Fortescue con los gobiernos nacional y rionegrino a fines de agosto, del cual los sitios oficiales no dan detalle alguno.

Como dejó trascender la gobernadora Arabela Carreras, se contempla la construcción de un puerto privado en Sierra Grande para que la empresa despache desde allí hacia el exterior las toneladas de amoníaco producido con el hidrógeno -recordemos que es un proyecto con exclusivos fines de exportación-, en función de lo que el gobierno provincial cedería un predio de 634 hectáreas con tres kilómetros de costa marítima. Ello, con la perspectiva de convertirlo en una zona franca para eximirla de distintos impuestos.

Sin embargo, la firma australiana pretendería consagrar además todo un régimen de concesiones tributarias a largo plazo, definido en un ley de promoción de hidrógeno verde. Entre los aspectos más destacados reclaman la devolución íntegra del IVA sobre las inversiones y la eximición completa de retenciones a la exportación. A esta trama de beneficios se agregaría otro crucial, y muy caro al gobierno, referido a la posibilidad de eludir el cepo y poder acceder al mercado oficial de cambio para remitir sus ganancias al extranjero sin tener que pagar el alto precio de las cotizaciones paralelas del dólar.

Este blindaje que demanda Fortescue ha sido asociado, claro, al pacto confidencial que el entonces gobierno de Cristina y su ministro Axel Kicillof sellaron en 2013 con la petrolera yanqui Chevron para dar inicio a la explotación de Vaca Muerta. Hoy es evidente que las petroleras han obtenido grandes beneficios de la extracción de hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina -incluido el embolso de miles de millones de dólares en subsidios- sin resolver el déficit energético del país, porque las compañías retacean las inversiones conforme el devenir de la crisis y la posibilidad de imponer nuevas concesiones -especialmente en materia de flexibilidad laboral. Este caso testigo anticipa que probablemente dentro del “trato especial” a la minera australiana sea algún convenio laboral específico a medida de la patronal.

Ya el titular de la energética estatal Ieasa había declarado que el desarrollo de las energías renovables en el país iba a requerir un esquema similar al que dio el puntapié inicial de Vaca Muerta. Se refirió en abstracto a la necesidad de una intervención estatal en los primeros pasos, pero lo cierto es que la misma estuvo al servicio de garantizar una renta extraordinaria a las empresas.

Actualmente el marco de lo que exige Fortescue cuenta a su favor con la presentación de los proyectos oficiales de ley de promoción de las industrias de hidrocarburos y de los agronegocios, que ya contemplan regímenes de beneficios impositivos, y del plan minero que apuesta a multiplicar por diez las exportaciones de minerales en los próximos años (cuya presentación fue pospuesta para después de las elecciones, a sabiendas de los conflictos sociales que involucra). La propia minera australiana se beneficiaría de este último, ya que ha desembarcado en la extracción en oro y cobre en San Juan en los proyectos Río Salinas y Rincones de Araya.

En el caso de las petroleras incluso contarán con cierta flexibilización del cepo cambiario. Pero sigue siendo un punto delicado porque el acuerdo que se busca con el FMI implica garantizar, como sucede ahora, que los dólares estarán disponibles para cumplir con los vencimientos de deuda, y las reservas netas del Banco Central están ingresando una vez más en terreno negativo -en un año récord de liquidación de divisas por los altos precios de la soja y demás exportaciones. Estas contradicciones son propias de una política que perpetúa el saqueo de las riquezas del país y la inserción semicolonial de Argentina en el mercado mundial.

La producción de hidrógeno verde se inscribe en este rumbo, dominado por el rescate de la deuda externa y la intención de ofrecer garantías de repago al Fondo. Por eso no traerá aparejado desarrollo alguno sino en el mejor de los casos una prueba piloto de otro gran negocio a costa de los recursos nacionales, con pasivos ambientales incluidos (especialmente por las ingentes cantidades de agua que demanda), cuyas ganancias son apropiadas por multinacionales que condicionan sus inversiones a la extracción de máximos beneficios.