En las últimas semanas, el gobierno nacional ha dado nuevamente claras muestras de sus intenciones con la provincia cuyana respecto al manejo de los recursos naturales.

El 25 de agosto, el secretario de Minería, Alberto Hensel, se reunió de manera online con miembros de la embajada británica y empresarios mineros de ese país, en donde incorporó a Mendoza entre las provincias con alto potencial de desarrollo minero en el país e incluyó proyectos como la extracción de oro y cobre en la mina San Jorge, proyecto que se encuentra detenido a causa de la ley provincial 7.722, una ley que prohíbe el uso de sustancias químicas peligrosas en la explotación minera y que significó el detenimiento total de los proyectos megamineros de extracción masiva.

Remarcó además que “hay una decisión política del presidente de la nación Doctor Alberto Fernández, donde ha expresado con total claridad que la minería se convierte en un factor primordial para sacar adelante al país”. Antes de finalizar, declaró que es necesario hacerlo de manera “ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente competitiva, productivamente integrada y con reglas claras de juego”. Aunque esas palabras contrastan con una realidad de enfrentamientos constantes con el movimiento ambiental de lado a lado del país. Además declaró que “el Plan Estratégico está finalizado y estamos a punto de presentarlo”, hablando de un plan a largo plazo que establecería los patrones y las normas para desarrollar la política minera en el país que supuestamente se iba a publicar en marzo pero que fue detenido tras las conflictividad con las poblaciones que rechazaron los métodos contaminantes en diferentes zonas del país.

Como un plus, Fernández declaró en una reciente reunión en San Juan que debía reverse la legislación en materia ambiental para posibilitar el desarrollo minero en la región.

Por su parte, la oposición al gobierno nacional, Cambia Mendoza, que gobierna la provincia, manifestó en las vísperas de campaña que también comparten estas intenciones en la boca del gobernador Rodolfo Suárez, que dijo en la televisión que “tenemos muchas oportunidades para generar crecimiento, empleo genuino y que la gente viva mejor. Una era la minería”.

Intenciones a sabiendas compartidas, ya que a finales de 2019 coincidieron ambos bloques en un apoyo a la modificación de la ley 7.722, generando un levantamiento en toda la provincia que puso en vilo al gobierno de Suárez y que obligó a restablecer la histórica ley del agua.

Por su parte, el Consejo Económico, Ambiental y Social de Suárez manifestó esta semana la necesidad de reabrir el debate sobre la minería en la provincia. Un consejo consultivo harto cooptado al que numerosas organizaciones clamaron por entrar el año pasado y que ahora manifiesta su carácter reaccionario y antipopular. Dice: “habiendo analizado y discutido los proyectos presentados y teniendo en cuenta el desarrollo de cada proyecto, el consenso alcanzado y su rol transformador de la economía mendocina, la comisión de crecimiento económico del CEAS manifiesta la necesidad de fomentar distintas actividades económicas”. Así hace mención directa al departamento de Malargüe, cuyo intendente intercede en función de la promoción minera y razón por la cual se busca una sectorización de la ley 7.722  diciendo que “para la efectiva implementación del resultado de este debate se tomará en especial consideración los departamentos que, como el caso de Malargüe, muestren una clara aceptación hacia la necesidad de contar en sus territorios con esta actividad”.

Estos elementos desplegados en estas últimas semanas revelan que el resultado de las elecciones que se acercan serán un cupón decisivo en la política ambiental de la provincia y el país. Con un gobierno desesperado en la adquisición de divisas para el pago de la deuda, la extracción masiva de recursos es una política que buscará necesariamente desarrollarse a fondo y masivamente en el próximo periodo.

Enfrentemos a los saqueadores

Es urgente y necesario poner en pie nuevamente a las asambleas ambientales nucleadas de lado a lado de la provincia, llamando la atención acerca de las intenciones anti ambientales de los partidos del régimen, que incluso tienen la osadía de presentarse como defensores del medio ambiente en asambleas y actos aún cuando avanzan en sus políticas.

En esa línea, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero en particular mantienen una clara línea en defensa del ambiente y lucha contra la megaminería y la depredación ambiental capitalista.

Es importante remarcar ese compromiso que fuera ejecutado por nuestros compañeros que formularon proyectos en esa línea, como Soledad Sosa, que presentó un proyecto que buscaba aplicar la ley provincial 7.722 a todo el país.

Más allá de su función legislativa, es la política de nuestra organización la defensa del medio ambiente a través de la lucha y la organización popular y colectiva y también debe ser un planteo que aglutine nuevamente a todo el movimiento ambiental en la línea de la defensa irrestricta del ambiente.

El advenimiento de las próximas elecciones, además, plantea la importancia de votar al Frente de Izquierda en la provincia de Mendoza, para dar por tierra con las intenciones de los partidos que responden a los intereses del gran capital y no dudan en poner en riesgo la calidad de vida de la población y el ecosistema a cambio de billetes. Demos el mensaje nuevamente: el agua vale más que el oro.