Desde la jornada nacional de lucha que se desarrolló en el Día Mundial por el Agua, el 22 de marzo, la asamblea El Algarrobo ha decidido comenzar una serie de cortes selectivos e informativos en los caminos comuneros que unen este distrito potrero con la cabecera del departamento de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, para combatir el avance ilegal de la minera Yamaha Gold para explotar el yacimiento Agua Rica.

Es una lucha popular que lleva ya 11 años, desde aquella pueblada andalgalense del 15 de febrero de 2010. Es además una continuidad de la resistencia al saqueo llevado a delante durante 25 años por el emprendimiento Bajo La Alumbrera.

El detonante de los cortes

Durante la últimos meses la actividad minera se ha intensificado en la provincia, y en particular en este departamento. Incluso durante la fase más estricta del aislamiento social establecido por la pandemia las empresas siguieron trabajando libremente, lo que les permitió avanzar en la instalación del emprendimiento. “Es común ver a las camionetas de los mineros subir por el camino de potrero a la madrugada, se van a Agua Rica”, denuncia uno de los vecinos. Con el aval del gobierno provincial, fueron realizadas 11 perforaciones dentro del yacimiento -lo que implica un daño ambiental de envergadura.

Estas avances en el proyecto minero Agua Rica son ilegales, ya que está vigente la ordenanza 029/16 que prohíbe la instalación de yacimientos mineros a cielo abierto en las cuencas del Rio Andalgalá (la Corte de Justicia provincial la declaró inconstitucional, pero el fallo fue apelado). Además. la empresa utiliza los caminos comuneros para trasladarse, violando las normativas vigentes.

Menos aún cuenta con licencia social, porque los trabajadores andalgalenses son conscientes de que el nuevo emprendimiento minero llevará al mismo derrotero social, económico y ambiental que dejó la experiencia de Bajo La Alumbrera.

Los cómplices del saqueo y la contaminación

Las política económica del gobierno de Alberto Fernández promueve el avance megaminero en todo el país, como garantía del pago de la deuda externa. La última visita del presidente a la provincia fue para promocionar la minería de litio y metalífera. El gobernador Raúl Jalil mantiene una continuidad con la gestión de Lucia Corpacci, en su política de entrega de los recursos naturales a las corporaciones mineras.

La oposición patronal colabora con esta orientación. Lo muestra la gestión del exintendente de Andalgalá, Alejandro Pae (que ganó de la mano del MST-Proyecto Sur y hoy preside el bloque de Cambiemos en la Legislatura) y la del actual jefe comunal Eduardo Córdoba (también de Cambiemos), que con su política de convivencia con las mineras. Los vecinos de Andalgalá también denuncian a la ONG “Eco-Conciencia” de Rodolfo Tarraubella (subvencionada por la ONU), un agente de las mineras que desarrolla una línea de cooptación de activistas y es cómplice gubernamental y empresarial.

La resistencia organizada desde la asamblea

La lucha contra el saqueo y la contaminación que produce la megaminería está por eso en manos de los trabajadores de los pueblos afectados, los que mediante asambleas, movilizaciones y piquetes han podido detener el avance depredador en Andalgalá.

Este nuevo plan de lucha votado en la asamblea El Algarrobo es acompañado por expresiones de solidaridad popular de todo tipo, entre la que se destaca la visita del folclorista Rali Barrionuevo y muchos otros artistas, además de asambleas de todo el país. El corte contra Agua Rica en Andalgalá se suma a la resistencia nacional contra la megaminería, como la del pueblo de Chubut.