En las últimas semanas la empresa megaminera Yamana Gold, intentando avanzar en el emprendimiento “Mara Agua Rica”, realizó actos ilegales y una provocación al pueblo de Andalgalá que desde hace años plantea la inviabilidad de esta mina. Las provocaciones de la empresa encontraron la indignación del pueblo con una gran movilización y la quema de sus oficinas.

La empresa está violando la ordenanza municipal 029/16 (así como otras normas vigentes) que prohíbe la minería en las cuencas del río Andalgalá, realizando trabajos en el campamento y durante esta semana subiendo maquinaria para perforaciones en la montaña. Todas estas medidas fueron avaladas por el gobierno provincial de Raúl Jalil que siguiendo la línea de Alberto Fernández dio cobertura a la empresa mediante la militarización del Departamento, el pretexto fue el incremento de los casos de Covid-19 en el pueblo. El respaldo del gobierno no vino para brindar más recursos en salud, ni mayor asistencia social, solo vino para reforzar las fuerzas policiales encargadas de restringir la circulación. Esto generó que se multiplicaran las denuncias por abusos policiales en el Departamento durante estos días, los videos que circulan en redes sociales muestran escuadrones de policías motorizados con armas largas en cacería por las calles de la ciudad.

Las medidas contra las mineras se agudizaron

Desde el 22 de marzo la Asamblea El Algarrobo retomó los cortes selectivos e informativos en los caminos de Chaquiago-Potrero y Chaquiago-Choya, mientras estos se llevaban adelante los asambleístas advertían que la empresa realizaba otra provocación: la subida de los camiones, violando la ordenanza municipal, la ley de glaciares (ya que el emprendimiento está en zona periglaciar) y otras leyes. La población de Andalgalá profundizó las medidas con sentadas en las puertas de las oficinas de la empresa, además de marchas en la ciudad capital y pronunciamientos de todo tipo en solidaridad con el reclamo.

Los antecedentes

El pueblo de Andalgalá posee una larga historia en la denuncia y la resistencia de la megaminería.

En la etapa del emprendimiento Bajo La Alumbrera, las denuncias realizadas eran de todo tipo, algunas de ellas son la ruptura del mineraloducto que derramó concentrados tóxicos en los campos locales, la contaminación del río Vis Vis por la filtración del dique de colas obligando a varias familias a abandonar sus tierras. Como también las constantes denuncias por la falta de mano de obra local que el emprendimiento empleaba, la denuncia de corrupción de toda índole dejando al exintendente Eduardo Perea procesado por malversación de fondos, la denuncia por la nula realización de infraestructuras básicas durante 20 años de explotación de Alumbrera. Como se ve Alumbrera fue la experiencia que permitió sacar la conclusión de que la megaminería es inviable en el territorio de Andalgalá.

El 15 de febrero del 2010, la experiencia acumulada jugo un papel decisivo para resistir la instalación del emprendimiento megaminero Agua Rica que se intentó imponer con represión. Mediante un megaoperativo policial, sitiando la ciudad, cortando la comunicaciones y reprimiendo durante 12 horas, la resistencia de los trabajadores andalgalenses hizo retroceder a la intentona de imponer el emprendimiento Agua Rica.

Una conclusión

La lucha de los pueblos en contra de la instalación de la megaminería en su territorio está enfrentada a una política decidida del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de dar rienda suelta a la contaminación ambiental y expoliación de nuestros recursos por parte de las corporaciones mineras. Las avanzadas mineras encontraran la resistencia popular. Las reservas de lucha en defensa de los recursos naturales siguen más vigentes que nunca.

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